Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación internacional de los Movimientos de Adultos Rurales Católicos (FIMARC) provenientes de todos los continentes y elegidos por la Asamblea mundial, se han reunido en Assesse, Bélgica, para una sesión de trabajo con el tema «El derecho y el acceso a la tierra en el contexto del acaparamiento de tierras».

La tierra

Desde el comienzo de la Creación, Dios creó la tierra y la confió al hombre para que la cuide y la haga fructificar para que produzca alimentos en armonía con toda la Creación. La tierra es pues un recurso clave sin el cual ninguna vida es posible. La tierra es nuestra madre, fuimos formados en su seno y volveremos a él para nuestro reposo eterno. Las personas que poseen la tierra tienen derecho a los honores, a la dignidad y tienen el poder de control. Las poblaciones rurales definen la tierra en términos de estatus social, de acceso a la alimentación, a la educación y a la salud. En este sentido nuestra tierra es preciosa y no puede siquiera compararse con la posesión del oro, armas, vehículos, edificios, porque es más valiosa que todo lo demás. Es el misterio y la clave de la vida. «Sin tierra» significa «sin vida».

Acceso y control de la tierra

En África, Asia, América Latina y Europa las tierras se cultivaban colectivamente y los agricultores tenían acceso fácilmente a ellas para producir los alimentos para sus familias y las comunidades. Actualmente no es así y los Estados tienen el control sobre las tierras. El acceso de los pequeños agricultores a la tierra es cada vez más difícil. Los inversores extranjeros (gobiernos, transnacionales, personas individuales, etc.) tienen dicho acceso más fácil que estos pequeños agricultores. La propiedad de la tierra se facilita a través de los gobiernos, de sus funcionarios o agentes; inversores locales especulan y compran enormes cantidades de tierras. Los acuerdos se hacen en secreto entre los gobiernos, con diferentes objetivos, pero que generalmente no están diseñados para producir alimentos para la población local.

Las tierras están controladas directa o indirectamente por Estados poderosos, inversores privados, empresas de inversión o incluso instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI por medio de sus políticas y programas orientados a todo el mercado. Todo esto condiciona realmente las políticas agrarias en los Estados del Sur. Los gobiernos del África Subsahariana, de América Latina, de Asia y de Europa se han comprometido para llevar a cabo una política de privatización, lo que hace de la tierra un producto económico sólo accesible a personas que tienen el poder económico y político.

Surgen dentro y entre las comunidades conflictos violentos sobre las cuestiones territoriales. En adelante el uso de las tierras comunes ya no es posible en numerosos lugares. Consideramos que se trata de una violación del derecho de las comunidades, que tenían esta tradición y uso de las tierras en este enfoque comunitario. La privatización ha traído el alquiler de las tierras a nacionales y extranjeros, una forma sistemática de desmantelar por completo la tenencia acostumbrada y los derechos de propiedad común. Tomando como pretexto el aumento de la población, los gobiernos ceden una parte considerable de las tierras a los inversores, quienes establecen infraestructuras de vivienda y promueven la industria turística, instalaciones que nunca serán accesibles a las comunidades. El acceso a la tierra y su control por los agricultores y las colectividades locales es una condición esencial para la soberanía alimentaria.

El Acaparamiento de tierras y sus consecuencias

El acceso a la tierra y su control es un requisito previo para la realización del derecho a la alimentación para todos. Pero en los últimos tiempos el fenómeno del acaparamiento de tierras ha crecido considerablemente. Estados y empresas privadas trabajan juntos, con el apoyo de influyentes intermediarios locales, para comprar o alquilar tierras y lo que afecta a la vida y medios de subsistencia de la población rural.

Estos acaparadores de tierras obtienen beneficios de ellas sin la menor preocupación por los derechos y la dignidad de los campesinos o por la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos. Esto conduce a la marginación de los campesinos y muchos de ellos van a ser convertidos en «campesinos sin tierra». También crea un empobrecimiento de las comunidades autóctonas y locales, destruyendo la tierra, los recursos productivos, acelerando la destrucción del ecosistema por la introducción del monocultivo y agravando la crisis climática.

Como resultado de este fenómeno del acaparamiento, millones de habitantes son privados de su territorio ancestral en provecho de empresas privadas extranjeras o nacionales. Lo cual crea también, en muchos casos, un vacío social por los desplazamientos de la población. La tierra debe estar a disposición de quienes la necesitan para alimentarse y alimentar a las poblaciones locales, de forma sostenible.

