Las medidas adoptadas por el Gobierno de España en lo que él mismo ha llamado «escudo social», «para que nadie se quede atrás», son positivas y muy importantes. Van en la dirección adecuada y muestran voluntad de modificar las nefastas políticas impuestas tras la crisis de 2008, que dejaron tiradas en la cuneta a muchas personas y familias, y dispararon la precariedad, la exclusión y la desigualdad, ya crónicas en nuestro país.

Sin embargo, estas políticas han encontrado en muchos casos serias dificultades en su puesta en práctica. Así, los ERTE que, en general, han sido un buen instrumento para preservar empresas y empleos y que han tenido la virtud de concretarse en el diálogo social, se han tramitado en ocasiones con mucha lentitud. Las ayudas para las empleadas de hogar han llegado tarde, se han tramitado también con gran lentitud y no llegan a muchas trabajadoras que las necesitan. El ingreso mínimo vital, de enorme importancia, está llegando con una exasperante tardanza y a muy pocas personas. Hay personas y familias excluidas de cualquier ayuda, etc. Y estamos hablando de personas y familias que sobreviven como pueden día a día, que no pueden esperar. Necesitan agilidad y respuestas inmediatas de las Administraciones Públicas. Pero los procedimientos de estas administraciones están muy lejos de estar a la altura de las necesidades de precarios y excluidos.

No es un problema de ahora, que haya aparecido de repente con esta crisis. Es antiguo y crónico: la racionalidad y los protocolos de las Administraciones Públicas para atender las necesidades de los empobrecidos no son los adecuados. Son, con frecuencia, para estas personas y familias una carrera de obstáculos burocráticos cuando no un muro infranqueable.

Se habla muy poco de esto. Muchas veces se plantea la necesidad de reformas estructurales, pero de esta y de otras reformas que son imprescindibles casi nunca se habla. Tiende a diluirse, como siempre aludiendo a supuestos imperativos económicos, la necesidad de una reforma estructural de las relaciones laborales para primar el trabajo decente frente a la estructural precariedad laboral. Sin embargo, esta reforma es decisiva para combatir el empobrecimiento y la exclusión. Casi nadie habla de la reforma en profundidad de la situación de las trabajadoras del hogar y de cuidados, sumidas en la precariedad o en la informalidad. O de la reforma de la realidad práctica de muchos trabajadores y trabajadoras temporeros en las tareas agrícolas; o de la necesidad de la regularización administrativa de muchos trabajadores migrantes…

Pero aún menos se habla de la imperiosa necesidad de la reforma de las Administraciones Públicas para que su manera de funcionar se adecúe a las necesidades de las personas y familias que viven en la precariedad, el empobrecimiento, la exclusión. Hay que acabar con una burocracia imposible que impide responder de verdad a sus necesidades. Sobre todo, es necesario establecer procedimientos que, de forma ágil, cuiden y acompañen a estas personas y familias de forma personalizada, para que puedan salir de su situación, con los medios y el tiempo necesarios.

E, insistimos, esto no es algo más entre otras cosas. Son las necesidades y derechos, la vida digna, de familias y personas concretas, no derechos en abstracto. Es la calidad de la democracia lo que está en juego, que exige comenzar a tener como clave fundamental de su funcionamiento el cuidado de las personas concretas.

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