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Anselmo Sánchez-Tembleque, Fiscal de Siniestralidad Laboral: «Las penas han de servir para que no se vuelva a delinquir»

27 abril 2017 | Por

Anselmo Sánchez-Tembleque, Fiscal de Siniestralidad Laboral: «Las penas han de servir para que no se vuelva a delinquir»

José Luis Palacios | Anselmo Sánchez-Tembleque lleva tres años como fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral, una especialización de la fiscalía general del Estado, creada en 2006 para combatir los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores que, a juzgar por los datos de siniestralidad, parecen no tener fin.

¿Cuál es el papel de la fiscalía en la lucha contra los delitos que atentan contra la salud y la vida de los trabajadores?

Supervisamos 600 escritos de acusación el año pasado, estamos más o menos al día, debemos ser los únicos. Luego hay contactos con sindicatos, con las mutuas. Los escritos de acusación no se corresponden con los hechos ocurridos en el año en que se presentan. Cada uno lleva su velocidad. Aquí nos llegan los casos en los que hay infracción penal muy grave, aunque suele ser difícil de dilucidar en la instrucción.

¿En qué puede ayudar la fiscalía a promover la cultura preventiva en el trabajo?

La prevención es una labor que le corresponde a la administración. Lo que nosotros podemos hacer es pedir las penas según los delitos cometidos para que no se vuelva a delinquir. No entro en la política, esto es algo que depende del ministerio correspondiente.

Llama la atención el alto número de acuerdos entre las partes que acaban reduciendo las condenas. Parece difícil así dilucidar las verdaderas responsabilidades en estos casos…

Se hacen las diligencias de investigación como marca la ley, pero al llegar la conformidad, se liquida el proceso. Las conformidades son un arma que hay que usar y que están previstas en la ley. A veces puede parecer un disparate que se plantee siquiera la conciliación, pero están ahí y hay que utilizarlas. Sospecho que muchas de ellas se alcanzan ante el cansancio que produce la dilación del proceso. La gente, antes que revivir el accidente, prefiere llevarse el dinero que le ofrecen y zanjar la cuestión. Eso trastoca la clarificación de las responsabilidades. Me imagino que el abogado de la aseguradora de la empresa intentará rebajar la indemnización que tiene que pagar o levantar la inhabilitación especial para ejercer la profesión. He visto casos en los en la calificación provisional se piden tres años de cárcel al acusado y luego tras la conformidad quedan en tres meses.

Luego hay otros casos donde hay que ir a juicio de todas, todas, porque son de una inhumanidad increíble. Como el del empresario que tras caerse su trabajador, de raza negra, del andamio, lo subió a su coche y lo dejó tirado en otro lugar.

A veces, las familias se quedan en una situación económica muy vulnerable hasta que, después de años, llega una indemnización…

Me imagino que podrán acogerse a alguna prestación o ayuda pública. A las aseguradoras se lo he dicho en varias ocasiones. Por humanidad hay que adelantar el pago de las indemnizaciones correspondientes, no solo para evitar los recargos por los intereses de demora, sino por la situación en la que quedan los afectados y sus familias.

¿No hay manera de agilizar los procesos judiciales en esta materia y de apoyar todavía más a las familias que se enfrentan a un camino judicial complicado?

La solución sería mantener la persecución de las conductas más graves, la imprudencia grave. Las menos graves ya han bajado mucho porque es un delito semipúblico que exige la denuncia. Las faltas también se han reducido mucho, desde los cambios en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una pequeña luz en el túnel, para que podamos agilizar las causas graves pendientes. Pero la propia naturaleza del proceso exige tiempo, menos de dos años de instrucción parece difícil. La parte afectada suele estar bien asistida por el fiscal, que lo tiene muy claro, más aún con el Estatuto de la Víctima que acaba de salir. En el momento en que te metes en un proceso judicial hay que prepararse para aguantar mucho tiempo. Un pleito de menos de dos años en estos asuntos es imposible.

Sería posible llegar a la sentencia penal y dejar para ejecución la sentencia civil. Una vez que se tiene el informe de la Inspección, los testigos, la inspección ocular, el informe médico que ha concluido en si hay curación o lesión permanente debería ya ser suficiente para la conclusión del proceso penal. Pero eso es algo que debería decidir el Parlamento y es difícil que se haga porque tenemos un sistema muy garantista.

¿Considera que la fiscalía que dirige tiene los medios suficientes para hacer su labor?

