Ana Romero y Celia Naharro  |  José Antonio Prieto Juárez es profesor de Cooperativismo y Relaciones Laborales en el Área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. También imparte la asignatura de Acción Social en la Empresa en el Grado de Relaciones Laborales. Lleva más de 20 años implicado en cuerpo y alma con los proyectos y experiencias cooperativas y no solo en el ámbito académico, puesto que durante una importante etapa de su vida asesoró a cooperativas de la provincia de Ciudad Real a través del programa de Economía Social y Empleo de Cáritas.

–¿Cómo se consigue mayor democracia en las empresas y qué supone para éstas?

–Hay que tener claro que es necesaria la vinculación del trabajador con respecto a las decisiones que le acaban afectando y, en primer lugar, conseguir la ciudadanía en la empresa, que supone trasladar los derechos civiles al ámbito empresarial. Después hay que dar un paso más y lograr que el trabajador acabe adoptando un papel protagonista, de sujeto activo en la toma de decisiones y en el funcionamiento de su empresa. Esto es garantizar la democracia en la empresa. Esa participación conllevará mayores niveles de cohesión social, generará fórmulas de creación de empleo desde otros presupuestos y conservará puestos de trabajo en épocas de crisis como la actual. Se consigue también una mayor vertebración territorial –porque no hay deslocalización– y se redistribuye equitativamente la ganancia obtenida. Se trata de valorar el trabajo y de aplicar una economía productiva en función de las rentas del trabajo, y no especulativa en función de las inversiones. Desde ese presupuesto, se dignifica el valor de la persona y se valoriza el trabajo humano como eje vertebrador de los proyectos que optan por este modelo.

–¿Hay mucha diferencia en la participación del trabajador en relación al tamaño de las empresas?

–La diferencia es abismal. Desde la nula participación del trabajador a través de los cauces y herramientas que la ley prevé sobre estos supuestos para la pequeña y mediana empresa hasta la conformación de estructuras bien definidas, bien reguladas y bien utilizadas en las empresas de gran dimensión. Esto se ve sobre todo en las multinacionales y grandes empresas, en las que existen mecanismos de control y regulación en el ejercicio de los derechos de participación de los trabajadores. Mientras que en la pequeña y mediana empresa son inexistentes, prevalece el temor a posibles represalias en la medida en que el trabajador no discurra por los cauces y caminos que el empresario o empleador quiera, por lo que es prácticamente misión imposible conseguir representación o participación por parte de los trabajadores.

–¿Cree que la cooperativa es la forma jurídica empresarial más justa y solidaria?

–Por supuesto. Es una forma jurídica de empresa que de alguna manera sitúa al trabajador en el centro de la toma de decisiones, la gestión y la organización del proyecto empresarial; que hace del socio trabajador el eje entorno al cual se vertebra el funcionamiento de la empresa. En definitiva, que articula un modelo de empresa a escala humana, desde unos presupuestos alternativos al modelo clásico y tradicional de empresa. Es llevar la democracia a la empresa y a la economía, una práctica a la que las empresas mercantiles han sido siempre refractarias.

–¿Y por qué es la forma de empresa más minoritaria?

–Porque va a contracorriente. Los postulados de los que parte el cooperativismo confrontan con el modelo de empresa que desde los poderes públicos se nos intenta plantear como único posible, todo con el sacrosanto principio de la libertad de empresa. En el marco de la economía de mercado se está pensando siempre en las fórmulas tradicionales de empresa capitalista, de empresa mercantil. El modelo de sociedad que se ha ido construyendo entra en conflicto claro y directo con un proyecto humanista, de base colectiva, participativo e implicativo, en donde el capital queda subordinado al factor trabajo. Es un proyecto que debe enraizarse en las personas, en los trabajadores, y que se desvincula del capital. Es un proyecto en el que todos participan por igual independientemente del capital, a pesar de que en esto ha habido reformas autonómicas que han tendido a desvirtuar el postulado cooperativo clásico. Por todas estas razones queda en minoría.

–¿Cuáles han sido esos planteamientos que en los últimos años han desvirtuado los postulados clásicos del cooperativismo?

