La Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), movimiento especializado de la Acción Católica Española, expresa su satisfacción por la toma en consideración del Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular que plantea abrir un proceso extraordinario de regularización de la situación administrativa de las personas inmigrantes que residen en España.

Consideramos importante que la amplia mayoría de las opciones políticas del arco parlamentario, han dado su voto favorable a la tramitación parlamentaria.

Nos alegra que los esfuerzos y el compromiso de las organizaciones sociales que han promovido y apoyado esta iniciativa, entre ellas la HOAC, y los cerca de 700.000 ciudadanos y ciudadanas han incorporado en la agenda política del país un debate necesario.

Constatamos la importancia de la incidencia y presión política que la Iglesia española, organizaciones eclesiales y sociales han conseguido que la ILP no decayera y fuera sometida a consideración. Ahora comienza un recorrido parlamentario, de debate, reflexión y enmiendas, sobre el que pedimos el máximo respeto y consenso posible. A este proceso legislativo pondremos toda la atención el casi centenar de entidades que apoyamos la iniciativa.

La ILP trata de dar visibilidad a las personas migrantes que residen en nuestro país –se estima que entre 390.000 y 470.000 están en situación de irregularidad administrativa–, para que pueden ejercer plenamente sus derechos ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desigualdad y desprotección social, forzados muchas veces a trabajar en condiciones de extrema explotación en la economía sumergida para sobrevivir.

Nuestro sistema de acceso a la residencia mantiene en la invisibilidad y vulnerabilidad a personas trabajadoras que viven entre nosotros y contribuyen con su trabajo de forma muy importante a la construcción de nuestra sociedad, con frecuencia en trabajos esenciales. Su situación es un signo más de lo que el papa Francisco ha llamado «un escándalo social de humanidad» que sufren las personas migrantes y ante el cual «no se pueden cerrar los ojos». Regularizar su situación es un deber de justicia que tenemos como sociedad.

Acabar con su situación de irregularidad administrativa supone respetar su dignidad como personas. La irregularidad supone su negación, la condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal y la exclusión de hecho de servicios públicos esenciales: «Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos» (Fratelli tutti, 22).

Reiteramos que nuestras políticas migratorias no son las adecuadas, que no se respeta el derecho de toda persona a emigrar para poder vivir, que tenemos que repensar en profundidad nuestras políticas migratorias y sobre la situación de las personas migrantes en nuestro país. Con demasiada frecuencia algunos utilizan argumentos falsos para oponerse a cualquier intento de mejorar en ese sentido: se habla de «efecto llamada», de que «se trata mejor a los inmigrantes que a los de aquí», de que «vienen a quitarnos el trabajo», se vincula irresponsablemente inmigración y delincuencia… Todo son falsedades.

Pero aún pesa más la indiferencia con que muchas veces no queremos ver la realidad, o la facilidad con que encontramos excusas para justificar lo injustificable. Aunque nos cueste reconocerlo, socialmente pesa mucho lo que expresa el papa Francisco: «Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona (…) Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos» (Fratelli tutti, 39).