No tengo queja como Fiscal de Sala, tengo dos adscritos, uno con 10 años de experiencia, y una mujer con experiencia en Madrid. En las provincias se tira del personal de fiscalía y normalmente con eso es suficiente. Los medios no son un problema aquí, teniendo en cuenta la situación general de la Justicia. Otra cosa es que no se pueda pedir la exclusividad. Donde hay infinidad de casos que tiene que atender la fiscalía, a veces, el fiscal no puede asistir al juicio relacionado con la siniestralidad laboral porque hay un caso en la Audiencia que es preferente y al final va otra persona al juicio sin ser especialista. En provincias con menos volumen de trabajo no es tan necesario. En Soria un fiscal lleva tres especialidades con razonable eficacia. Luego están las ciudades y pueblos grandes como Gijón, Cartagena o Jerez… Habría que revisar las previsiones económicas, pero parece que no hay dinero.

Al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya le hemos dicho que sería bueno que en las Audiencias Provinciales existieran secciones especializadas en este asunto. Porque me da la sensación de que mientras los fiscales, por lo general, se han ido especializando en estos asuntos, los jueces en cambio carecen muchas veces de los conocimientos adecuadas para agilizar estos procesos.

¿De qué sirve una buena ley, como es considerada la de Prevención de Riesgos Laborales, si al final no hay manera de que se aplique?

Eso es un mal de la justicia, hay que reconocerlo, pasa en todos los ámbitos. Hay falta de medios, pero también es cierto que todos los agentes tienen que colaborar más. Desde que estoy aquí, no he visto a ningún sindicato personarse como acusación en estos casos y yo creo que sería bueno que estuvieran. Es cierto que necesitan el apoyo del gobierno para que puedan desempeñar mejor el papel que les corresponden en la persecución de los delitos contra la salud y la vida de los trabajadores como también lo es que cada uno tiene sus intereses políticos y no sé hasta qué punto este tema es su prioridad.

¿Qué relación existe actualmente con los agentes sociales implicados en la lucha contra la siniestralidad?

Tengo previsto extender las competencias de la policía municipal de Madrid, que ahora mismo están actuando en estos asuntos, como si fuera una policía judicial, con gran eficacia, elaborando atestados muy útiles. Se lo comuniqué a una sindicalista y le pareció bien, pero dejando claro que la fiscalía ha de ser independiente. En cambio, con las organizaciones de empresarios no he tenido ocasión de ver cómo podemos colaborar. Sí he hablado con las aseguradoras y con las mutuas, que me dicen que en general los empresarios destinan poco dinero a la prevención, tal vez, porque les parece caro.

¿Hay relación entre la precariedad laboral y el aumento de los riesgos?

Sí, es cierto. Lo veo en mi hijo que lleva 10 años con contratos temporales. Cuando no tienes trabajo y no tienes con qué alimentar a tu familia, acabas renunciando a exigir tus derechos. La gente está aceptando trabajos peligrosos, empleos que no quieren otros, salarios mínimos… Eso es algo que debe arreglar el Gobierno.

¿No hay algo que pueda hacer la fiscalía en este sentido?

Estamos dispuestos abarcar también las infracciones a la Seguridad Social, en las que están trabajando mucho los Inspectores de Trabajo. No nos importaría asumirlo, hacer más trabajo, aunque haya que ver cómo se hace.

¿Cómo influye la nueva regulación de la negociación colectiva, que prima el convenio de empresa, la adopción de medidas para atajar la siniestralidad?

No lo sé, puede que en el convenio de empresa, el empresario se mueva mejor y pueda relacionarse con sus trabajadores de otra manera, a veces apelando a la confianza, mientras que en el ámbito sectorial en cambio no sea tan fácil flexibilizar ciertos aspectos.

¿Ven en el horizonte próximo alguna mejora en la debida justicia restaurativa que merecen las víctimas de los accidentes laborales?

La nueva ley de baremos que sube las indemnizaciones es muy esperanzadora, el problema es que va con retraso, como todo. La ley nueva opera a partir de hechos ocurridos desde 2016 y no te puedes acoger a ella en casos que están siendo juzgados ahora. En realidad, es una ley pensada para los accidentes de tráfico, pero entendemos, con el Supremo, que es orientativa para nosotros. Eso sí, pensando en el incremento del 30% de las indemnizaciones que siempre pedimos y que molesta a las aseguradoras, porque entendemos que hay dolo, ya que el subirse a un coche, si no eres profesional, es opcional, pero ir al trabajo y desempeñar una profesión es otra cosa, es obligatorio por lo general para poder vivir.

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