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Tebelia Huertas: «Se ha debilitado la posición de los trabajadores»

29 febrero 2012 | Por

Tebelia Huertas: «Se ha debilitado la posición de los trabajadores»

Tebelia Huertas es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid. En su opinión, la Reforma Laboral servirá para aumentar la discrecionalidad de los empresarios y devaluar los salarios.

 

–El Gobierno insiste en que la reforma laboral se ha hecho pensando en los parados y en los jóvenes que no han llegado a tener un empleo. En su opinión, ¿A qué intereses sirve esta reforma?, ¿Qué principios generales la inspiran?

–Creo que no hace falta adivinar nada, lo han dejado dicho en los medios de comunicación algunos portavoces del Partido Popular. De manera directa sirve a los intereses de las empresas, así lo han dicho porque, siguen diciendo, éstas son las que crean empleo que es precisamente lo que más se necesita en estos momentos. También lo ha dejado dicho con bastante claridad el Gobernador del Banco de España: la falta de solvencia de nuestra deuda solo se resuelve con una devaluación de la moneda. Si ésta no es posible, como no lo es, solo queda ir a una «devaluación interior» de salarios y de precios. Ese es el objetivo impuesto que, según se nos dice, «tranquilizará a los mercados y hará que vuelva la confianza».

La devaluación de salarios o de los costes salariales, para ser más precisos, se hace debilitando la posición de los trabajadores en el juego de equilibrios que constituye el Derecho del Trabajo, colectivos e individuales, aunque es verdad que ese debilitamiento admite graduaciones, puede ser más o menos intenso. Pero, al margen de esas declaraciones, la lectura del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral no deja lugar a dudas. La ampliación de los poderes empresariales, a través de distintas disposiciones que afectan de manera simultánea y estratégica a derechos individuales y colectivos ha cambiado completamente las posiciones y los equilibrios entre los poderes negociales de los trabajadores y de los empresarios, a favor de estos últimos.

 

–Algunos dicen que se trata del mayor ataque a los derechos laborales desde la democracia, ¿En qué se basan los que así opinan?

–Sin duda, aunque ahora, con perspectiva, no pueden olvidarse otras reformas como exponentes de la progresiva pérdida de derechos del trabajadores, como la del 84 que abrió el camino de la precariedad del que ya no nos hemos podido separar. La del 94, que contenía una gran apuesta por la flexibilidad interna, de la que no se hizo gran uso porque ya estaba abierta la espita de la temporalidad. La de 2001, del “despido exprés” que ha facilitado la pérdida de un volumen importantísimo de los puestos de trabajo que nos han colocado antes más de cinco millones de parados y, evidentemente, la del 2010 que, si bien es cierto que mantenía aún los equilibrios básicos de nuestro modelo de relaciones laborales, ha marcado buena parte del camino que ha desembocado en esta última reforma.

 

–¿Cuáles son las medidas de mayor calado y trascendencia aprobadas en el Real Decreto?

–Seguramente la combinación estratégica y simultánea del abaratamiento de los costes del despido, tanto en las empresas, como en el sector público, con el ataque a la eficacia general del convenio colectivo supraempresarial, en un tejido productivo mayoritario de micro, pequeña y mediana empresa. A todo ello se suma el dato de que la flexibilidad de entrada, es decir, la multiplicidad de opciones para la contratación temporal, no solo no se ha limitado, sino que se ha ampliado a través de ese contrato indefinido de emprendedores, con bajísimos costes y un periodo de prueba de un año. También es destacable la extensión del contrato para la formación y el aprendizaje, en cuanto a la duración –ahora hasta de tres años- y en cuanto a la ampliación de la edad –30 años– de los trabajadores y trabajadoras susceptibles de ser contratados. Es la combinación y la simultaneidad de los ataques a los derechos individuales y colectivos en el marco normativo previamente existente el que permite visualizar la cualitativa posición de debilidad negocial en la que se pretende situar a los trabajadores y trabajadoras para, como parece que se persigue, «devaluar los costes salariales».

 

–¿Qué efectos tendrá el abaratamiento del despido, la nueva negociación colectiva, la regulación de la temporalidad y el absentismo…?