–En los últimos años, los representantes del sector cooperativo y de los gobiernos autonómicos de turno –que son los que tienen las competencias–, han sentido una especie de complejo respecto a la empresa tradicional mercantil y han intentado mirarse, a la hora de realizar reformas de la sociedad cooperativa, en el espejo de las sociedades mercantiles. Eso ha supuesto el vaciamiento progresivo de los contenidos de identidad cooperativa y los han transformado, potenciando y priorizando aspectos en favor de lo que podríamos denominar plutocracia cooperativa, acercando el factor capital al control en la toma de decisiones y en la organización de la empresa. Esto ha sido un viaje a ninguna parte y lejos de fomentar la forma cooperativa, propiciando el nacimiento de nuevas empresas, ha quedado en el callejón del olvido. Esto nos ha llevado a ir configurando, en una carrera atlética entre comunidades autónomas, un cooperativismo de cascarón, que mantiene externamente la forma cooperativa pero que en el fondo ha ido perdiendo identidad con el paso del tiempo.

–¿Cómo está la legislación a este respecto en España?

–Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las sociedades cooperativas y la regulación es tremendamente dispersa y en proceso de revisión permanente. El hecho de que la competencia sea autonómica normalmente conlleva que cada cuatro años se pongan encima de la mesa posibles modificaciones, cambios, reformas. Por tanto, no se cuenta con el sosiego necesario para que una ley que haya sido aprobada recientemente pueda empezar a aplicarse y podamos conocer y ver el impacto que tiene en el territorio y el impacto en los grupos de personas a los que se aplican. Se necesitaría reconsiderar el horizonte cooperativo desde otras claves. Se abogó en su día por una ley marco, aunque eso ya no es posible, y se habla también de una ley de armonización para que se ponga en un primer plano aquellos elementos que unen al cooperativismo frente a aquellos otros que lo separan. Hay una tendencia progresiva al distanciamiento entre leyes y a diluir la identidad cooperativa atendiendo a lo que muchas veces son ocurrencias del legislador de turno. Queda mucho camino por recorrer con respecto al ámbito normativo cooperativo.

–¿Existen o han existido políticas de estímulo del cooperativismo?

–La propia Constitución ordena el fomento y estímulo del cooperativismo y, en ese sentido, se han asumido –años atrás por parte del Ministerio de Trabajo y hoy por las consejerías que tienen competencia en la materia– y existen líneas de apoyo y de financiación de determinadas iniciativas o inversiones en las cooperativas. En mi opinión, es una política de cortas miras. No atiende al medio y largo plazo en el estímulo, fomento y consolidación del cooperativismo. Se necesitan recursos económicos y humanos dedicados en cuerpo y alma a esto en los términos de identidad cooperativa proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Porque se apoyan las inversiones pero no se cuida el proyecto social que soporta el ejercicio y la gestión de la actividad económica que desarrolla la cooperativa. Los funcionarios están absolutamente desbordados, los recursos económicos son claramente insuficientes y la atención a los proyectos brilla por su ausencia.

–En otras épocas de crisis de nuestra historia las cooperativas han resurgido como fruto de esa coyuntura económica, como alternativa… ¿cree que ahora puede suceder algo similar?

–Sí, está sucediendo. En épocas de crisis, estadísticamente es comprobable, que repunta la creación de cooperativas, como consecuencia del desvalimiento que tienen ciertos sectores de población. La crisis empuja al desempleo a infinidad de ciudadanos, que tienen que buscar la manera de buscar un sustento para sí mismos y sus familias. La alternativa y la fórmula –más por vencimiento que por convencimiento, ante la incapacidad demostrada de las administraciones públicas y el tejido empresarial tradicional de dar respuesta a la crítica situación de desempleo que estamos viviendo–, es sumar esfuerzos y apostar por proyectos que individualmente serían inviables. Y resurge el cooperativismo con más fuerza, como el ave fénix de sus cenizas.

–¿No cree que en el entorno de la Economía Social y Solidaria, a veces en los márgenes del sistema, sí está habiendo personas que apuestan por ello de forma convencida?

–Es verdad que, de manera creativa, entusiasta y decidida, surgen iniciativas realmente sorprendentes, que son capaces de encauzar esfuerzos, recursos y energías en favor de proyectos cooperativos, con convencimiento. Son bastantes menos de lo que a muchos de nosotros nos gustaría, pero es cierto que en la soledad ciudadana surgen y permiten plantear un horizonte alternativo y distinto. Son proyectos vitales y solidarios, que nos proporcionan islas de esperanza en mitad de una situación cada vez más degradada y caótica.

