MONS. CARLOS LÓPEZ    En el Día del Trabajo de este año 2012 es obligado dirigir la mirada a la dramática situación que padecen los cinco millones seiscientos mil desempleados y el millón setecientas mil familias que tienen a todos sus miembros en el paro.

Son cifras con rostros personales, que no deben dejarnos indiferentes. Son millones de historias humanas afectadas por la insuficiencia o, incluso, carencia total de medios para satisfacer las necesidades más básicas de la vida diaria personal y familiar, que reclaman nuestra cercanía afectiva y nuestra solidaridad. Son proyectos de vida instalados de forma imprevista y obligada en la inseguridad, en la falta de reconocimiento social, en la dependencia económica y en una relativa exclusión social, con el grave peligro de sentirse frustrados en su autoestima y defraudados en sus esperanzas.

Se trata de personas que tienen reconocido en la ley un deber de trabajar, que no tienen posibilidad real de cumplir para su satisfacción personal, y un derecho al trabajo, que no pueden reclamar directa e inmediatamente ante alguien que estuviera obligado a proporcionárselo. Este derecho al trabajo, como otros semejantes, es un derecho formal, sin contenido determinado, cuyo ejercicio carece de garantía. Y en este carácter del derecho al trabajo radica la gran cuestión social que representa el drama del desempleo.

La Constitución española incluye entre los principios rectores de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para el progreso social y económico y, de manera especial, el deber de realizar una política orientada al pleno empleo. La plena ocupación, por tanto, es un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Pero con este objetivo queda todavía si resolver la cuestión principal y concreta: ¿A quién corresponde la obligación de proporcionar los puestos de trabajo?

La Doctrina Social de la Iglesia enseña que una sociedad donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles aceptables de ocupación no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. El desempleo es una verdadera calamidad social, sobre todo en relación con las generaciones jóvenes Por ello, es deber del Estado promover políticas que activen el empleo. Pero su función es la de los llamados “empresarios indirectos”, es decir, aquellas personas o instituciones que son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del trabajo y de la economía.

El deber del Estado consiste no tanto en asegurar directamente el derecho de todos al trabajo, limitando la vida económica y la libre iniciativa, cuanto crear condiciones y oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sea insuficiente o sosteniéndolas en momentos de crisis. La tarea fundamental del Estado es definir un marco jurídico apto para el desarrollo de la actividad económica, respetando el principio de subsidiaridad y la libertad de iniciativa económica; debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más débil. Aparte de estas tareas de dirección y armonización del desarrollo económico, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales.

Para la promoción del derecho al trabajo es importante que el Estado garantice la existencia real de un libre proceso de auto-organización de la actividad laboral que surge de las iniciativas privadas y sociales, no sólo en los sectores de la agricultura y la industria, sino también en los ámbitos de la educación, la salud, los servicios sociales, la cultura y la tecnología. El hombre debe ser el verdadero protagonista en el trabajo, también haciéndose cargo de forma creativa y responsable de nuevas formas de organización del trabajo que contribuyan al crecimiento de la persona, de la familia, de la sociedad y de toda la familia humana.

La Doctrina Social de la Iglesia considera la libertad de la persona en el campo económico como un valor fundamental y un derecho inalienable que hay que promover y tutelar: cada uno tiene derecho de iniciativa económica. La iniciativa económica debe gozar de un amplio espacio y el Estado tiene la obligación de imponer restricciones sólo en orden a hacerla compatible con el logro del bien común.

Teniendo en cuenta la dimensión global de las relaciones económicas y financieras y el mercado de trabajo, es necesaria la colaboración internacional entre los Estados que salvaguarde el derecho al trabajo a nivel nacional e internacional y asegure una conveniente retribución y nuevas formas de solidaridad entre los hombres del trabajo. En los nuevos escenarios globales del trabajo es especialmente necesario y urgente el desarrollo de una auténtica solidaridad universal que lleve consigo la posibilidad concreta de creación de nuevos puestos de trabajo, respetando la jerarquía de valores y colocando en primer lugar la dignidad de la persona que trabaja.

En las actuales circunstancias, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad moral de asumir con generosidad la parte que equitativamente nos corresponda en los ajustes necesarios para hacer posible la salida de la crisis económica y la creación de puestos de trabajo. Mientras tanto, tenemos además la obligación moral, según nuestras posibilidades, de hacernos cargo de las necesidades de las personas y familias que padecen las consecuencias de la falta de trabajo. La fortaleza que todavía mantiene la familia en España, le está permitiendo asumir la carga que sufren sus miembros en paro. Pero todos debemos colaborar a levantar esas cargas con auténtica caridad fraterna, por ejemplo, a través de Cáritas, con aportaciones ocasionales o con un porcentaje de nuestros ingresos. De esta manera el drama del desempleo se convertirá en ocasión de crecimiento en humanidad y de auténtico progreso social en la verdad de la caridad.

+ Carlos López

Obispo de Salamanca