Las personas de los denominados barrios ignorados están viendo como su desesperada situación se está agravando, entre otras razones, por el olvido de las administraciones que no están teniendo en cuenta su especial situación de partida, previa a la crisis de la COVID-19, según denuncia la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.

“Numerosas personas que trabajan en la economía informal (empleadas de hogar, cuidados…), porque no pueden hacerlo en la formal, no van a ser despedidas, ni acogidas a un ERTE, ni van a recibir desempleo, ni nada. Solo van a dejar de trabajar y de cobrar. Limpian una casa y cobran, no la limpian no cobran. Recogen chatarra y la venden, no recogen no venden. Tienen contrato a media jornada, pero trabajan 12 horas ¿qué ayuda van a recibir?”, dice su comunicado. También señalan la situación de quienes se ganan la vida en la venta ambulante, “muchas personas y familias viven de la venta ambulante en mercadillos o de pequeños negocios, algunas reguladas, otras no.

También este colectivo se ha visto privado de su actividad y de los ingresos que obtienen”. Especialmente duro está siendo para los menores la situación de confinamiento, ya que “se han quedado sin comedor, sin acceso a clase,  no tienen disponibles las tecnologías necesarias para estar “conectados” con el colegio”.

Las administraciones que tradicionalmente se han olvidado de esta sector de la población no han tenido suficientemente en cuenta las especiales circunstancias en las que están obligados a vivir, ni han reforzado los recursos humanos y materiales necesarios para aliviar su situación.

“Los Servicios Sociales Comunitarios han reducido la atención al púbico y recomiendan hacerlo por vía digital o telefónica. Esta decisión condena a muchas personas y familias a no poder pedir lo que necesitan, precisamente cuando más falta les hace. Hace falta más recursos y nuevas formas de llegar a los más vulnerables”, se puede leer.

Esta realidad de gran sufrimiento contrasta con las declaraciones oficiales. “Esta falta de recursos y de manera de trabajar entra en contraste con la movilización de ingentes recursos económicos que está haciendo el gobierno de España y de Andalucía, pone de manifiesto que dinero hay, que cuando se quiere se puede. Se nos dice que se está pensando en las personas”.

Por todo ello, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados exige que “entre las personas y familias rescatadas estén también las nuestras, las que han sido excluidas de la vida económica y social. Deben ser atendidas por las decisiones políticas”, dado que “hay numerosas familias sin ninguna renta, sin alimentos, sin acceso al colegio, y condenados al paro por mucho tiempo”. Es hora, en su opinión, de que se empiecen a diseñar políticas, y no recomendaciones.

Desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados -que viene reclamando desde hace tiempo la atención a cuatro ámbito de necesidades básicas, como son la alimentación diaria, la percepción de una renta de corresponsabilidad, el empleo-formación y medidas contra el fracaso y el abandono escolar-, advierte que “hoy es más URGENTE que nunca atender a estas peticiones a medio plazo para que una vez que pase este periodo de confinamiento las familias más vulnerables no vuelvan a ser las gran ignoradas”.

El comunicado también recoge un destacado “agradecimiento a tantas y tantas personas que en estos difíciles momentos están poniendo todo su saber y buen hacer a disposición de toda la sociedad”.

Insuficiencias en la Renta Mínima de Inserción Social andaluza

Entre las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para aliviar las dificultades materiales derivadas de la emergencia sanitaria se contempla la resolución acelerada de la Renta Mínima a través de un procedimiento extraordinario a tres grupos de solicitantes: las personas ya incluidas, junto con quienes pidan incorporarse a este colectivo, en la modalidad de urgencia o emergencia social, siempre que cumplan los requisitos fijados y certificados mediante informe social correspondientes; quienes consigan presentar una nueva solicitud, o pidan su ampliación o renovación; y quienes figuren en expedientes a punto de vencer.

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados considera que la medida “deja en al deja en la cuneta a muchas personas y familias que verdaderamente lo necesitan” y advierte de las dificultades para que los expedientes puedan ser presentados, dado el colapso telefónico también de los Servicios Sociales, sin actividad presencial. También ha mostrado su preocupación por el reconocimiento de la propia Junta de Andalucía de la necesidad de clarificar el decreto aprobado, lo que agrava la incertidumbre de quién tendrá o no que devolver la ayuda.

La asociación ha identificado al menos varios colectivos excluidos de esta cobertura, donde se encuentran la mayoría de las familias que en estos momentos son más vulnerables: el conjunto de familias que ya han solicitado la Renta y llevan más de 10 meses esperando la tramitación de su expediente y que se quedan fuera de este procedimiento de urgencia; y las familias que presenten en estos momentos nueva solicitud y que no estén en los casos que recoge el procedimiento extraordinario.

Hay que tener en cuenta que la Red Andaluza contra la pobreza y la exclusión social existen más de 3,2 millones de personas residentes en Andalucía en riesgo de pobreza o exclusión social o que Save the Children ,en el año 2018, estimó que había 247.338 familias en circunstancias para poder acceder a la renta mínima, mientras que la Junta ha cifrado en 5.000 las familias a las que se dirige su decisión.

Si bien es de valorar que se quiera agilizar la recepción de la ayuda, lo que debería ser la norma habitual, más allá del estado de alarma, no parece que se estén movilizando los recursos disponibles para atender realmente las carencias de las familias necesitadas y en verdadero riesgo de exclusión social.

De ahí que la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados demande “a la Junta de Andalucía que establezca un trabajo coordinado con el resto de administraciones , para poner en marcha de manera urgente el documento de recomendaciones de actuación de los servicios sociales ante la crisis por COVID-19 en asentamientos y barrios altamente vulnerables hecho público por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030″.

Más en concreto, que haga posible el articulado que establece que “las corporaciones locales, en colaboración con las comunidades autónomas, facilitarán el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus ingresos mientras no les sea posible desarrollar sus actividades económicas habituales: ayudas económicas o materiales de emergencia, tramitación de rentas mínimas o prestaciones extraordinarias que pudiesen implementarse con motivo de la crisis, etc. En todos los casos se deberá agilizar al máximo el procedimiento considerando la urgencia de la situación, evitando los procedimientos administrativos habituales”.