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COVID-19 | #RegularizaciónUrgente para las personas migrantes

14 abril 2020 | Por

COVID-19 | #RegularizaciónUrgente para las personas migrantes

Más de 200 organizaciones sociales y más de 40.000 personas se han unido para reclamar la regulación extraordinaria de personas migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo.

La petición impulsada por CEAR,  con el apoyo de Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, MPDL, Ayuda en Acción, Entreculturas o el Servicio Jesuita a Migrantes España, pero también de la HOAC de Murcia y la HOAC de Valencia, entre otras, piden al gobierno español que garantice los derechos de las personas extranjeras en España y pongan en marcha una regularización extraordinaria urgente.

Esta campaña se suma a otra en la que participan alrededor de 900 organizaciones que difundieron un manifiesto elaborado por organizaciones de personas migrantes y racializadas que también exige un proceso de regularización extraordinario bajo el lema #RegularizaciónYa.

En el contexto actual de emergencia sanitaria mundial, es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo de larga duración.

Las organizaciones sostienen que el ejecutivo tiene una oportunidad para, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el camino iniciado por el gobierno portugués, garantizar los derechos de las personas extranjeras en España, al mismo tiempo que se reconoce el valor, los conocimientos y el compromiso que estas personas aportan a la sociedad, más aún en un momento como este.

La regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. Hay que tener en cuenta que las dificultades añadidas para cumplir los trámites y requisitos administrativos provocadas por la declaración del estado de alarma.

El paquete de medidas de protección social que está elaborando y aprobando el Gobierno, entre los que se incluiría próximamente el ingreso mínimo vital, no puede dejar a nadie atrás. Promover el proceso de regularización es clave para lograrlo.

Reconocimiento de la contribución de las personas migrantes

Esta medida además puede dar respuesta inmediata a las necesidades específicas que plantea la sociedad y el mundo laboral a partir de esta emergencia. Según el Ministerio de Agricultura, el sector agrario ocupa aproximadamente a 300.000 asalariados de forma temporal, de los que la mitad son extranjeros. El cierro de fronteras ha interrumpido el flujo migratorio regulado desde países como Marruecos, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Las patronales agrarias han presionado para agilizar trámites y facilitar la contratación de parados y migrantes en las campañas agrícolas ya en marcha, para las que se calcula que harán falta entre 75.000 y 80.000 empleos.

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Gobierno Central llegó a pedir “flexibilizar” la jornada laboral en el campo, haciendo suyas las palabras de la patronal agraria de la región que proponía una ampliación de jornada, de manera que las horas que se trabajen efectivamente durante este periodo de confinamiento no computen dentro de la jornada anual y que se regularicen con un trabajo compensatorio a posteriori”.

Los sindicatos ven con buenos ojos la concesión de permisos excepcionales ante las actuales circunstancias, pero advierten de que no hay razón alguna para no cumplir con los convenios sectoriales, así como las medidas de seguridad establecidas para toda la población.

Asimismo, más allá de la actual propuesta de regularización, a medio plazo debería aprobarse una política migratoria ágil y eficaz que contemple medidas permanentes como la flexibilización de los requisitos para la obtención y renovación de permisos de residencia y trabajo, dando respuesta a la realidad social desde una perspectiva realista de protección de derechos humanos.

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