El décimo informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) saca los colores a “una clase política, un ministerio del Interior, independientemente del signo del gobierno que sea, una fiscalía y una judicatura que siguen mirando a otro lado e ignorando el sufrimiento inútil que los CIE suponen”.

Así se ha expresado Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, en la presentación de este estudio elaborado con los datos incompletos proporcionados por el Ministerio del Interior, los informes del Defensor del Pueblo y la realidad percibida por los equipos de atención en los centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Tarifa y Algeciras.

Centros disfuncionales

El informe considera “los CIE como instituciones disfuncionales, que distan de ser lugares con condiciones de vida digna y garantía de derechos”, por lo que, en palabra de De la Fuente, “solicitamos su cierre”. Como se recoge en el estudio y ha destacado la coordinadora de este ong del área social jesuita, la existencia de estas instituciones y sus prácticas son una muestra de “la actitud hostil de Europa hacia las personas migrantes más desfavorecidas”.

Hace ya diez años un grupo de personas comenzaron a visitar el CIE de Madrid y a publicar trabajos de análisis anuales. Según los datos manejados, el año pasado fueron internadas 6.473 personas, un 18% menos que en 2018. De ellas, casi el 60% habrían sido finalmente repatriadas forzosamente desde los CIE.

Las cifras sobre solicitudes de asilo no cuadran: el informe maneja la cifra de 2.164, publicada por el Ministerio. Esa cifra supondría un aumento de un 10% respecto de 2018 y un máximo histórico. Sin embargo, recientemente hemos tenido acceso a otra cifra distinta, también proporcionada por Interior: 1.684. De nuevo, es deplorable la falta de transparencia del gobierno. Llama la atención que en los dos CIE de Canarias, donde se internó al 54% de las personas llegadas de forma irregular, solicitó asilo sólo el 0,28%, frente a lo que sucedió en el CIE de Algeciras (y su extensión en Tarifa), donde solicitó asilo el 69% de internos.

Vulneraciones y deficiencias

El informe repasa casos de deficiencias en las autorizaciones judiciales de internamiento; episodios de violencia policial, calificados incluso de torturas y tratos degradantes y vejatorios; casos de autolesiones y suicidio que han exigido un severo protocolo para limitar el aislamiento en Valencia; internamiento de menores de edad, así como de personas con enfermedades mentales y físicas; problemas estructurales graves en las instalaciones (por ejemplo en el CIE de Las Palmas pese a las largas obras de reforma realizadas); trabas en la asistencia humana de las ONG; carencias en la asistencia jurídica y de intérpretes; falta de actividades socioculturales..

Además de las vulneraciones de derechos, lo que el servicio jesuita confirma es que “están fallando los controles de internamiento, la autorización judicial, al encontrarnos casos de personas que no debían ser internadas”, ha dicho Josep Buade, principal autor del informe CIE y director de la Asociación Claver-SJM.

La misma política

A pesar de la diferencia en el discurso entra las distintas formaciones políticas “los gobiernos no tienen diferencias en sus discursos y prácticas, la política es constante, la política es la misma, mira a otro parte y consagra el modelo policial frente a otro modelo que está por concretar y aplicar”, ha advertido Buade.

Llegado el “momento de dedicar “nuevas políticas ajustadas a estos nuevos tiempos”, precisamente ahora que estos centros, cerrados temporalmente ante el riesgo de contagios y la imposibilidad de las repatriaciones por la pandemia de la COVID-19, se han revelado como prescindibles.

Es más, ha comentado Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos-SJM y coordinador. del área CIE SJM, “volver a abrir es una temeridad, una imprudencia, que además requiere una fuerte inversión económica de recursos que podrían ser utilizados en otros ámbitos para salvar vidas”.

España ha podido vivir con los centros de internamiento vacíos sin que se rompan sus costuras. La inminente apertura de fronteras genera preocupación e inquietud, en la medida en la que la posibilidad de ejecutar de nuevo las órdenes de expulsión y de devolución mueva al Gobierno a valerse de nuevo del internamiento.

“Diez años mirando a otro lado”