Paco Porcar | Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Níger, antigua colonia francesa en el África Occidental, es junto a la República Democrática del Congo el país más pobre del mundo. Dos tercios de su población de 18 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. La mitad de los niños de entre 5 y 14 años trabajan, muchos de ellos en algunas de las peores formas de trabajo infantil, en condiciones peligrosas, como ocurre en la minería. Porque Níger es un país rico en recursos minerales, pero su pueblo no obtiene beneficios de esa riqueza. Al contrario, la minería ha hipotecado el futuro del país, pues su territorio sufre una grave desertización y una de las causas más importantes es la forma en que se realiza la explotación minera, en particular la del oro. Desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado, con la aparición de muchas ciudades mineras informales en las que viven miles de hombres, mujeres y niños en chabolas y tiendas de campaña, comenzó una acelerada deforestación, pues para construir las minas y como combustible para cocinar en los pueblos mineros se utiliza madera. Además, la explotación del oro también ha provocado una grave contaminación del agua y del suelo por la utilización de sustancias químicas tóxicas en la extracción del mineral.

Pero no es el oro sino el uranio la principal riqueza mineral de Níger, el cuarto productor mundial de uranio, que representa el 70% de sus exportaciones. Tampoco en este caso, tras más de 50 años de contratos poco transparentes con el grupo nuclear francés AREVA, es Níger quien se beneficia de esta explotación, porque apenas se pagan impuestos por la extracción ni se queda prácticamente nada en el país de los beneficios generados. Por lo que se refiere al oro, Níger produce dos toneladas anuales, especialmente en minas artesanales e informales. En la minería industrial y formal apenas hay 5.000 empleos, menos de un 10% de los que se calcula existen en las minas artesanales informales. Así, miles de trabajadores solo existen al margen de la ley. Por lo general, la extracción del oro no paga impuestos por su situación de informalidad y los que obtienen grandes beneficios de su explotación son los propietarios de las minas y los compradores.

En todas las minas, tanto en las industriales como en las artesanales, las condiciones de trabajo son muy precarias. Las condiciones de vida en los poblados mineros son pésimas, los problemas sanitarios son muy graves y hay mucha adicción al alcohol y las drogas. Empujadas por la miseria, las familias trabajadoras no tienen más remedio que intentar sobrevivir en condiciones muy peligrosas de vida y trabajo. En la extracción del mineral en las minas artesanales se ocupan sobre todo hombres jóvenes, a veces niños, en condiciones muy peligrosas e insalubres, sin medida de seguridad alguna. Todos los años mueren decenas de ellos. Solo que el salario que suelen cobrar es el equivalente a 150 euros al mes, mucho más que el salario mínimo del país, de 60 euros. En el transporte y triturado de rocas, con salarios mucho más bajos, se ocupan sobre todo niños y mujeres.

En medio de este sombrío panorama, organizaciones sociales como ROTAB (que trabaja sobre todo en la transparencia de los negocios mineros) y el sindicato CNT (Confederación Nigerina del Trabajo), intentan aportar algo de luz, luchando conjuntamente por impuestos justos en la minería y por el reconocimiento de derechos para estos trabajadores. Han logrado algunos avances en transparencia e impuestos en la minería del uranio y están intentando lograrlos en la del oro. La CNT considera que no pueden cerrarse las minas informales, pues «erradicarlas en un contexto de extrema pobreza es prácticamente imposible». Por eso defiende mejorar su control y su gradual formalización. Sus esfuerzos se dirigen principalmente a las medidas de salud y seguridad, a lograr métodos de explotación más limpios, a avanzar en la regularización de la situación de los propietarios, con el consecuente pago de impuestos, y a ampliar la organización de los trabajadores de las minas industriales, estableciendo formas de colaboración con los mineros informales, a los que se quiere comenzar a organizar en cooperativas a través de créditos públicos.