La defensa de pensiones dignas ha contado con el apoyo de integrantes de la HOAC de diversos puntos de la geografía española, que han unido en algún momento a las dos columnas que salieron de Rota (Cádiz) y Bilbao a finales de septiembre.
La Coordinadora estatal para la defensa del sistema público de pensiones, organizadora de las marchas, ha sintetizado sus aspiraciones en el grito “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
El 15 de octubre las dos marchas coincidieron en el centro de Madrid, ante un nutrido grupo de concentrados que les dió la bienvenida. Al día siguiente, la protesta se dirigió al Congreso de los Diputados.
“Trabajo digno para pagar pensiones dignas”: “Si sigues sentado, es que no te has enterado”. “Si no hay para pensiones, que no compren cañones” y otros lemas fueron coreados por los los asistentes.
No solo se pide la revalorización de las pensiones al mismo ritmo que lo hacer la carestía de vida, sino que también se aboga por la derogación de las reformas laborales así como del sistema público de pensiones. De hecho, expresiones como “yo no estoy aquí por mí, estoy aquí por mis nietos y por mis hijos para defender un sistema público de pensiones”, eran frecuentes entre los participantes.
La HOAC, que desde el comienzo de estas y otras movilizaciones a favor de pensiones dignas y suficiente, defiende un debate serio sobre el sistema público de pensiones, comparte la necesidad de asegurar un pilar esencial del Estado de bienestar y solidario entre generaciones.
Para la HOAC, el problema no es de sostenibilidad del sistema de pensiones por falta de recursos, sino de falta de justicia en la redistribución y el uso de la riqueza social, que son opciones de políticas públicas. Como señaló san Juan Pablo II, el problema está en que en lugar de situar los derechos de la persona trabajadora como criterio fundamental del funcionamiento de la economía, se hace lo contrario, negando un principio básico de justicia: «la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos guiados por el criterio del máximo beneficio» (Laborem exercens, 17).
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