La democracia no se agota en las instituciones políticas ni en el ejercicio periódico del voto. También se juega en los espacios donde se organiza la vida cotidiana de millones de personas.

Por eso resulta significativo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya presentado el pasado mes de febrero el informe elaborado por una Comisión de expertos sobre democracia en el trabajo, primer hito visible de un proceso iniciado hace un año para impulsar una ley que regule la democratización de las empresas en el marco del diálogo social.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión lanzó una afirmación clara: España debe «completar la transición democrática democratizando las empresas». Se trata de una apelación directa a un mandato constitucional largamente relegado. El artículo 129.2 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben promover «eficazmente las diversas formas de participación en la empresa» y también «los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».

Estamos, por tanto, ante una cuestión pendiente de enorme trascendencia. Lo es para la calidad democrática de nuestro país, pero su alcance va mucho más allá. Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), se trata de una cuestión profundamente vinculada a la dignidad de la persona trabajadora y a la dignidad del trabajo. Y, desde esa dignidad, al bien común, al destino universal de los bienes y al desarrollo integral de las personas y de la sociedad, que exige promover la participación de las personas como sujetos y no como meros instrumentos. Es un factor decisivo para hacer realidad, como recordaba el papa Francisco, «que el trabajo sea humano».

La democratización del funcionamiento de las empresas y la participación de las trabajadoras y los trabajadores en su gestión es una exigencia básica de lo que Juan Pablo II formuló como «la prioridad del trabajo sobre el capital» (Laborem exercens, LE, 12). La DSI es particularmente clara en este punto. El Concilio Vaticano II afirma que «el trabajo humano (…) es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos», y añade que «en las empresas económicas son personas las que se asocian (…) Por ello, teniendo en cuenta las funciones de cada uno (…) se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa» (Gaudium et spes, 67-68). En la misma línea, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que «la relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos» (n. 281). Como subrayó Benedicto XVI, estamos ante la necesidad de «cambios profundos en el modo de entender la empresa» (Caritas in veritate, 40), para que esta cumpla adecuadamente su función al servicio de la sociedad y de las personas trabajadoras.

Resulta especialmente iluminador, en este contexto, lo que planteó Juan Pablo II sobre la propiedad. Esta debe estar siempre al servicio del destino universal de los bienes y, por tanto, del trabajo. De ahí que resulte inaceptable el dogma del derecho exclusivo de la propiedad privada de los medios de producción, cuando entra en conflicto con el respeto debido al trabajo humano. La alternativa pasa por promover formas de copropiedad de los medios de trabajo, de participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de la empresa, de modo que los trabajadores puedan sentir que se ocupan «en algo propio» (cfr. Laborem exercens, 14-15).

No va a ser un camino sencillo. Sin embargo, es una muy buena noticia que esta cuestión se haya colocado de nuevo en el centro del debate público. Sería deseable que el diálogo social diera frutos concretos para avanzar en esta dirección. Con la conciencia clara de que no se trata únicamente de elaborar una legislación –imprescindible, sin duda–, sino de promover un profundo cambio de mentalidad en la sociedad, en el mundo empresarial y también entre los propios trabajadores. Porque sin un sujeto comunitario que quiera y sostenga este proceso, no es posible avanzar en democracia en las empresas ni en una participación real que humanice el trabajo y fortalezca el bien común.

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