Este año se ha agravado el sufrimiento provocado por la precariedad estructural y vulnerabilidad del mundo obrero y del trabajo. Los últimos datos de la EPA muestran un aumento del desempleo hasta una tasa del 16,26%, de la temporalidad en el empleo hasta el 24,17%, cerca de 700.000 personas ocupadas menos que hace un año, el incremento del desempleo de larga duración y entre las personas que buscan su primer empleo, 1.172.700 hogares con todos sus miembros desempleados.

El sufrimiento que provoca nuestro modelo económico es intolerable. Las salidas no son fáciles, pero hemos de comenzar a poner las bases para construir otra realidad. Una vez más, la actual crisis pone en evidencia que estructuralmente este sistema no se aguanta. La dura pandemia agrava y saca a la luz nuestras miserias.

Es urgente comenzar a caminar hacia las reformas estructurales que necesitamos para acabar con la precarización de las relaciones laborales, para extender la protección de las personas desempleadas, para una protección social suficiente de todas las familias y personas, para el acceso universal a los servicios públicos, a derechos tan básicos como la vivienda, para políticas de rentas que garanticen a todas las personas unos ingresos mínimos, etc. Pero es más urgente aún atender ahora las necesidades de quienes no pueden esperar más. Se han hecho esfuerzos en este sentido, pero son claramente insuficientes.

En las dos cosas nos encontramos ante una cuestión de prioridades, porque siempre se acaba planteando, en la práctica, que los derechos de las personas son un derivado de la economía, del crecimiento económico. El dilema es rentabilidad o personas. Estructuralmente nuestra economía siempre prioriza la rentabilidad. Eso es lo que necesitamos atajar para que la economía sea humana. Es lo que la Doctrina Social de la Iglesia plantea como cuestión central de la vida social: la prioridad del trabajo (personas) sobre el capital (cosas). ¿A qué destinamos primero los recursos?

Para dar prioridad a las personas y cuidarlas necesitamos recursos suficientes que, de hecho, tenemos como sociedad. Y para ello necesitamos una profunda reforma estructural de la distribución de la riqueza, ahora cada vez más injusta y desigual. Un aspecto importante de esa reforma es la de la fiscalidad. El debate sobre si hay que subir o no los impuestos es falaz. Ese es el discurso de aquellos para los que nunca es el momento de reformar la fiscalidad para colaborar a una distribución más justa de la riqueza y disponer de los recursos necesarios para atender las necesidades sociales. Hasta el FMI, nada sospechoso en este sentido, lo dice: hay que subir ahora los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, y hay que construir una fiscalidad más justa y progresiva.

Pero también es necesario un profundo cambio de mentalidad social para superar el virus del individualismo (que algunos disfrazan de reivindicación de la libertad de hacer lo que les venga en gana), que también mata. En esta crisis vemos muchas muestras de solidaridad, pero también de profundo egoísmo por la incapacidad de mirar y ver más allá de los propios intereses, olvidando a los más vulnerables. Necesitamos apuntar hacia la solidaridad y la fraternidad como camino de la vida social para cuidar a las personas y al planeta, para poner a las personas por encima de la rentabilidad.

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