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Unai Sordo: «Hay que consolidar un modelo laboral más justo»; Pepe Álvarez: «El Gobierno debe ser sensible a los más necesitados»

23 marzo 2020 | Por

Unai Sordo: «Hay que consolidar un modelo laboral más justo»; Pepe Álvarez: «El Gobierno debe ser sensible a los más necesitados»

Con un nuevo gobierno a pleno rendimiento, se abre una etapa de diálogo social imprescindible para afrontar los retos de los continuos desafíos del mundo del trabajo. Hablamos con los secretarios generales de CCOO y UGT para que compartan sus objetivos y prioridades.

Al inicio de esta legislatura, en esto corto plazo, se han hecho efectivos dos acuerdos importantes: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones. ¿Cuáles son los retos y las materias prioritarias que su sindicato va a plantear en el marco del diálogo social?

Unai Sordo: En realidad se han actualizado cuestiones que se tenían que haber cerrado en el mes de diciembre, pero que se postergaron por la delicada situación política. Hablamos de una revalorización del SMI importante porque nos sitúa en la senda de alcanzar el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura y además se ha hecho con un acuerdo social muy relevante. También de una revalorización de pensiones que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, pero demora una vez más la derogación del Índice de Revalorización de Pensiones de la reforma del 2013 –el del 0,25%– que aún está vigente, y que hay que derogar. Y yo añadiría la subida de los salarios en la función pública, que es producto de un acuerdo sindical que viene de los tiempos de Montoro.

Los retos y prioridades para CCOO están claramente definidos. Tiene que haber dos agendas reformistas. La más inmediata tiene que ver con la lucha contra la desigualdad y la precariedad, y pasa por la corrección de lo que llamamos «reformas del austericidio»: la reforma laboral del año 2012 y alguna secuela de la de 2010; la reforma de pensiones del año 2013; tampoco conviene olvidar la reforma que se hizo de la prestación de desempleo, y yo incluiría aquí la subida del IPREM que lleva años congelado en términos reales. 

En segundo lugar, tendrá que haber otro paquete de reformas que hagan frente a los retos estratégicos que España tiene como país en un momento de profundas transiciones. El primero de ellos tiene que ver con la demografía y el envejecimiento –y esto es renovar el consenso sobre el futuro de nuestro sistema público de pensiones, así como del sistema sanitario, especialmente en la atención primaria, e impulsar un sistema de atención a la dependencia–.

Un segundo reto tiene que ver con la digitalización, la robotización y, en general, con el cambio tecnológico en un momento que se califica de posfordista, pero que a la vez es neotaylorista. Este proceso tiene riesgos y amenazas, así como oportunidades. Está cambiando ya la forma de trabajar, producir y distribuir. Destruye empleos, crea otros y transforma casi todos, o al menos actividades relacionadas con los actuales empleos. 

El tercer reto tiene que ver con la transición energética y ecológica, porque ir hacia una economía neutra en emisiones también conlleva cambios muy importantes en los sectores de producción y en el modelo económico.

Teniendo todo esto en cuenta, hemos trasladado al presidente del Gobierno la necesidad de establecer un marco de diálogo social que vaya más allá de la legislación laboral. 

Al menos necesitamos una mesa industrial –por llamarla de algún modo–, en la que se aborden las políticas sobre el cambio de modelo productivo y las transiciones energéticas y ecológicas. 

En segundo lugar, una mesa sobre el modelo de formación, desde la que impulsar un modelo que va a ser central para detectar las nuevas competencias requeridas ante los sucesivos cambios ya citados; e implementar los planes de formación permanente desde una visión integral: es decir que coordine la formación reglada y la formación para el empleo, en un modelo de formación y adecuación de competencias a lo largo de toda la vida. El conocimiento es poder y la clase trabajadora no puede ser un sujeto pasivo al albur de las necesidades coyunturales de las empresas.

También hemos solicitado abrir un espacio de diálogo social sobre pensiones y, en general, sobre el modelo de protección social, que debe abordar la adecuación de la prestación de desempleo al paro de larga duración, así como abrir el modelo de renta mínima garantizada en nuestro país. Debate que no debe pasar esta legislatura sin abrirse para poner en pie un modelo de protección mucho más ambicioso que el actual.

Y, por último, lo que todo el mundo conoce, que es la mesa de relaciones laborales donde aspiramos a la corrección en profundidad de las medidas que, en materia laboral, se tomaron en la crisis y que tanto daño han hecho al mundo del trabajo. Tras esa reversión, estamos dispuestos a iniciar lo que se ha llamado «el nuevo estatuto del trabajo». Un nombre un tanto pretencioso, si se me permite la opinión, pero que, en todo caso, debe servir para actualizar una norma que viene del año 81, que ha sufrido decenas de cambios –a veces incoherentes entre sí– y que debe modernizarse ante la profunda transformación del mundo del trabajo.

