“Los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza”, afirma el relator de las Naciones Unidas para Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Olivier de Shutter, en su Informe final sobre su visita a España entre enero y febrero de 2020.

Sus conclusiones, tras analizar las estadísticas y estudios, escuchar a la sociedad civil, visitar asentamientos de trabajadores migrantes y barrios abandonados, y dialogar con personas y familias en situación de pobreza y exclusión, no por menos novedosas, son contundentes:

“Sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico”, describe De Shutter en su perceptivo informe Consejo de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de las políticas y programas públicos relativos a la extrema pobreza con las obligaciones de España en materia de derechos humanos. También apunta como factores que generan pobreza la situación de la vivienda, la insuficiencia de la protección social y la segregación en la educación.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examina periódicamente la evolución e impacto de las políticas públicas de los gobiernos en la lucha contra la pobreza y la exclusión, pero también emite sus recomendaciones tanto al ejecutivo como la sociedad civil para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en relación a la reducción de la pobreza. El relator de Naciones Unidas también dialogó con representantes de la sociedad civil organizada, como Cáritas, EAPN  u Oxfam Intermón, y examinó con detenimiento muchos de sus estudios.

Trabajadores pobres

Nuestro país presenta una de las tasas más altas de personas en riesgo de pobreza con empleo de la Unión Europea, ya que muchas personas tienen un puesto mal remunerado, a tiempo parcial o temporal y perciben un sueldo insuficiente a todas luces para atender sus necesidades básicas. Los índices de desigualdad son terriblemente altos, y los correspondientes indicadores se sitúan muy por encima del promedio de la Unión Europea.

En su informe, valora los pasos anunciados por el nuevo Gobierno de España, si bien advierte tajantemente que “sus palabras deberán traducirse en hechos”, al tiempo que considera que”España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos para alentar a las comunidades autónomas a participar en una reformas estructurales de gran alcance”.

Informado de las intenciones del gobierno, De Shutter se muestra esperanzado del nuevo rumbo de las políticas, pero no oculta su escepticismo: “El reciente aumento de las prestaciones familiares y por hijas o hijos a cargo y del salario mínimo –afirma en otro punto— es un primer paso importante, pero dista mucho de ser suficiente. Existe un gran consenso sobre los daños que causan las políticas de vivienda y protección social actuales y sobre lo que debe hacerse al respecto, pero la inacción es la tónica general”.

El relator sugiere “adoptar medidas globales y creativas que alivien la crisis de vivienda; promover unas condiciones de trabajo decentes, en particular para quienes tienen un empleo precario y para las trabajadoras y trabajadores migrantes; instaurar un sistema nacional de renta mínima que garantice un nivel de vida básico a todas las personas necesitadas; establecer un programa de educación preescolar para todos los niños y niñas de 0 a 3 años de edad; y realizar una reforma fiscal de gran calado que permita garantizar un fuerte efecto redistributivo, reducir el fraude fiscal y la elusión de impuestos y publicar el tipo impositivo que se aplica a las empresas”.

Curiosamente, el funcionario de Naciones Unidas, reconoce que en nuestro país “la gente se siente abandonada con razón” y confirma que “la recuperación económica ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido”.

De 2007 y 2017,  las rentas del 1 % más rico crecieron un 24 %, mientras que el 90 % más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media (2 %). Además, detalla que los beneficios empresariales se han recuperado desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad entre 2007 y 2019, pasando del 22,3 % de los ingresos tributarios totales al 11,9 %.

La gestión de la crisis anterior, desatada en 2008, no sale muy bien parada a ojos del relato: “con las medidas de liberalización y las jugosas reducciones del impuesto de sociedades que se introdujeron, no es de extrañar que a quienes más tienen y a las grandes empresas les haya ido tan bien”.

Olivier de Shutter pide al Gobierno de España voluntad política necesaria para resolver los desequilibrios detectados. “La pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los Gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla”, afirma.

Informe final del relator de Naciones Unidas