Desde el 26 de enero, se están recogiendo firmas para presentar al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea abrir un proceso extraordinario de regularización de la situación administrativa de las personas inmigrantes, que residen en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 y se encuentran en situación administrativa irregular. La ILP está promovida por un grupo de organizaciones sociales y es apoyada por otras muchas organizaciones sociales y eclesiales, entre ellas la HOAC. Para presentarla se necesita un mínimo de 500.000 firmas.

Como se dice en la exposición de motivos de la ILP, se trata de dar visibilidad a la totalidad de las personas migrantes que residen en nuestro país –de ellas se estima que entre 390.000 y 470.000 están en situación de irregularidad administrativa–, de compensar las desigualdades que tienen como punto de partida y de garantizar sus derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación. Son personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad y desprotección social, forzados muchas veces para sobrevivir a trabajar en condiciones de extrema explotación en la economía sumergida y expuestas a todo tipo de abusos.

Nuestro sistema de acceso a la residencia es muy insuficiente y lento. Mantiene en la invisibilidad y vulnerabilidad a personas trabajadoras que viven entre nosotros y contribuyen con su trabajo de forma muy importante a la construcción de nuestra sociedad, con frecuencia en trabajos esenciales. Su situación es un signo más de lo que el papa Francisco ha llamado «un escándalo social de humanidad» que sufren las personas migrantes y ante el cual «no se pueden cerrar los ojos». Regularizar su situación es una manera de no cerrar los ojos.

Pero, ante todo, acabar con su situación de irregularidad administrativa supone respetar su dignidad como personas, el respeto debido a los derechos fundamentales de cada ser humano. La irregularidad supone su negación, la condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal y la exclusión de hecho de servicios públicos esenciales: «Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos» (Fratelli tutti, 22).

Que tenga que plantearse un proceso extraordinario de regularización demuestra que nuestras políticas migratorias no son las adecuadas, que no se respeta el derecho de toda persona a emigrar para poder vivir, que tenemos que repensar en profundidad nuestras políticas migratorias y sobre la situación de las personas migrantes en nuestro país. Con demasiada frecuencia algunos utilizan argumentos falsos para oponerse a cualquier intento de mejorar en ese sentido: se habla de «efecto llamada», de que «se trata mejor a los inmigrantes que a los de aquí», de que «vienen a quitarnos el trabajo», se vincula irresponsablemente inmigración y delincuencia… Todo son falsedades. Pero aún pesa más la indiferencia con que muchas veces no queremos ver la realidad, o la facilidad con que encontramos justificaciones para justificar lo injustificable. Aunque nos cueste reconocerlo, socialmente pesa mucho lo que dice el papa Francisco: «Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona (…) Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos» (Fratelli tutti, 39).

La regularización extraordinaria de los inmigrantes en situación administrativa irregular es solo un mínimo, pero del todo necesario e importante. Es un deber de justicia que tenemos como sociedad. 

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