La tierra, único medio de subsistencia de las poblaciones locales, es quitada a los campesinos y, a menudo, ellos son expulsados de sus tierras por la falta de protección jurídica para defender su derecho a la tierra y su ocupación. En el contexto de este acaparamiento, los pequeños agricultores se vuelven vulnerables porque el previsible beneficio motiva a los inversores e incluso a los Estados a violar las leyes y los reglamentos. La FIMARC señala las actuales tendencias a la privatización de los recursos comunes, especialmente en África, así como en las comunidades indígenas de América Latina y de Asia.

Las transacciones de arrendamiento o de venta de tierras se llevan a cabo sin el consentimiento de las poblaciones de manera transparente. La FIMARC condena esta violación del derecho de las comunidades. Igualmente constatamos el éxodo de los jóvenes debido a las diversas restricciones sobre las tierras y los recursos productivos y a la privación de los derechos de propiedad de la mujer.

La tierra debería ser considerada como un bien no especulativo, controlado por los agricultores y el derecho consuetudinario. La política agrícola debe ser decidida por el pueblo, a fin de restaurar el poder de los pequeños agricultores.

Queremos subrayar que los Estados tendrían que adoptar leyes para proteger e indicar con precisión las condiciones por las que se pueden producir los cambios en el uso de las tierras, y el procedimiento a seguir en esta materia para garantizar permanentemente los derechos de las comunidades locales. Necesitamos políticas de tierras y de regímenes jurídicos para asegurar las tierras de las poblaciones y de las comunidades locales. A fin de garantizar los derechos a la tierra para los más débiles, la aplicación de efectivas reformas agrarias es un elemento fundamental.

Tomamos nota del proceso de directrices de la FAO sobre la gobernanza de las tierras y de los recursos naturales y apoyamos este proceso siempre que las personas vulnerables y afectadas por este fenómeno sean consultadas y puedan participar en él. Este proceso debería estar basado en los derechos humanos, garantizar a las poblaciones el derecho a la tierra y apoyar la agricultura campesina familiar. Debería ser el instrumento jurídico vinculante a aplicar tanto a nivel nacional como internacional.

Criticamos a los responsables del Banco Mundial por “la Inversión Agrícola Responsable” (RAI), porque es ilegítimo e inapropiado discutir la agenda del fenómeno del acaparamiento de tierras presentándolo de una manera suave como una inversión agrícola.

El acaparamiento de tierras favorece un sistema agrícola orientado hacia el monocultivo a gran escala con el empleo de los OGM, la sustitución de los agricultores por las máquinas, el uso exagerado de productos químicos y de energías no renovables. Esta agricultura es en provecho de un pequeño número de personas y no para alimentar a la población local. Sirve únicamente para engordar los beneficios de un pequeño grupo y agrandar la pobreza de los demás.

Al unirnos en la lucha contra el acaparamiento de tierras, trabajamos por la defensa de los recursos de tierras, agua, biodiversidad, medio ambiente, etc.

En este contexto FIMARC quiere expresar su solidaridad con las luchas de las poblaciones locales en que nuestros Movimientos están activamente implicados. Por ejemplo:

• La lucha de las gentes de Orissa, en India, que son expulsadas de sus tierras por la construcción de una gran explotación minera y una acería por Posco.
• La lucha de las gentes de Fray Ventos, cerca de las orillas de los ríos Uruguay Gualeguaychu en Argentina, amenazadas de desalojo de sus tierras por la construcción de una enorme papelera de Finlandia que contaminará gravemente estos ríos.

Creemos que la agricultura familiar puede alimentar a la población de un país, de una región y debe por tanto ser promovida. Es urgente invertir en la agricultura biológica o en una agricultura más respetuosa con el medio ambiente para salvar la biodiversidad que por todo el mundo está en peligro.

Es necesario poner en práctica reformas agrarias basadas en la soberanía alimentaria para redistribuir equitativamente las tierras, para garantizar a los pequeños agricultores el acceso a los recursos naturales y productivos –en particular, a la tierra y al agua– y asegurar un control justo y equitativo de los recursos.

Por último, afirmamos que no podemos aceptar ninguna fórmula de acaparamiento de tierras y exigimos firmemente la inmediata detención de todos los proyectos acerca del mismo, porque el robo de las tierras no es ni aceptable ni negociable para las poblaciones locales.