–Llama la atención que en estos últimos tiempos se habla por todas partes de emprendimiento pero siempre desde la individualidad. ¿No interesa el emprendimiento colectivo?

–No interesa la cultura participativa, una cultura que es capaz de trasladar la democracia a la empresa, que es capaz de plantear, en medio de una sociedad donde prima lo individual, proyectos colectivos que aun atendiendo a necesidades individuales trasciendan, sin embargo, a los intereses particulares de cada uno. No interesan proyectos con finalidad transformadora en lo social y equilibradora en lo económico. Habría que cuadruplicar esfuerzos para que pudieran tener su espacio y su hueco, sobre todo porque es una de las maneras más eficaces, directas y rápidas, de dar cumplimiento a los fines propios del Estado Social y de Derecho, que establezca un equilibrio entre los ciudadanos más efectivo y al alcance todos. Hay un flagrante incumplimiento de los mandatos constitucionales, porque no hay una igualdad que permita conseguir mayores cotas de equidad entre los ciudadanos. En ese empeño, los poderes públicos siguen durmiendo el sueño de los justos.

–¿Qué han supuesto las recientes reformas laborales, en especial la última, para los derechos de los trabajadores?

–Las reformas laborales, iniciadas ya en el gobierno de Zapatero, y continuadas con fervor inusitado por el gobierno de Rajoy, han sido desastrosas. Se ha intentado trasladar a la ciudadanía la idea de que las reformas laborales son la solución para todos nuestros males. Ante una crisis económica, financiera y especulativa no se responde con una reforma financiera y fiscal sino con una reforma laboral tras otra, además en una carrera irrefrenable. En el fondo, lo que subyace es una alteración radical del modelo de estado social que tenemos y, por otro lado, la voladura controlada del modelo y el sistema de relaciones laborales que hasta ahora hemos tenido. Frente al enfoque cualitativo del trabajo, en el que lo que se valora es el estatus protector y de garantías de la parte débil, del trabajador, hay una apuesta clara y decidida por conceptuar al trabajo como mercancía y replantear el mercado laboral como un mercado económico más. La conclusión más relevante, no es de garantizar condiciones de trabajo dignas, sino de mantener el mayor número de ocupaciones posible a cualquier precio. El resultado es precariedad, temporalidad, vulnerabilidad y, lamentablemente, en muchos casos, siniestralidad.

Hay un deslizamiento desde el conflicto capital-trabajo hasta el conflicto empleo-desempleo. Y esto genera una dinámica de confrontación entre la propia clase trabajadora. A través del mecanismo de recurrir al empleo como un coste a reducir a través de las diferentes fuentes reguladoras, la ley y la negociación colectiva, se acaban cercenando de manera brutal los derechos y garantías, que son constitucionales. Hay una sistemática, meditada y permanente merma en los derechos de los trabajadores, obtenidos durante décadas de luchas y de conquistas sociales.

Todo esto supone el desmantelamiento social y protector de la contraparte débil que, en este caso, es el trabajador, ya sea asalariado, ya sea autónomo, o funcionario, empleado o desempleado. Las reformas laborales, en definitiva, han sido injustas en lo social, inútiles para el empleo e ineficaces para la economía.

–¿Qué retos se les plantea ante esto a los sindicatos?

–Sin duda, son muchos, y en distintos ámbitos y frentes. Hay una agresión tremenda, radical, contra los legítimos representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Las reformas laborales se están ocupando también de ir poco a poco vaciando de posibilidades la actuación sindical. Urge, por tanto, mantener una política sindical de reivindicación permanente, de lucha activa, de presencia en los centros de trabajo, de difusión de los esfuerzos que se están haciendo por conservar los derechos conquistados durante décadas y de conseguir recuperar, lenta pero progresivamente, esos niveles que se habían ido consiguiendo, como mecanismo para equilibrar las relaciones laborales en el ámbito de la empresa y la participación efectiva vía representación sindical en los distintos lugares de trabajo. Desde ahí tienen una misión complicada, la agresión mediática es feroz y urge reivindicar la honestidad, el trabajo bien hecho, la lucha permanente en defensa de los intereses de los trabajadores para conseguir unas condiciones dignas, presentables en el siglo XXI tanto de trabajo como de vida de los trabajadores y sus familias.