Enrique Lluch Frechina* | El nuevo plan de presupuestario del gobierno, que tiene que ajustarse a las indicaciones de la Unión Europea con respecto al déficit público, prevé un ajuste de unos 5.500 millones de euros el próximo año. Parece que este ajuste se realizará reduciendo el gasto y parece evidente que, también, nuestro nuevo gobierno está dispuesto a cumplir con estas exigencias (para algo estamos en el club de la Unión Europea).

Ante este nuevo ajuste debemos tener en cuenta varios factores para poder formarnos una opinión argumentada sobre su pertinencia o no. El primero es que no se puede mantener una administración que esté permanentemente en déficit. El Estado, como cualquier institución, no puede sobrevivir si año tras año se gasta más de lo que ingresa. Además, un déficit continuado tiene que financiarse y esto supone tener que pedir prestado dinero para poder mantenerlo. La financiación tiene un coste y esto son gastos añadidos al presupuesto que no pueden ser utilizados para políticas sociales, inversión u otros menesteres útiles para la sociedad.

Siendo este el punto de partida y una realidad ante la que nos encontramos, el presupuesto y su equilibrio debe ser un instrumento para alcanzar unos objetivos económicos comunes, debe estar al servicio de los objetivos públicos y debe, por tanto, subordinarse a estos. No podemos poner el déficit o el superávit por encima de los objetivos económicos sino al contrario, al servicio de estos.

Si es necesario realizar un ajuste del presupuesto para evitar que exista un déficit, esto debe hacerse de la manera menos nociva para la consecución de los objetivos públicos tanto a corto como a largo plazo. Lo importante no tendría que ser recortar a toda costa, sino ver cómo se consigue el equilibrio presupuestario para que las políticas importantes se vean lo menos afectadas posible.

Además, la gestión del déficit a nivel nacional, tiene otro componente que hay que tener en cuenta y que no es significativo cuando intentamos equilibrar presupuestos individuales, de empresas o de cualquier otra institución. El volumen del gasto y los ingresos públicos tiene repercusiones que van más allá del propio sector público. Reducir gasto, por ejemplo no solamente puede mejorar las cuentas públicas, sino que además puede tener repercusiones sobre la economía del país.

Gastar menos supone reducir el crecimiento económico de la nación (no solo por la reducción, sino también por los efectos multiplicadores negativos que tiene el gasto sobre el consumo de los particulares) lo que en un corto plazo de tiempo puede hacer que bajen los ingresos públicos. Esto significa que una política que intenta reducir el déficit puede acabar provocando más déficit en un futuro porque reduce la producción, lo que acaba afectando al pago de impuestos y consecuentemente a una disminución de la recaudación.

Pero, quizá, el elemento más discutido tiene que ver con el volumen de gasto e ingresos públicos que tiene nuestro país. Porque el volumen de gasto público español en 2015¹ fue de un 43,5% del PIB mientras que la media de la Unión Europea fue de un 47,3%. Los ingresos públicos supusieron en España un 38,6% del PIB mientras que la media de la UE fue 44,9%. Esto quiere decir que si en España ingresásemos lo mismo que la media de los 28 países de la Unión Europea, manteniendo el gasto público que tenemos, no solo no tendríamos déficit, sino que estaríamos en superávit (por más de un punto).

Esto lleva a muchos economistas a afirmar que el problema de nuestro déficit no es el de un nivel de gasto exagerado (15 países de la UE gastaban un porcentaje más elevado del PIB en 2015) sino el de una recaudación muy reducida (solamente cinco países de la UE, Reino Unido, Letonia, Rumanía, Lituania e Irlanda, tuvieron unos ingresos públicos menores que España).

Vista la situación en la que nos encontramos ante el próximo ajuste, creo que los criterios que deberían guiarnos a la hora de tomar posición ante él son los siguientes:

Un déficit continuado y permanente no es conveniente, los ingresos deben estar por encima o al mismo nivel que los gastos a medio y largo plazo, por lo que no podemos pensar que recurrir a la deuda continuamente es una política adecuada porque esta acaba siendo regresiva y reduce las posibilidades de gasto por el pago de intereses.

Dicho esto, la reducción del déficit no puede ser el objetivo principal de una política económica a la que se subordina todo lo demás. La reducción del déficit tiene que ser una política que se ponga al servicio de los objetivos económicos de la sociedad.

Si aceptamos la opción preferencial por los más desfavorecidos, la reducción del déficit debe ser una política que acabe siendo beneficiosa para las capas más empobrecidas de la población, debido especialmente a que esa reducción del déficit permite que el dinero que se ahorra en intereses se destine a políticas sociales y a aquellos que peor lo están pasando.

Para ello, hay que calibrar en primer lugar si nos es más conveniente reducir partidas de gasto que nos bajen todavía más de la parte central de la tabla en cuanto a gasto público en la UE o si por el contrario la política más adecuada es la de incrementar los ingresos para ponernos al nivel de la media de los países de la UE.

Si pensamos que la reducción del gasto es el camino adecuado, esto no se puede hacer de una manera lineal (reducimos el gasto en todas las partidas) sino que hay que ver aquellas que van a afectar menos a los más desfavorecidos de la población y aquellas que tienen menos efectos multiplicadores sobre la economía.

Si la opción es la de incrementar ingresos habrá que analizar cuáles son las partidas de ingresos que conviene incrementar para que esta bajada de la renta de los agentes económicos tenga pocos efectos sobre la actividad económica y pocos efectos sobre las familias y personas más pobres.

Desgraciadamente, parece que esto no va a ser así. El déficit ha pasado de ser un instrumento a ser un objetivo prioritario, por lo que seguramente nos encontraremos con otra bajada de gastos indiscriminada, que afectará a todos sin plantearse si quiera la posibilidad de subir los ingresos para lograr el mismo objetivo.

1 Datos de Eurostat

*Profesor de economía Universidad CEU Cardenal Herrera