Pepe Álvarez: El principal reto es el empleo, con 3.200.000 desempleados es nuestra principal preocupación. No podemos seguir soportando una situación de paro estructural como si fuera algo normal. Puede que ya sea habitual, pero no tiene nada de normal. Por eso proponemos negociar y acometer urgentemente un plan de lucha contra el desempleo, en especial para jóvenes (la mitad no tienen trabajo y si lo tienen es mayoritariamente precario) y parados de larga duración (la mitad de los cerca de tres millones de desempleados llevan más de dos años en el paro). Para ello tenemos que reforzar también  nuestro sistema de protección social y derogar la reforma laboral. Lo mismo ocurre con la formación para el empleo: tenemos que acabar con la reforma acometida por el PP, que no sirve para re cualificar a los trabajadores y dotarles de mayores oportunidades de ser empleados o para conservar su actual puesto de trabajo.

Además, tenemos ante nosotros multitud de retos, comenzando por la derogación de las Reformas laborales y de pensiones. El Gobierno tiene que derogar la reforma laboral, que precariza el empleo y empobrece a los trabajadores y trabajadoras y los ha colocado en una situación de indefensión frente a los empresarios, y también tiene que derogar la reforma de las pensiones del 2013 del Partido Popular, que empobrece a los pensionistas actuales y también a los futuros y los condena a una vida de precariedad, y realizar una revisión del sistema de Seguridad Social para hacerlo más sostenible, entre otras cuestiones, sin descartar un nuevo impuesto si es necesario.

Otro frente prioritario es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, llevar adelante nuestra proposición de ley de ingresos mínimos. No podemos mantenernos impasibles mientras vemos cómo crecen las desigualdades sociales y salariales, mientras aumentan las brechas de género y sociales, mientras vemos cómo se incrementa el número de multimillonarios y suben las retribuciones de los consejeros y altos directivos y las empresas distribuyen cada vez más dividendos.

Tenemos que lograr que el Gobierno sea sensible a los problemas de los más necesitados y dé un giro positivo a las políticas sociales, recuperando la universalidad de la Sanidad, acabando con los copagos y «medicamentazos», reponiendo la tarjeta sanitaria a los que más la necesitan, recuperando la Ley de Dependencia en los términos anteriores a la crisis y dotándola de recursos suficientes, promoviendo políticas que saquen de la pobreza a los millones de conciudadanos que se han visto hundidos en ella, impulsando la tramitación de la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por 700.000 firmas y el apoyo de la mayoría absoluta de los grupos parlamentarios, etc.

Por otra parte, exigiremos al Ejecutivo unos Presupuestos Generales del Estado sociales que atiendan las necesidades de los más vulnerables y desfavorecidos y resuelvan los problemas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.  Hay que recordar que comenzamos el año con unos presupuestos prorrogados dos veces y que provienen del último gobierno del PP, que habíamos criticado hasta la saciedad por antisociales.

Y en materia fiscal, es necesaria y urgente una reforma del sistema integral, progresiva y justa, que persiga el fraude e incremente la recaudación. No podemos admitir que las finanzas de nuestro Estado se sigan sustentando en las rentas del trabajo, mientras la elusión, la evasión y el fraude hacen que nuestra hacienda pública deje de recaudar 80.000 millones al año.

En definitiva, vamos a reclamar al Ejecutivo que acometa políticas que redistribuyan la riqueza que se está generando en este país y reduzca las desigualdades, que se han acrecentado de manera exponencial durante la crisis y, lo que es peor, durante los años de la posterior recuperación económica.

El nuevo Gobierno tiene que ser consciente de que hay que romper de manera decidida con las políticas de austeridad, que han supuesto un incremento alarmante de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Es hora de recuperar los derechos laborales y sociales perdidos y apostar por un modelo de crecimiento que llegue a todos y sea duradero y sostenible.

Y vamos a exigirle recuperar las libertades y garantías democráticas pérdidas durante la crisis y los años de gobierno del PP. Es preciso derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza, que persigue la protesta social), el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga, y establecer un compromiso real para que se respete el derecho de asilo y los derechos fundamentales de los migrantes en España y en Europa.

España debe recuperar el protagonismo perdido en el entorno europeo e internacional y vuelva a recuperar su fortaleza económica, social y democrática.

Más diálogo y más acuerdos.

