Carlos García de Andoin | No es fácil aventurar cómo vayan a configurarse las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el siglo XXI. Estamos en tiempos raros, de erupciones sorpresivas y de implosiones precipitadas. Ni el uno, ni la otra quedan a salvo. Tres apuntes.

Primero. Cuando la globalización neoliberal parecía que dejaba noqueado al Estado frente al mercado, asistimos, como reacción, a su reafirmación nacionalista y proteccionista. Por la otra parte, cuando la religión parecía sucumbir a la secularizadora privatización, la globalización la reposiciona como actor público global, a fin de cuentas, la escala de los nuevos tiempos. Más aún con liderazgos como el del papa Francisco. Parecen, en principio, tendencias divergentes, incluso enfrentadas, religión transnacional versus estado re-nacional. El punto de colisión de ambas visiones es la acogida o el rechazo a los inmigrantes. Sin embargo, no las tengo todas conmigo. Si repasamos la historia, la religión casi siempre ha sido un eficaz aliado en los procesos de construcción y refuerzo del Estado. Ya observaba Durkheim su poderoso papel en la creación del vínculo social. Así que, si la religión sirve en el siglo XXI a la construcción de sociedades cosmopolitas y pluralísticas o, al contrario, al reforzamiento de sociedades homogéneas identitarias, es una cuestión digna de la mayor atención.

Segundo. Un cambio fundamental en España, predecible, es la drástica disminución del perímetro de los católicos. De modo que dejaremos de ser «la Iglesia», para convertirnos en «un grupo religioso». Este hecho es crucial. La Iglesia no podrá construirse con apariencia de corporación pública, como la responsable de la función religiosa del Estado, o su conciencia moral, en régimen de bilateralidad en la relación con él. El Estado tenderá a tratarla como un grupo privado, uno entre otros, afirmando su carácter laico. Con todo, el hecho más destacable, como tendencia en el mundo es no solo el crecimiento del pluralismo religioso sino la extensión global de este pluralismo que dice Berger. En consecuencia, la fórmula de los Acuerdos Estado-Iglesia irá quedando como una carcasa vacía. Será más acorde a la nueva situación una legislación del Parlamento que garantice y regule la libertad de conciencia y religiosa y siente las bases de una cooperación, sin discriminaciones, sin privilegios y sin confusión entre las funciones públicas y religiosas.

Tercero. Sin embargo, esta situación de minoría del catolicismo no implica necesariamente su irrelevancia política. Al contrario, una forma congregacional de Iglesia, más identificada y militante, si sabe articularse como propuesta para la mayoría, desde la sociedad civil, en base a la tradición cultural y la tupida red institucional del catolicismo en España, puede ofrecer, en estos tiempos raros, una enorme valencia para el conjunto social, y, por ende, para el Estado. La cohesión del país está gravemente amenazada. Por tres líneas de fractura: la desigualdad socio-económica, los nacionalismos excluyentes y la fragmentación del fundamento ético pre-político de la convivencia. En estas condiciones, un cristianismo que sepa dar testimonio creíble de solidaridad desde y con los de abajo, que sepa mantener los puentes vivos de diálogo y convivencia entre los adversarios políticos y que sepa nutrir y sostener un común denominador ético… puede convertirse en un pilar básico del Estado del siglo XXI. ¿Será un cristianismo más activo políticamente? Probablemente sí. Pero estamos hablando de un nuevo paradigma de la relación entre política y religión. No el construido desde arriba, sino desde abajo. No desde el Estado sino desde la sociedad civil. Sí, en el siglo XXI cambiará el paradigma de las relaciones del Estado con la Iglesia.