La llamada «prioridad nacional» ha irrumpido en el debate público español impulsada por la extrema derecha y asumida por sectores de la derecha conservadora para consolidar gobiernos autonómicos, pero con la perspectiva de las elecciones generales.

Se presenta como una respuesta de sentido común ante la precariedad y la escasez: si no hay para todos, primero «los de aquí». Pero detrás de esa aparente simplicidad se esconde un marco político profundamente injusto, insolidario y contrario a la lógica del bien común. Porque el problema no empieza cuando se discute quién accede antes a una ayuda pública. El problema empieza mucho antes: cuando se acepta que la cuestión principal es decidir quién merece prioridad y no por qué una sociedad rica no garantiza condiciones dignas para todas las personas.

Ese desplazamiento cambia el foco. En lugar de mirar hacia las causas estructurales de la precariedad (salarios insuficientes, vivienda inaccesible, debilitamiento de los servicios públicos, desigualdad…), se invita a mirar hacia abajo. Hacia quienes comparten las mismas dificultades. El conflicto deja entonces de situarse entre quienes sufren las consecuencias de un modelo económico injusto y quienes lo sostienen, para convertirse en una competencia entre personas trabajadoras, entre vecinos y vecinas, entre quienes peor lo están pasando.

Tampoco es casual que este marco avance de la mano de proyectos económicos ultraliberales. Quienes reclaman menos intervención pública para garantizar vivienda, empleo digno o protección social son los mismos que, después, proponen filtros de pertenencia para repartir unos derechos convertidos en escasos. Se debilita lo público y, cuando no alcanza, se decide quién entra antes en la fila.

Pero la realidad desmonta el relato. Las personas migrantes no son una amenaza abstracta ni una categoría ajena a la sociedad. Viven aquí, trabajan aquí, cotizan aquí y sostienen sectores enteros de nuestra economía y de nuestros cuidados. Y los datos desmienten la idea de una supuesta discriminación «de los de aquí». La inmensa mayoría de prestaciones sociales, como el ingreso mínimo vital, las reciben ciudadanos españoles. También los estudios muestran que la población migrante utiliza menos los servicios sanitarios que la autóctona. El problema, por tanto, no es quién recibe derechos, sino por qué hay tantas personas trabajadoras y familias que no pueden vivir con dignidad.

La «prioridad nacional» necesita exageraciones, medias verdades y miedo para funcionar. Necesita instalar la idea de que otros pasan delante. Y, sobre todo, necesita ocultar que nunca hubo tanta riqueza acumulada en tan pocas manos. Esa es la operación política.

Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. Aunque se maquille con expresiones como «arraigo» o «vinculación al territorio», la lógica de fondo sigue siendo la misma: establecer jerarquías entre personas en función de su origen o pertenencia. Y eso introduce una fractura muy seria en la convivencia democrática.

Desde la perspectiva del magisterio social de la Iglesia, esta lógica resulta incompatible con el Evangelio. La tradición cristiana católica no establece prioridades según nacionalidad, cultura o procedencia. La única prioridad son las personas y, especialmente, las más vulnerables. El papa Francisco resumió la respuesta cristiana ante las migraciones en cuatro verbos claros: acoger, proteger, promover e integrar.

Conocemos los problemas reales que viven tantos barrios y familias trabajadoras. La precariedad existe. La angustia ante el futuro también. Lo que resulta inaceptable es utilizar ese sufrimiento para señalar a quienes están en la misma situación y convertirlos en culpables.

La extrema derecha ha comprendido que muchas personas viven hoy desarraigadas, cansadas y sin horizonte colectivo. Por eso ofrece identidad, aunque sea a costa de excluir. Frente a ello, la tarea democrática, social y también cristiana pasa por reconstruir comunidad, solidaridad y esperanza compartida.

La cuestión de fondo no es quién va primero. La cuestión es si aceptamos una sociedad organizada sobre la competencia entre los últimos o si defendemos una sociedad construida desde la dignidad de todas las personas. Porque la prioridad no puede ser nacional. La prioridad ha de ser humana.

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