Se está trasladando a la opinión pública un doble debate, al hilo de última reforma laboral. Un debate técnico, que emplaza a otro escenario, y que ha sido expresado por la ministra: «técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable», y otro de límites y de espacios de negociación con los empresarios que están dispuestos «a posibles modificaciones» aunque condicionan estos a una próxima negociación del AENC. ¿Qué opinión le merecen estas posiciones y cuál es la de su sindicato?

Pepe Álvarez: Nuestra posición es inequívoca: derogación de la reforma laboral para luego negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde a los tiempos que vivimos y al futuro que prevemos. Pero tenemos que hacerlo así porque si no partiríamos de una situación de desequilibrio en la negociación a favor de los empresarios, en la que difícilmente podríamos avanzar porque ellos ya lo tienen todo.

El proceso de desmontaje de la reforma laboral comienza con la derogación del artículo 52. d) del Estatuto de los Trabajadores, que permite despedir de manera objetiva a los trabajadores y trabajadoras por ausentarse de manera justificada por estar enfermas 9 días seguidos en dos meses, una auténtica aberración que atenta contra los derechos de las personas y su seguridad y salud.

Inmediatamente, tenemos que negociar la derogación de los aspectos relativos a la negociación colectiva, de manera que se recupere la ultraactividad de los convenios y la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa, entre otras cuestiones.

Posteriormente, tenemos que abordar los aspectos relativos a la causalidad de los despidos, la contratación y la recuperación de la autorización administrativa previa en caso de expedientes de regulación de empleo.

Y, finalmente, negociar nuevos aspectos que, a nuestro juicio, debería recoger el Estatuto de los Trabajadores, como cuestiones relativas al trabajo con plataformas digitales o la robotización.

Y esta negociación no puede ser eterna y la patronal no puede tener derecho de veto. El Gobierno, en base a la evolución de esas negociaciones y a su programa de gobierno, tiene que legislar. 

Unai Sordo: Yo siempre he dicho, no solo ahora, que esto no es un debate nominal sobre derogación, reversión, corrección etc. Nos perdemos a veces en las palabras. Tampoco comparto la idea de «los aspectos más lesivos» de la reforma laboral, porque lesivos fueron todos. Creo que es mejor que centremos de qué estamos hablando y de qué debemos hablar.

Primero. Negociación Colectiva. La reforma laboral deterioró la negociación colectiva, poniendo en riesgo su pervivencia a través de la ultraactividad con plazo fijo –un año sin acordar un convenio puede conllevar la desaparición del mismo–, permitiendo que convenios de empresa reduzcan los salarios de los convenios sectoriales aunque no haya ninguna causa económica ni de crisis de empresa. Y esto, unido a la actual regulación de la subcontratación en España, ha multiplicado las situaciones de explotación y bajos salarios. Esto es lo primero a corregir. La vigencia del convenio debe estar asegurada y los convenios de empresa no pueden reducir los salarios de los convenios de aplicación en los sectores, garantizando a las empresas subcontratadas las mismas condiciones salariales que tienen los trabajadores/as de la empresa principal o de su sector de actividad.

Segundo. Contratación y despido. Las reformas laborales fomentaron la precariedad laboral e hicieron más fácil y barato el despido, individual y colectivo. Esta lógica ha hecho que volvamos a ser el país con mayor temporalidad de Europa y con más rotación entre las personas con contrato temporal que nunca, lo que está fomentando un nomadismo laboral con efectos letales sobre la autonomía vital de millones de personas trabajadoras. Las empresas en España han consolidado una cultura de derivar el riesgo empresarial a las espaldas de los trabajadores. Ante los problemas o los cambios, contratan temporal y despiden barato y libremente. No solo las empresas pequeñas, pues la tasa de temporalidad en las empresas de más de 250 personas trabajadoras es igual de alta. Hay que romper esa inercia.

¿Cómo? Desincentivándola. La contratación temporal debe obedecer a causas que justifiquen esa temporalidad y el despido debe ser el último recurso. Para ello hay que tomar medidas, definir mejor las causas de despido objetivo y hacer que sea más costoso despedir que tomar otras medidas. Tiene que haber procesos más equilibrados en los despidos colectivos. Hoy, las multinacionales deslocalizan centros de trabajo de España, porque tienen barra libre para hacerlo. A cambio, estamos dispuestos a negociar fórmulas alternativas para cuando hay problemas en una empresa y, de forma negociada con las plantillas, se puedan adecuar las condiciones de trabajo. Y ahí una cobertura de recursos públicos –en su día se hizo con la reposición de la prestación por desempleo y se podría contemplar algún tipo de prestación al «modo alemán»– podría ayudar mucho.

