ITD denuncia que «la crisis habitacional se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la exclusión». Para muchas personas jóvenes trabajadoras esto supone enormes dificultades para una vida en condiciones dignas y para construir un proyecto de vida. Empleo en condiciones dignas y derecho a una vivienda digna –como los demás derechos sociales– no se pueden desligar; se influyen mutuamente de manera muy importante. Muchas personas jóvenes sufren la negación de ambos derechos, por la precariedad laboral y por la práctica imposibilidad de acceder a una vivienda digna debido a los precios inasequibles del alquiler y de la compra.

Por eso, la iniciativa reivindica, a la vez, políticas para garantizar condiciones laborales dignas, combatiendo la precariedad y el desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna, ampliando el parque público de vivienda, regulando los precios del alquiler y acabando con la especulación en torno a este bien tan básico.

En este contexto, nos parece importante subrayar dos cuestiones que señala el papa León XIV en Magnifica humanitas. Por una parte, en el apartado dedicado a la dignidad del trabajo como dimensión fundamental para cuidar a las personas, dedica una reflexión a la familia y a las personas jóvenes: condiciones sociales para la esperanza (nn. 165-169), en la que plantea la necesidad de «situar en el centro a la familia y a las nuevas generaciones» (núm. 168), creando las condiciones en las que las familias puedan desarrollar plenamente su función social al servicio de las personas y los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida. En ello hay «una específica responsabilidad pública» (núm. 168), de políticas que «hagan posible la estabilidad» (núm. 169), lo que pasa, entre otras cosas, por políticas laborales que favorezcan la calidad del empleo, combatiendo la precariedad como norma, y por el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

Por otra parte, a lo largo de la encíclica, León XIV subraya dos afirmaciones fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia que, en realidad, están en la base de los derechos sociales y, entre ellos, del derecho a la vivienda. El Papa recuerda que «la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada» (núm. 66), que debe estar subordinado al destino universal de los bienes, al derecho de toda persona, por el solo hecho de ser persona, a disponer de los bienes necesarios para una vida en condiciones dignas. Y León insiste también que «la libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona» (núm. 157).

Conviene recordar que los planteamientos políticos que defienden en la práctica el carácter absoluto de la propiedad privada y de la libertad económica –dos principios utilizados con frecuencia para justificar la negación efectiva del derecho a la vivienda– contradicen a la Constitución, que subordina la riqueza del país al interés general, y al magisterio social de la Iglesia, porque atentan contra el bien común y la dignidad de las personas que exigen el destino universal de los bienes.

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