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La extensión del subempleo #EditorialNNOO

06 febrero 2015 | Por

La extensión del subempleo #EditorialNNOO

En España hay 5,5 millones de personas desempleadas y una altísima tasa de precarización del empleo. Al menos 750.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro. Y la cobertura por desempleo ronda el 57%, es decir, el 43% de las personas sin empleo no tienen ninguna cobertura pública. En este contexto se firmó el pasado diciembre un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos (en vigor desde el 15 de enero) para la «activación del empleo» y, sobre todo, ayudar a parados y paradas de larga duración. En principio, es un acuerdo positivo, especialmente por la gran cantidad de personas desempleadas sin ningún tipo de cobertura. Pero no es para tirar cohetes.

El acuerdo contempla una ayuda económica de 426 euros mensuales y programas de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración (con más de un año en el desempleo), que hayan agotado todas las prestaciones, al menos seis meses antes de solicitar la ayuda, que carezcan de ingresos y tengan «cargas» familiares. Deberán, además, haber estado trabajando por cuenta ajena en algún momento y estar inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre. Requisitos que excluyen a muchas personas paradas sin cobertura. La ayuda será compatible con un empleo y, en ese caso, se descontará del salario, es decir, compartirán los costes la empresa y el servicio público de empleo. Se estima que se podrán beneficiar entre 400 y 500.000 parados de larga duración, con un coste entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Con ello se espera que para mediados de 2015 la cobertura por desempleo podrá llegar al 64% de los desempleados, pero ¡qué cobertura!.

El acuerdo, tal como está planteado, corre el riesgo de colaborar indeseadamente a extender el subempleo que caracteriza cada vez más nuestro «mercado laboral», extremadamente precarizado. Ya tenemos muchos malos ejemplos, en no pocos ayuntamientos (y es extremadamente grave que esto ocurra en administraciones públicas), de contratación de parados que están cobrando subsidios o que, sin cobrarlos, perciben ayudas municipales (muy escasas) para las familias. Bajo el subterfugio de labores de «colaboración social» se emplea a parados y paradas, a veces sin contrato laboral, para cubrir necesidades de empleo en servicios públicos, utilizándolos como mano de obra muy barata. Ya hay diversas sentencias judiciales contrarias a ayuntamientos en este sentido y el Tribunal Supremo ya ha sentenciado que debe acreditarse que se trata de labores temporales y no estructurales, y que si son labores ordinarias deben establecerse relaciones laborales ordinarias. Pero se continúa con este tipo de prácticas que son un auténtico subempleo de bajísimos salarios o con sucedáneos de salario.

Más allá de estos abusos, en las relaciones laborales de nuestro país, en gran medida por reformas laborales que han ido dando cobertura legal a prácticas laborales indecentes, se está extendiendo una precarización extrema del empleo y un segmento de trabajadoras y trabajadores subempleados que son mano de obra muy barata, con salarios bajísimos. La tendencia cada vez más extendida es la de un «mercado laboral» rotatorio, donde algunos trabajadores van pasando rotatoriamente del desempleo al empleo muy precario; su entrada y permanencia en el empleo depende totalmente de su sumisión a las condiciones que impone la empresa, las que sean. Esa tendencia se está convirtiendo en estructural y hay que tener mucho cuidado en no reforzarla.

Es este un problema muy importante que habría que afrontar y no se afronta. Porque el desempleo provoca empobrecimiento, pero el empleo precario y el subempleo también. Por eso, como dice el papa Francisco: «Es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre todo volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas para su desarrollo (…) Ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía sino a la sacralidad de la persona humana» (discurso en el Parlamento Europeo, 25-11-2014).

 

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