¿Somos incapaces de dialogar? No. Hay muchas personas capaces de dialogar cotidianamente con otras que piensan distinto, incluso de llegar a puntos de encuentro desde las discrepancias. Pero, tristemente, en la política institucional hay quienes son incapaces de dialogar, porque nunca escuchan, porque viven políticamente de la permanente confrontación y crispación.

Es algo muy negativo para la convivencia social. Tenemos un serio problema con una derecha (política, mediática y judicial) que parece ser incapaz de dialogar.

Es muy triste tener que recordar que en nuestro sistema político constitucional la representación de la soberanía popular reside en las Cortes Generales (solo en ellas) y que es el Congreso de los Diputados quien elige a una persona candidata para formar gobierno. Cuando se da la gran pluralidad que hoy existe en el Congreso, que representa la soberanía popular según los resultados de las elecciones, solo hay una manera de formar gobierno y para legislar: el diálogo y el acuerdo entre quienes tienen posturas diversas. Descalificar lo que desde la mayoría de representantes de la soberanía popular se decide es un acto radicalmente antidemocrático que socava la convivencia social. Se puede no estar de acuerdo, pero no considerarlo ilegítimo.

Sobre los contenidos de los acuerdos para formar gobierno o para elaborar leyes se puede estar de acuerdo o no. Esa diversidad de opiniones no solo es legítima, además, y sobre todo… es buena. Pero no es legítimo descalificar con exabruptos y a gritos lo que desde la representación de la soberanía popular se decide. Hablar, como hacen algunos de «dictadura», «tiranía», «traición»… es, sencillamente, una peligrosa indecencia.

En el actual debate político casi todo gira en torno a la amnistía. Pero, en los acuerdos para obtener la mayoría parlamentaria que permite formar gobierno hay muchas más cosas. Algunas muy importantes, sobre todo para quienes lo pasan peor en nuestra sociedad. De ellas apenas se habla. Quienes discrepan no tienen ningún interés en hacerlo. Lógicamente, sobre la amnistía –y sobre todo lo demás– se puede estar de acuerdo o no. Sobre ello se puede dialogar y discrepar –¡con argumentos, no con exabruptos!–.

Pero, conviene no olvidar una cosa: respecto a Cataluña existe un conflicto político que viene de lejos y que se agravó con las decisiones de los partidos independentistas catalanes, que cometieron diversas ilegalidades, pero también con las actuaciones de los gobiernos del PP. Negar esto es negar la realidad. De todas formas, con independencia de la lectura que se haga de lo ocurrido, cualquiera puede entender que es necesario resolver ese conflicto –por lo que significa en sí mismo y porque el ruido que provoca dificulta dialogar de otras cosas muy importantes–. La amnistía se puede considerar un medio para ello, o considerar que no lo es. Si es o no acorde con la Constitución tendrá que decirlo en su momento, cuando se apruebe una ley concreta que se pueda valorar, la única institución que tiene legitimidad para hacerlo, el Tribunal Constitucional. No quienes siempre se arrogan la capacidad de pontificar sobre lo que es constitucional o no según sus intereses y opiniones. Porque, además, quienes niegan esa posibilidad y dicen a todo que no –basta recordar lo que dijeron sobre los indultos–, ¿qué proponen para resolver ese conflicto político? Nada. Y con nada nunca se resuelven los conflictos.

Necesitamos aprender a escuchar, a razonar y a dialogar. Y para ello necesitamos entender que la convivencia social y la resolución de las necesidades sociales no se pueden afrontar con infinitas dosis de patrioterismo, sino con el diálogo serio y sereno sobre las necesidades sociales. Y también respetando las decisiones de quienes representan la soberanía popular, aunque no se compartan.

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