En nuestro país, el derecho a la vivienda está fuertemente restringido por las fuerzas del mercado. Eduardo Gutiérrez, experto en vivienda de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de España (EAPN, por sus siglas en inglés) denuncia el aumento de los alquileres y la especulación inmobiliaria y pide la intervención de las Administraciones Públicas en esta materia.

¡Es el mercado, estúpido!

Eduardo Gutiérrez Sanz, coordinador del Comité de Vivienda de EAPN España | Suena el teléfono. Un amigo me envía el siguiente mensaje: «Mi casero quiere subirme la renta 200 euros de golpe, ¿esto es legal? Yo pago 550 al mes y ahora me pide 750 o no me renueva el contrato y me tengo que ir de la casa».

Escucho y leo cada semana a juristas, expertos «viviendistas», sindicatos de inquilinos, plataformas y movimientos sociales, políticos, tuiteros, «mesaredondistas» y entidades sociales. Todos están de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, dar más garantías a los inquilinos, ofrecer mayor estabilidad vital. Se discute sobre la pertinencia de aplicar técnicas de estabilización de precios de alquiler, poniendo como ejemplos a Alemania y Francia, que establecen precios de referencia que no puedan ser superados. Y se debate sobre el papel de la vivienda protegida, la necesidad de generar un verdadero parque de vivienda pública, sobre reconectar la vivienda con el urbanismo, homologar nuestra política de vivienda a la de otros países europeos, profesionalizar la gestión.

Pero una entrevista en la radio me devuelve a la realidad. Preguntado por la subida de los precios del alquiler, el Director General de Vivienda explica: «Como todo el mundo sabe, vivimos en un mercado de oferta y demanda. El incremento de la demanda no se está viendo acompañado por un aumento de la oferta». El motivo fundamental es el turismo, ya que esta situación se produce en Madrid, Barcelona, islas Baleares y Canarias: «No puede ser que se pare la construcción de vivienda en las principales ciudades españolas porque los precios seguirán subiendo si la oferta no acompaña a la demanda».

Intervenir o no intervenir, «esta es la cuestión». El artículo 47 de la Constitución española dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Dejemos al lado el complejo debate teórico-jurídico sobre quién tiene competencias en materia de vivienda (formalmente las comunidades autónomas), ya que el Gobierno central tiene bastante margen de actuación. Aunque no haya desarrollado una ley estatal del derecho a la vivienda, tiene competencias legislativas que la afectan directamente: en materia de arrendamientos urbanos, normativa hipotecaria, suelo y rehabilitación urbana o incluso en lo relativo a fiscalidad. Y lo más importante, puede –o no– habilitar dotaciones presupuestarias suficientes para hacer efectivo este derecho, por ejemplo a través de los planes estatales de vivienda. Así que cada año son los Presupuestos Generales del Estado los que parecen decidir si hay derecho a la vivienda o si convertimos el artículo 47 en papel mojado. A pesar de ello, algunas comunidades autónomas han ido avanzado en el reconocimiento formal del derecho a la vivienda (a través de leyes impugnadas en muchos casos por el Gobierno al Tribunal Constitucional). Y son los municipios, con mayor o menor acierto y con poca capacidad de gasto, los que están intentando dar respuesta a las miles de familias para las que no está garantizado este derecho.

La otra opción es no ser alarmistas e intervenir lo menos posible. Dice el Telediario que «el precio de la vivienda se recupera y crece en 2018». Mejor contesto a mi amigo mañana.

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