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Pensiones y salarios

27 junio 2013 | Por

Pensiones y salarios

La nueva reforma del sistema de pensiones decidida por el Gobierno y la propuesta del Banco de España de legalizar la contratación con sueldos inferiores al salario mínimo, inciden en lo mismo: reducir los medios de vida de los trabajadores y trabajadoras, empobrecerlos más. Este es un elemento fundamental, quizá el más importante, que se ignora sistemáticamente: el salario es, en el caso de los trabajadores con empleo, y la pensión en el caso de los trabajadores jubilados, su medio de vida y el de sus familias, normalmente su único medio de vida. Hablamos, pues, de la vida de las personas y familias, de lo que exige su dignidad y los derechos vinculados al reconocimiento de la dignidad de las personas: un salario suficiente para vivir de acuerdo a su dignidad y una pensión igualmente suficiente.

Pero quienes toman esas decisiones hablan de otra cosa, de algo que llaman «economía», que pretenden plantear como algo técnico y científico, pero que nace de aplicar unos principios ideológicos muy concretos. Por una parte, hay que reducir, sea como sea, la cantidad de dinero público dedicado a las pensiones para desviarlo al pago de los intereses de la deuda (lo primero, según su «economía») y para incentivar, en los que puedan, los planes privados de pensiones, el negocio privado. Por otra, hay que abaratar los costes salariales para lograr empleos mucho más baratos y rentables para la «economía»; así se fomenta el empleo, dicen.

¿Qué pasa entonces con las personas? Que pagan un precio muy alto: más insuficiencia de muchas pensiones ya de por sí muy bajas de muchos pensionistas; y más precariedad y empobrecimiento de muchos trabajadores, más sumisos y disponibles para aceptar lo que sea para sobrevivir. Este es el gran mal de fondo de este planteamiento ideológico: que considera los derechos vitales de las personas como un simple derivado de la «economía», en lugar de plantear, como es moralmente exigible desde el reconocimiento efectivo de la dignidad de las personas, que la consideración de los derechos de las personas debe ser principio regulador de la economía.

La reforma de las pensiones que se avecina supone agravar una injusticia, la que sufren muchos jubilados con pensiones claramente insuficientes. Como la premisa es reducir el dinero público destinado a pensiones, solo se plantea la «sostenibilidad» del sistema en su actual forma de financiación (sin plantear modificarla) y en una coyuntura en la que los problemas los crea sobre todo el enorme desempleo. Por eso, como ha dicho el único experto de la Comisión creada por el Gobierno que ha votado no al informe sobre las pensiones, no se habla de otra cosa que es fundamental, la «suficiencia» de las pensiones. Porque eso no interesa a la premisa ideológica de la que parte el Gobierno.

Lo mismo ocurre con los salarios. De momento el Gobierno ha dicho que no se plantea la «sugerencia» del Banco de España. Pero en realidad es coherente con su política. La reforma laboral de este Gobierno ha profundizado los mecanismos para abaratar los salarios, debilitando la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, abaratando y facilitando el despido (acelerando así la destrucción de empleo), aumentando la precariedad y temporalidad de los empleos de quienes ya sufrían más esa situación, jóvenes y mujeres, reforzando un sistema autoritario de relaciones laborales… La premisa ideológica en este caso es que para fomentar el empleo hay que abaratar los costes de la contratación de trabajadores. Nada de innovación, nada de construir otro modelo productivo, nada de democratizar el funcionamiento de las empresas, nada de fomentar actividades socialmente necesarias, nada de una fiscalidad que distribuya con mayor justicia la riqueza social… Solo empleo más barato. Si eso, unido al desempleo masivo y a los recortes en la protección social, destruye la vida de las personas y las humilla, es porque «es lo que hay que hacer para que funcione la economía».

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