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Entrepatios: usar, no poseer, la vivienda

20 enero 2020 | Por

Entrepatios: usar, no poseer, la vivienda

Nacho y su familia han apostado por usar una vivienda, en vez de convertirse en propietarios. En unos meses, serán inquilinos de la promoción Las Carolinas, que la Cooperativa Entrepatios está construyendo en el barrio de Usera (Madrid).

Entrepatios es la primera cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso de Madrid, para promover el uso de la vivienda, la formación de comunidad y la incidencia social. Tras tres intentos, «éramos más idealistas y teníamos menos dinero», parece que esta es la vencida y habrán hecho realidad su apuesta. «Es una apuesta política contra la especulación y la mercantilización del acceso a la vivienda», comenta este mediador social que trabaja en la cooperativa Garúa, del Grupo Tangente.

A finales de 2011, formaron un grupo junto a otras personas empeñadas en promover el derecho de uso de la vivienda entre jóvenes. En un principio, intentaron negociar con el ayuntamiento. Hubo conversaciones con el Ayuntamiento, pero se interrumpieron bruscamente al ser destituida la responsable de vivienda.

«Hicimos un llamamiento y nos reunimos unas 20 o 25 familias en principio. Al final, nos quedamos 17 familias, que fuimos las que compramos el suelo de la primera promoción. Ahora mismo, somos 66 personas socias. Hay ya un terreno listo en Villa de Vallecas, y se está buscando un tercero», describe Nacho García Pedraza.

La primera promoción está compuesta por unas 17 familias, la mayoría participan en ámbitos ecologistas y sociales. En la segunda promoción, las personas, en su mayoría, están implicadas en las asociaciones de padres y madres de alumnos y en la Plataforma Antidesahucios. Es de esperar que, si cunde el ejemplo, el perfil de los cooperativistas se vaya ampliando.

Derecho de uso

El derecho de uso reúne lo mejor del alquiler y de la compra. La relación con la vivienda en cuestión es, en realidad, la de un propietario a todos los efectos, pero no ata a nadie. No hay dueño que pueda echar a los inquilinos y estos se pueden ir cuando quieran. Son usufructuarios, podría decirse, con todos los derechos políticos.

En concreto, por una vivienda de 102 metros cuadrados, valorada por el mercado en 500.000 euros, al mes hay que pagar unos 650 euros, de los que unos 400 vienen a ser el alquiler en sí. El resto va a un fondo común. En realidad, es el equivalente al 20% del presupuesto total dedicado a comprar el suelo y construir las viviendas.

«Tuvimos que solicitar una hipoteca colectiva a una banca ética, más la aportación de los socios. El fondo servirá, entre otras cosas, para devolver lo aportado por las personas promotoras, si algún día deciden irse», apunta Nacho, quien reconoce que «es un mecanismo tranquilizador ante lo que pueda pasar».

Todavía sigue muy arraigada la cultura de la propiedad. De momento, no es una opción que sea más barata, pero tampoco más cara. Sí mejora el acceso al crédito de personas que los bancos no quieren como clientes, porque es colectivo.

Sostenible

El aspecto ecológico, en cambio, concita más adhesión. Todo el mundo, en general, lo ve con buenos ojos, aunque al descender al destalle y decidir la solución técnica se genera más discusión. El edificio de Las Carolinas se está construyendo con madera contralaminada y estará preparado para reciclar agua y generar energía. El sistema de construcción ha permitido reducir en un 25 % el impacto de fabricación de materiales y un 60% la energía utilizada respecto de un edificio de elevada eficiencia energética, lo que supondrá que el gasto en calefacción y refrigeración al año por vivienda ronde los 130 euros.

Comunidad

La apuesta por hacer comunidad puede ser atractiva para algunas personas, aunque en este asunto cada cual se imagina su propia versión. Pero Nacho lo tiene claro: «Queremos ser felices y en común siempre es más fácil, con el apoyo mutuo y la cooperación, resolviendo en común los cuidados, las compras, las prácticas y las relaciones sociales…, con flexibilidad y autonomía».

«No se trata de imponer nada a nadie, ni hacer valer la fuerza de la mayoría. Nadie debe sentirse mal por no ir a una reunión, por no hacer lo mismo que los demás. Se trata de conjugar la felicidad individual con los mínimos comunes, peros sin cargas. No supone más esfuerzo ni responsabilidad que si uno se enfrenta individualmente, a todas esas cosas», explica.

Como profesional del campo social, Nacho destaca que «hemos ido construyendo comunidad y arquitectura social a fuego lento», lo que se ha traducido en que ha habido tiempo para pensar y decidir, para tejer la confianza a partir de trabajar la responsabilidad. «Creemos más en el deseo que en la imposición. Y eso se nota en el grupo», afirma.

Por supuesto, hay que resolver temas operativos: el mantenimiento, la sostenibilidad… «Ahí entra en juego lo que es necesario y lo que podemos dar», matiza. En concreto, han calculado que, con dos o tres horas al mes de trabajo comunitario de cada persona adulta del edificio, será suficiente. Algunas tareas que serán encargadas a profesionales externos.

A la hora de tomar decisiones, «todos los adultos son socios con voto. Hay bastante vocación por entenderse. Cada miembro de una pareja vota individualmente. Si hay asuntos que atañen exclusivamente a la vivienda, cada pareja es autónoma, claro».

Pero no todo puede estar previsto, más que nada porque hay poca experiencia. Está por definir qué pasará con los hijos. «Tenemos claro que hay que darles oportunidad de quedarse a vivir, si quieren. Si no, deben tener derecho a percibir la parte del fondo común que les corresponda». Tampoco hay que descartar que haya parejas que se separen. «Tendrán que decidir los afectados. No será más complicado que cuando hay una propiedad. Habrá una red de apoyo para lidiar con esta situación. La vivienda, no se depreciará, ni se podrá vender».

Para generalizar experiencias como esta, «hace falta paciencia, saber social, superar los baches, hay que trabajárselo y hace falta gente que acompañe». Pero es una apuesta muy interesante que según su implantación podría tener un gran impacto en el mercado de la vivienda.

El Ayuntamiento de Viena lleva 100 años promoviendo esta idea y es uno de los mayores propietarios de Europa, de modo que no es un imposible vivir en la ciudad. La ayuda pública facilita muchos las cosas. Lo más difícil es cambiar el chip, pasar de la propiedad al uso. Las administraciones deberían facilitar este modelo, las entidades sociales podrían poner mucho de su parte para impulsar el cambio. Después de todo, el derecho a la vivienda no es lo mismo que poseer una vivienda.

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