Tercero. Modificación de las condiciones laborales y salariales. Hoy son un coladero. Las reformas laborales otorgaron al empresariado una enorme capacidad de modificar lo pactado en convenio colectivo, pacto de empresa o contrato del trabajador. En esta crisis, millones de trabajadores han visto reducidos sus salarios por decisiones unilaterales del empresariado que, a veces, respondían a problemas reales y otras veces no. No se sabe por qué se ha permitido que, por citar un ejemplo, el 70% de los descuelgues salariales en España entre el año 2010 y el año 2019 se hayan producido por procedimientos opacos. Nadie sabe por qué se redujeron los salarios, si obedecía a una causa real para salvar empleo o la empresa, si se pactaron con el primo del jefe… Esto no puede ser. Hacen falta unas causas objetivables y un método democrático para que, modificar las condiciones de trabajo, se haga solo cuando haga falta hacerlo, de forma negociada y no impuesta.

Si abordamos y cambiamos todo esto, que nadie se preocupe mucho por si lo llamamos derogación, reversión o corrección de la reforma laboral. Sería la recuperación de derechos laborales más importante realizada en España. Y vamos a poner todo porque así sea.

¿Qué modelo de negociación impulsará: un diálogo tripartito o bipartito? ¿Varias mesas abiertas y con autonomía en el acuerdo?

Unai Sordo: Las mesas del diálogo social deben ser tripartitas. Otra cosa es que, en función de la materia, la dinámica bipartita tiene mucha relevancia. Por poner un ejemplo, CCOO quiere evitar que las empresas puedan reducir salarios unilateralmente. Esto exige un cambio en la ley y, por tanto, hay que contar con el Gobierno, que tiene un programa político y algo que decir, obviamente. Pero si en el ámbito bipartito, paralelamente, somos capaces de pactar sistemas autónomos de resolución de conflictos entre empresa y trabajador/a, seguro que estamos más cerca de cambiar esa unilateralidad empresarial.

Creo que sería oportuno abrir varias mesas y que funcionen con cierta autonomía, porque responden a lógicas no idénticas. Algunas tienen que estar íntimamente ligadas. Por ejemplo, las de empleo y prestación de desempleo que residen en trabajo, pero las pensiones residen en Seguridad Social e Inclusión. Son materias relacionadas. Otras, como por ejemplo la formación, debieran llevar sus dinámicas y, si fuéramos capaces de acordar un modelo que mejore integralmente nuestros sistemas de formación profesional, formación dual, formación para el empleo, reconocimientos de competencias por la vía de la experiencia profesional…, me parece tan estratégico como país, que claro que debieran tener una autonomía de acuerdo, de darse la opción.

Pepe Álvarez: Tenemos que generar un marco de diálogo social amplio para abordar materias desde la lucha contra la siniestralidad laboral, la desigualdad laboral, hasta el cambio de modelo productivo, un pacto por la industria, una transición justa, las políticas energéticas, de infraestructuras, sanitaria, de educación, y fiscal, sin olvidar la recuperación de derechos y libertades, comenzando por la derogación del artículo 315.3 del código penal o la ley mordaza.

Por nuestra parte, proseguiremos nuestra actividad ahondando en la negociación colectiva y exigiendo a CEOE y CEPYME el cumplimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y que el Salario Mínimo en los convenios sea de, al menos, 1.000 euros en 2020. A la vez seguiremos exigiendo el cumplimiento de las normas y las leyes en materia de prevención y que acabemos de una vez con la lacra de la siniestralidad laboral que provoca que cada día laborable mueran dos trabajadores y trabajadoras. 

La nueva legislatura tiene que convertirse en una oportunidad para apostar por un país de progreso. De lo contrario, todos nos convertiremos en un fiasco para la sociedad, que tiene muchas esperanzas depositadas en este nuevo tiempo político. 

Cuáles son los límites, ¿plantean líneas rojas? ¿Hay previstos tiempos o serán negociaciones abiertas?

Pepe Álvarez: Los límites ya están marcados por las políticas que hemos estado padeciendo.

El Gobierno tiene que situar el diálogo y la negociación en el centro de sus políticas. Es imprescindible un compromiso firme por la negociación y el consenso, con el fin de que las medidas aprobadas beneficien a todos los sectores económicos y sociales de este país.

Para UGT, las políticas que desarrolle este nuevo Ejecutivo los próximos años van a ser determinantes para recuperar a las personas, para anteponer los derechos sociales a los intereses económicos, para encarar de manera real y definitiva la recuperación y mejorar la vida de los ciudadanos.