–En primer lugar hay que decir que, como vienen señalando los sociólogos, el nivel de cumplimiento del marco normativo laboral y las prácticas en las empresas en cuanto a las condiciones de trabajo no siempre han ido, ni van, de la mano. En este sentido cabe recordar que las sucesivas reformas laborales en España han tenido muy distintos impactos reales. Pero si en este caso, como parece, la reforma obedece a los intereses de las empresas y, en definitiva, viene a legitimar prácticas empresariales ya existentes y extendidas, es razonable pensar que la reforma puede calar hondo. El resultado será un mayor empobrecimiento de todos los que trabajan por cuenta ajena, para las empresas y para las administraciones públicas con contrato laborales, como consecuencia de un poder de dirección legitimado por la Ley que les coloca en una posición muy debilitada. En buena lógica cabe pensar también que pueden darse aun más reducciones salariales de los funcionarios, en este caso, a través de los presupuestos generales del Estado y de sus medidas de desarrollo. Con todo, la combinación para debilitar el poder los trabajadores sería «perfecta» si, además, se limita el derecho de huelga a través de una nueva regulación que ya se venía pidiendo y que en estos últimos días la patronal ha vuelto a poner encima de la mesa.

 

–¿Qué efectos en la vida de las familias trabajadoras traerá la reforma?

–Evidentemente, de entrada, un mayor empobrecimiento y una mayor desigualdad social que ya estamos viendo. Por tratar de buscarle un elemento positivo, creo que cabe también la posibilidad de que una realidad tan dura contribuya a que dejemos de fraguar nuestra identidad como consumidores para que nos volvamos a ver como trabajadores y trabajadoras que somos.

 

–Las empresas tendrán ahora mucho poder para imponer la flexibilidad que más le interesa a los dueños, ¿Qué tipo de desarrollo social podrá generarse de este modo?, ¿Qué tipo de economía se está favoreciendo de este modo?

–Ciertamente la reforma ha traído mucho más poder para los empresarios y por ello, en mi opinión, su gestión, bastante poco enjuiciada hasta ahora, pasa a un primer plano. Es decir, está por ver la «responsabilidad social» con la que utilizarán la ampliación de sus poderes y está por ver su capacidad para adaptar su organización a los retos del mercado global en el contexto de un Estado social y democrático de Derecho. Está por ver, en definitiva, si sus prácticas se asemejarán a las del siglo XIX, o si serán capaces de innovar a la altura de las circunstancias de una Europa que todavía se predica social y que hace gala – aunque cada vez menos–de su Estado del Bienestar. Tal vez sea también la hora de pasar de verdad el test de la responsabilidad social a las empresas. La reforma les ha querido dar todo el protagonismo, será también la hora de enjuiciarlas, a ellas y a sus organizaciones.

 

–¿No había otra alternativa?

–Si, se podían haber hecho muchas cosas, pero sobre todo, se podían haber graduado los cambios en materia de negociación colectiva, siguiendo las pautas del reciente Acuerdo Interconfederal firmado para la moderación salarial. Ahora bien, lo que sucede es que si eso se hubiera hecho, tal vez no habría sido posible hacer gala en las instituciones europeas de la radicalidad de esta reforma como se ha hecho.

 

–¿Tiene suficiente legitimidad el gobierno para dar el paso que ha dado?

–Desde luego, en democracia, desde el punto de vista político formal la tiene sobradamente y se demostrará enseguida a través de la convalidación del Real Decreto Ley que la contiene. Cuenta con las mayorías necesarias y si, como ya se dice, se la va a dar trámite de ley, es muy probable que al grupo popular se le sumen otros grupos parlamentarios. Otra cosa es la legitimidad, si se quiere moral, pero eso entiendo que es algo muy subjetivo y que hay que matizar con el dato no menor de que al poder en el gobierno central hay que sumar el poder territorial que también es prácticamente del mismo color.

 

–¿Cree acertada la estrategia de los sindicatos mayoritarios?

–Creo que este es un momento histórico para ellos, extremadamente difícil, podría decir que trágico en el sentido griego de la palabra. Entiendo que inevitablemente tendrán que reorientar su acción sindical e intensificar su presencia en las empresas y en la calle y establecer nuevas alianzas.

 

–¿Cómo pueden los trabajadores defender a partir de ahora sus legítimas aspiraciones?

–Tratando de buscar nuevas formas de lucha, de espacios colectivos y de ocupar los que ya existen trabajando en la misma dirección, organizaciones mayoritarias y minoritarias. En cualquier caso entiendo que no pueden dejar que se debiliten más los espacios de los sindicatos mayoritarios porque ese vacío, además de llevar una potentísima carga simbólica, hoy por hoy, no lo puede llenar nadie.

 

–¿Ve posible una reacción de la sociedad capaz de dar un giro a estas medidas?

–Las manifestaciones del pasado 19 de febrero han abierto un espacio para la esperanza.

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