Ha comenzado una legislatura muy compleja. Ante ella, en el anterior editorial insistimos en la necesidad de promover el diálogo desde la diversidad sobre las necesidades sociales, porque corremos el riesgo de que la permanente confrontación impida avanzar en la respuesta a esas necesidades sociales.

El diálogo político en las instituciones debería estar presidido por la búsqueda del bien común. Un bien común que tiene en su centro atender en primer lugar la situación de las personas y familias empobrecidas, precarizadas, excluidas. Es decir, trabajar para que no haya excluidos.

En una situación de profundas desigualdades los desafíos que tenemos en ese sentido son enormes. En nuestra opinión, las instituciones políticas deberían centrarse en un decálogo de prioridades para avanzar en:

1) Protección social de todas las personas y familias, con especial atención a las más vulnerables. Es fundamental avanzar en mejorar sustancialmente la protección social y el acceso a las prestaciones de quienes más las necesitan, simplificando todos los procedimientos administrativos.

2) Políticas laborales que combatan la precariedad en el empleo, en todas sus formas, y promuevan el trabajo decente con salarios suficientes, la protección de la salud y seguridad laboral, poniendo especial atención en el desempleo y la precariedad de jóvenes, mujeres, migrantes y trabajadores mayores.

3) La promoción de políticas públicas de cuidados, con servicios públicos suficientes y de calidad, prestando también la debida atención a mejorar la sanidad pública universal y la educación pública.

4) Políticas de vivienda, poniendo un especial énfasis en facilitar el acceso de quienes tienen menos recursos a una vivienda digna y en poner en pie políticas públicas de vivienda que combatan la especulación y afirmen la vivienda como un derecho.

5) Políticas migratorias mucho más humanas, que respeten los derechos vinculados a la dignidad de toda persona, y abordar la regularización de las personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país en una situación extrema de precariedad y exclusión por su situación administrativa.

6) Políticas para una transición ecológica justa, con particular cuidado en fomentar formas de producción, de consumo y estilos de vida mucho más acordes con el cuidado del planeta.

7) Políticas de igualdad entre mujeres y hombres, con especial atención a mejorar sustancialmente la lucha contra la violencia machista.

8) Políticas que combatan las desigualdades territoriales, con particular atención a frenar la despoblación del mundo rural y a garantizar la suficiencia financiera de las Administraciones locales, siempre olvidadas en las políticas de vertebración del territorio.

9) Políticas fiscales que supongan una mucho mayor justicia fiscal para disponer de los recursos suficientes para financiar las necesidades públicas, lo que implica una reforma integral de nuestro sistema fiscal.

10) Políticas públicas de educación ecosocial que colaboren al necesario cambio de mentalidad social sobre el cuidado de la vida, de las personas y del planeta.

Hablamos de avanzar, porque entendemos que no es nada sencillo abordar todas esas necesidades sociales si no es con procesos de transformación que, paso a paso, vayan construyendo una realidad distinta.

Creemos que no hay otra manera de situarnos en la perspectiva del bien común que la voluntad firme de abordar necesidades sociales como las señaladas, saliendo de una vez por todas del bucle estéril de polémicas interminables sobre asuntos mucho menos importantes para el bien común y que desvían la atención de las verdaderas necesidades.

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