Justo cuando vuelve a plantearse la rectificación de la última reforma laboral, el Gabinete de Estudios de USO publica un informe sobre las consecuencias que tuvo la reforma de 2010, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo el 9 de septiembre de 2010, a pesar de que ni la patronal ni los sindicatos, que convocaron una huelga general, dieron su visto bueno. El Ejecutivo se escudó en la necesidad de combatir la crisis económica y financiera que por aquel entonces vivía el país.

Esta reforma rebajó el coste del despido al pago de 20 días por año trabajado por causas económicas y generalizó  el contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años. También rebajó al 2,5 % el índice de absentismo total que justifica el despido objetivo individual. Dos años después otra reforma, auspiciada por el presidente Mariano Rajo, endureció un poco más algunos de estos aspectos.

El Gabinete de Estudios de USO ha realizado un estudio para analizar los efectos que en estos 10 años transcurridos han tenido las modificaciones de la legislación laboral.

“De 2010 y 2013, cayó fuertemente la afiliación a la Seguridad Social. Y lo hizo más en los años de las dos reformas, 2010 y 2012, que en sus sucesivos, 2011 y 2013 respectivamente”, lo que permite a Joaquín Pérez, secretario general de USO decir que “esto refuerza nuestra idea de que empobrecer las condiciones laborales y abaratar el despido no crea empleo. El empleo se crea cuando hay actividad económica, las empresas no contratan porque puedan despedir, sino que contratan cuando de verdad cree que se puede trabajar”.

De hecho, la recuperación del empleo, medidas por el número de afiliados a la Seguridad Social, no volvió a los niveles de 2010 hasta 2016, y fue a partir de ahí cuando comenzó a ganar cotizantes, a tenor de un millón anual, hasta que la pandemia ha vuelto a situarnos en el escenario de agosto de 2018.

Sin embargo, la calidad del empleo y los propios ingresos de la Seguridad Social quedaron muy mermados. “Se han recuperado cotizantes, pero no se han generado puestos de trabajo de calidad. Hay muchos más trozos de empleos pero no tantos empleos. Mirando las jornadas completas efectivamente trabajadas, no fue hasta 2018 cuando se recuperó el nivel de empleo de 2010. Mientras en 2019 había 1,6 millones de cotizantes más, en realidad solo había 530.000 nuevas jornadas completas”, analiza Pérez.

Las consecuencias para las relaciones laborales merecen ser muy tenidas en cuenta. La creación de empleos nuevos, desde entonces, a duras penas ha llegado al medio millón de jornadas completas, durante la recuperación que siguió a la crisis de 2008. Se han firmado 172 millones de contratos. O dicho de otro modo, han hecho falta 322 contratos para cada jornada completa.

“Además de abaratar el despido, la Reforma de 2010 y su heredera precarizaron el trabajo, que se hizo cada vez más temporal. Entre otras medidas, le dieron más poder a las ETT en detrimento de las labores del SEPE, fomentando agencias de colocación que solo ofrecen trabajos temporales. El resultado es que España tiene una tasa de temporalidad un 8% superior a los países de nuestro entorno. En estos diez años, el porcentaje de contratos indefinidos firmados no llega al 9%, y las peores cifras se dieron precisamente al año siguiente de cada reforma, con el 7,7% de contratos indefinidos sobre el total”, recuerda el secretario general

La situación actual y la necesaria contrarreforma

Todos estos datos se han visto agravados si, en lugar de con 2019, los comparamos con el efecto pandemia en el que estamos inmersos. “Hay una enseñanza que debe quedarle clara a este gobierno y a los que vengan detrás: recortar derechos y abaratar despidos no crea empleo. Por lo tanto, esperamos que caigan en la tentación de mantener o ampliar medidas tan dolorosas como inútiles. Lo que en su día llamaron, con mucha sorna, ‘corrección del mercado laboral’, debe ser hoy ‘corrección de los ataques y contrarreforma laboral’. Hay que reconstruir la legislación laboral con garantías para las personas y fomentar el empleo con políticas económicas efectivas, no contractivas”, pide Joaquín Pérez.

El secretario general de USO también critica los acuerdos la limitación de las subidas salariales acordados en los Acuerdos por la Negociación Colectiva. “Los sueldos comenzaron a recuperar su valor en esta década de crisis no por las subidas, sino cuando la inflación se estancó”.

De hecho, se muestra crítico con el proceso para ampliar la vigencia de los ERTE. “Con septiembre ya avanzado y el 30 como último día de protección especial de los ERTE por COVID, el paripé bochornoso de anunciar que el Diálogo Social se reúne para acordar que va a reunirse es un insulto para todos los trabajadores y pequeños empresarios que no saben qué será de su vida en tres semanas”, recrimina el secretario general de USO.