Hay una enorme desproporción entre la gravedad de las consecuencias de la falta de seguridad y salud en el trabajo y la respuesta que, como sociedad, estamos dando a tantas muertes, lesiones y deterioro de la salud.

Apenas hay «alarma social» ante una realidad que debería alarmarnos mucho y urgirnos a responder: en 2022 murieron en nuestro país por siniestralidad laboral 826 personas, 121 más que en 2021. La tendencia al aumento de la siniestralidad y también al creciente deterioro de la salud de muchos trabajadores y trabajadoras es constante desde 2013. Pesa como una losa la generalizada indiferencia social, también política, ante este terrible drama. Romper esa indiferencia es fundamental.

Por eso son tan importantes los pasos que se dan y ayudan a la sensibilización social y a la búsqueda de respuestas: ahí está la labor cotidiana y la reivindicación de los sindicatos, la de acompañamiento y sensibilización que realizan las asociaciones de víctimas de la siniestralidad y las enfermedades laborales, los gestos de solidaridad y denuncia que realizamos la HOAC en muchos lugares, el creciente interés y atención por parte del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, la implicación de Iglesia por el Trabajo Decente… Y también el reciente acuerdo sobre la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 alcanzado por el Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos, así como la próxima apertura de la mesa de negociación sobre seguridad y salud laboral.

Queda mucho para asegurar el derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo. Las muertes, lesiones y enfermedades laborales son evitables, nunca deberíamos normalizarlas. Tienen causas concretas: el incumplimiento de las normas de prevención y seguridad (en muchos casos, la siniestralidad sería imposible si se cumplieran), la falta de inversión de algunas empresas en prevención y seguridad, la debilidad de la cultura de la prevención… Y en todo ello, un gran problema estructural: la precarización del empleo que deteriora las condiciones laborales. No es ninguna casualidad la tendencia a la mayor siniestralidad desde 2013, tras un largo periodo en el que fue disminuyendo. Cuando la respuesta a las crisis, como se hizo en la iniciada en 2008, va en la línea de precarización del empleo, se deterioran las condiciones de trabajo y con ellas las de seguridad y salud. No es ninguna casualidad que, en términos relativos, la mayor incidencia de la siniestralidad la sufran jóvenes y migrantes, porque sus empleos están más precarizados. Como no lo es que el deterioro de la salud sea particularmente fuerte en sectores muy feminizados y precarizados, con jornadas y ritmos de trabajo que destrozan la salud física y psíquica.

Es imprescindible dedicar más recursos a perseguir los incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo, invertir más en prevención y formación, promover el diálogo social sobre seguridad y salud… Pero, sobre todo, es necesario avanzar mucho más en cambiar elementos estructurales de nuestras relaciones laborales que precarizan las condiciones de trabajo y ponen en peligro la vida y la salud. En ello es de enorme importancia promover socialmente una cultura del cuidado de trabajadoras y trabajadores. La vida y la salud de las personas en el trabajo deben ser siempre lo primero, no la rentabilidad a costa de lo que sea. Cuidar la vida en el trabajo, porque, como señala el papa Francisco: «Lamentablemente, se considera la seguridad en el lugar de trabajo como un costo, se está partiendo de una suposición incorrecta (…) La verdadera riqueza son las personas: sin ellas no hay comunidad de trabajo, no hay empresa, no hay economía». Asumir esta convicción y traducirla en políticas concretas es el gran reto social al que hemos de responder.

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