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Los CIE en la agenda política española

19 noviembre 2016 | Por

Los CIE en la agenda  política española

Santiago Yerga | Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos, de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior que tienen por finalidad garantizar la sustanciación de un expediente de expulsión o devolución y la ejecución de dicho expediente. El período máximo que una persona puede estar internada en un CIE no puede superar los sesenta días.

Pese a que estos establecimientos son centros de detención en el que las personas permanecen privadas de libertad, la presencia de los CIE en la agenda política y en los espacios de manifestación de la opinión pública es bastante escasa y, sobre todo, poco rigurosa. Desgraciadamente, la opacidad sobre los CIE no solo tiene lugar en la propia Administración pública, sino también entre la propia sociedad, que no aborda con la intensidad que requiere una cuestión tan importante desde la perspectiva de los derechos humanos como es el de la propia existencia de estos centros y las alternativas a ellos.

Por lo que se refiere al posicionamiento de los partidos políticos mayoritarios, en su mayoría todos apuestan abiertamente por el mantenimiento de este tipo de instalaciones en sus documentos programáticos, con la excepción de la coalición Unidos Podemos.

Ahora bien, es curioso constatar que existe una acusada tendencia en los programas de los partidos políticos a evitar citar expresamente a los CIE, debiendo leerse de manera indirecta cuál es la posición que cada partido político tiene en relación con estos centros de detención. De alguna manera, es el reconocimiento tácito de que se trata de una cuestión espinosa para los grupos políticos que, conocedores de la desproporción que supone el ingreso en esos centros y el impacto que podría tener su conocimiento sobre la opinión pública, invisibilizan estos espacios de detención incluso en sus propios documentos programáticos.

Esta invisibilidad se traduce en la práctica administrativa en opacidad y falta de transparencia. La ecuación creo que es muy sencilla: la invisibilización política se convierte en opacidad administrativa; opacidad que se troca en un riesgo cierto para la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran internadas en CIE.

Algún ejemplo nos ayudará a expresar mejor lo que se pretende decir en las anteriores líneas. Los CIE se regulan en la propia Ley de Extranjería y en un Reglamento publicado en el año 2014 que, entre otras muchas cuestiones, establece el deber de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de publicar los datos relativos a la estancia y la ocupación de cada CIE. Desde la publicación de esta norma, nunca se ha producido esa dación de cuentas a la ciudadanía, lo que necesariamente contribuye a dificultar el control sobre las situaciones que se producen en los CIE, debiendo estar al socaire de las informaciones parciales que publica el Defensor del Pueblo en cuanto Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de las diferentes Memorias que publica la Fiscalía General del Estado y de las cifras suministradas por algunas organizaciones no gubernamentales.

La desinformación y falta de transparencia en torno a los CIE supone un déficit democrático que no se corresponde con la práctica de otros países de nuestro entorno o con países de alto recorrido democrático. Así, basta con acceder las diferentes páginas web de países como Francia, Gran Bretaña, Australia, etc., para comprobar cómo la exposición de cifras, circunstancias y situaciones dentro de sus respectivos CIE se lleva a cabo sin ningún tipo de dificultad.

Y no es el hecho de conocer datos por tenerlos, sino que como se decía anteriormente, porque esa información permite evaluar desde el punto de vista ciudadano qué son los CIE y qué supuesta utilidad tienen. Por ejemplo, conocer las nacionalidades, los períodos de estancia media, las oscilaciones de población internada, etc., son elementos que ayudarían a entender la lógica que se sigue en los CIE y permitiría conocer la supuesta eficacia de estos centros de detención en relación con la finalidad con la que se erigieron, así como qué nacionalidades son las más susceptibles de ser ingresadas en un establecimiento de esta naturaleza, entre otros muchos extremos.

En otro orden de cosas, estas exigencias de transparencia han de venir acompañadas del rechazo de la aplicación de la que vamos a denominar doctrina de la ocurrencia. En estos últimos meses, hemos venido asistiendo a determinadas manifestaciones de representantes políticos que, en forma de ocurrencia, han venido a incidir sobre el marco de las políticas públicas en relación con los CIE. En este sentido, tres son especialmente destacables desde un punto de vista cronológico: en primer lugar, el intento fallido de cierre del CIE de Barcelona por parte del Ayuntamiento de la ciudad condal; en segundo lugar, la propuesta de la alcaldía de Madrid en relación con el CIE de la capital de España, articulando un mecanismo previo de protección para las personas que pudieran ser susceptibles de ser internadas; en tercer lugar, la propuesta efectuada por el partido Ciudadanos de privatizar los CIE y de complementarlos con unidades de centros penitenciarios.
Cada uno de estos ejemplos sería merecedor de un comentario individualizado que por razones de espacio no es posible llevar a cabo. En cualquier caso, y con independencia de la opinión que nos pudiera merecer a cada persona, sí reflejan dos circunstancias que deberían en mi opinión ser rechazadas. De una parte, que la ausencia de información y formación sobre los CIE conduce a la aportación de soluciones en las que se omite una reflexión de fondo sobre la existencia de unos centros de detención que solo afectan a personas extranjeras, con la carga estigmatizadora que ello supone. De otra parte, en mi opinión más preocupante incluso que la circunstancia anterior, el hecho de que los CIE puedan ser utilizados como piedra de conflicto entre partidos políticos, obviando qué hay detrás de ellos y el sufrimiento de cada persona internada y de su familia.

No me cabe duda de que la sociedad en general merece no unos mejores CIE, sino algo mejor que los CIE.

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