Si no los convertimos en una rutina superficial, el 28 de abril, Jornada Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, son dos momentos íntimamente relacionados y decisivos para el mundo del trabajo, para el conjunto de la sociedad y también para la Iglesia. Constituyen una llamada al compromiso constante, perseverante y cotidiano para hacer que el trabajo sea humano.

Son, ante todo, una afirmación práctica de la dignidad de las personas trabajadoras y de su trabajo. Como recordó el papa Francisco, en una sociedad sana «el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no es solo un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo» (Fratelli tutti, 162).

El trabajo es para la vida, para una vida en condiciones dignas. Pero esto solo es posible cuando se realiza en condiciones igualmente dignas, poniendo en el centro a la persona trabajadora y no subordinándola a la rentabilidad económica. Como afirmó Juan Pablo II, los derechos de las personas trabajadoras no pueden someterse a la lógica económica; al contrario, son «lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía» (Laborem exercens, 17).

Sin embargo, estamos lejos de este horizonte. La precariedad laboral deteriora las condiciones de trabajo y la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Y las malas condiciones laborales dañan la salud física y mental, llegando a provocar la muerte, en el escándalo persistente de la siniestralidad laboral. Esta realidad evidencia la urgencia de lo que reivindicamos en estas fechas.

Ante esta situación, la Iglesia plantea dos prioridades fundamentales. Por una parte, los Departamentos de Pastoral del Trabajo y de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española subrayan la urgencia de afrontar el deterioro de la salud y la seguridad laboral provocada por la precariedad. Es imprescindible romper la indiferencia social ante esta realidad y situar el cuidado en el centro. Cuidar a las personas trabajadoras no es una opción: es la base de una sociedad verdaderamente humana. Necesitamos construir una estructura laboral fundamentada en la ética del cuidado.

Por otra parte, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente insiste en que combatir la exclusión exige mejorar de forma sustancial las condiciones laborales. La precariedad no es solo un problema económico: es una realidad humanamente devastadora. Avanzar en justicia implica poner en el centro a las personas trabajadoras más vulnerables: las empobrecidas, las excluidas, las invisibilizadas. Solo desde ahí será posible construir un trabajo verdaderamente humano.

«Escuchar el clamor de los pobres» no es una consigna, sino un criterio evangélico y de transformación social. Desde ahí puede cambiar la realidad.

Si, en lugar de tanto ruido, cuestiones como estas ocuparan el lugar central que merecen en la agenda social y política podríamos avanzar mucho más en justicia y fraternidad como sociedad. Hemos de preocuparnos y ocuparnos en lo que es verdaderamente importante.

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