Javier Madrazo Lavín | «Los países los gobiernan las finanzas internacionales. El poder real es económico, no político; entonces no tiene sentido hablar de democracia». Se podrá decir más alto, pero resulta imposible decirlo más claro. El escritor portugués y premio Nobel, José Saramago, pronunció estas palabras años antes de que la ciudadanía tomara plena conciencia del control que ejercen sobre los países organizaciones como el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que son quienes realmente dirigen el rumbo de los países y de quienes vivimos en ellos, como hemos podido comprobar una vez más en Grecia…

Son muchas las voces que sostienen que las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza son en la actualidad similares a las que se registraron en el periodo entreguerras en el siglo XX.

Los datos hablan por sí solos. En el Estado español más de once millones y medio de personas, el 25 por ciento de la población, se encuentra en riesgo cierto de pobreza y exclusión. Estas cifras, que esconden graves tragedias humanas, ponen en evidencia los abusos y la injusticia de un sistema que se presenta como democrático, pero en realidad es una dictadura económica, en la que se impone siempre la voluntad del capital sobre la soberanía popular.

Quienes controlan el dinero controlan el poder. Sus decisiones son órdenes, en la mayoría de los casos, para quienes nos gobiernan; y nuestros votos se convierten en papel mojado, como ocurre con los programas con que los partidos políticos se presentan a las elecciones.

Como acertadamente plantea Vicenç Navarro la desigualdad económica no estimula el crecimiento económico sino una concentración, cada vez más acusada, de las rentas del capital en detrimento de las rentas del trabajo. Y ello afecta negativamente a la capacidad redistributiva del Estado. Hay una clara relación entre desigualdad de renta y propiedad de un país, y la calidad democrática del mismo. El corolario es claro: a mayor desigualdad menor calidad democrática.

Dentro de la OCDE (los países más ricos) España y EE.UU. se encuentran a la cabeza de la desigualdad, siendo a su vez (no es casual) los países donde la calidad democrática es más baja. Donde el peso de la clase capitalista es mayor, el control que esta élite ejerce sobre el poder político y mediático también es mayor. Por eso es imposible mejorar el sistema democrático si no se redistribuyen las rentas y la propiedad de forma más justa y equitativa.

Es urgente, en este contexto, que la ciudadanía recupere su compromiso, y con él, recupere también los principios democráticos, que nos están siendo arrebatados. El espíritu del 15-M es el suelo sobre el que se puede y se debe consolidar una revolución democrática, que nos permita desalojar del poder político a quienes se han entregado al depredador poder financiero.

Hay alternativas. Si queremos reconquistar la democracia en la que creemos, hemos de empezar por reconquistar nuestra capacidad de lucha, movilización y unidad popular. Sumar para ganar. Este es el reto. Está en juego nuestro futuro. No hay democracia real sin igualdad real.

Tenemos a nuestro favor la conciencia social y la convicción de que somos agentes activos y no pasivos de lo que nos ocurre. Nunca desde la transición ha sucedido esto con tanta claridad. La gestión irracional de la llamada crisis por parte del gobierno del Partido Popular ha estimulado el interés por la política, y este es un hecho enormemente positivo. Hemos despertado y ahora será más difícil engañarnos.