En cuanto a los tiempos, la gente no puede esperar. Las negociaciones no se pueden eternizar y el Gobierno tiene que saber que si no adopta las políticas necesarias, defraudará a la mayoría que les ha apoyado y al país en su conjunto.

Unai Sordo: Yo no soy muy partidario de poner líneas rojas que a veces esconden más slogans que otra cosa. Es obvio que sin una profunda revisión de la reforma laboral todo se complicaría. Los tiempos son importantes, porque cada día que la legislación laboral permanece intacta hay un despido de una persona enferma, un temporal despedido con una indemnización mísera, alguien a quien le recortan el sueldo injustamente.

Por eso, la primera fase de los cambios legislativos debe ser rápida. Son materias de las que ya hemos hablado en la anterior legislatura, y en pocas semanas hay que decidir si hay margen de acuerdo con CEOE o no. Y de no haberlo, el Gobierno tendrá que actuar.

La segunda fase tampoco debiera demorarse. Es un poco más compleja y necesitaremos seguramente algún mes más para abordarla, pero sería muy importante que lo que salga de ahí sirva para consolidar durante mucho tiempo un modelo laboral más justo en España.

Y hay otras materias que requieren de un diálogo y una negociación permanente. Sin plazos, porque la formación, la política de impulso de la digitalización o nuestros sistemas de pensiones y protección social requieren de medidas continuadas en el tiempo. Urgente es la derogación de la reforma de pensiones del 13, e ir tomando medidas sobre la estructura de ingresos de la Seguridad Social.

¿Está garantizada la unidad de acción sindical? ¿Habrá una propuesta unitaria?

Unai Sordo: Totalmente. Los objetivos sindicales son compartidos y en ese terreno la unidad de acción en España es irreversible y está muy consolidada. La propuesta unitaria ya existe desde el momento en que hicimos un planteamiento programático antes de los últimos procesos electorales. En este momento la estamos actualizando y la haremos pública en las próximas semanas. No sabemos si como propuesta global o de manera parcelada, para que lo que tiene que ver con reforma laboral y de pensiones no «se coma» todo lo demás. Pero, en todo caso, son decisiones más de índole comunicativa que de fondo. Las propuestas sindicales en las mesas serán compartidas.

Pepe Álvarez: La unidad de acción no está en duda. Como viene siendo habitual, CCOO y UGT elaboraremos plataformas conjuntas. 

¿Se plantean abrir un proceso de movilización para acompañar el diálogo social? ¿También con la sociedad civil?

Pepe Álvarez: Aún no han pasado 100 días del nuevo Gobierno y hay que darles margen. Pero vamos a mantener informada a la sociedad de lo que proponemos y lo que nos jugamos. El nuevo Gobierno tiene en sus manos reparar las fracturas abiertas en nuestro país durante los últimos años y tomar medidas de choque para proteger a las familias que tanto están luchando por salir de la situación de pobreza en la que se encuentran desde hace mucho tiempo (uno de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza).

Unai Sordo: Sin duda. Para CCOO hay dos escenarios de movilización. Uno sería de presión, en caso de que las negociaciones encallaran y el Gobierno no atendiese al compromiso social de las posiciones sindicales. Somos conscientes que va a haber serias resistencias a algunas medidas de carácter laboral, fiscal, en materia de pensiones o de servicios públicos. La combinación de intereses económicos, las posiciones políticas de desgaste del Gobierno con administraciones como la Comunidad de Madrid, instalada en una especie de «secesión fiscal», y los límites de España, producto de los pactos de estabilidad europeos y objetivos de déficit, pronostican un escenario nada sencillo.

Esa posibilidad de movilización para la presión, se dé o no, tiene que ir acompañada de una movilización para la socialización de la propuesta sindical. Y esa se va a dar en cualquier caso. Y para ello, el diálogo con la sociedad es clave. No ya en las medidas más estrictamente sindicales, que trataremos de impulsar mediante un proceso de asambleas y posición pública en el entorno del 1º de Mayo, sino en cuestiones muy relevantes. Cito dos, como ejemplo.

La vivienda. Una de las propuestas en las que creo que el sindicalismo debe dar un salto adelante es en materia de precio de la vivienda y, sobre todo, del alquiler. Hay que garantizar el acceso a una vivienda digna a un precio asequible. Hoy en día la renta disponible de la clase trabajadora no propietaria que se va en alquileres o hipotecas, es disparatada. Se puede decir que en España las tasas de paro y la dictadura del precio de la vivienda son los elementos de empobrecimiento y disciplinamiento reivindicativo más duros para la clase trabajadora. Y aquí hay una riqueza de movimiento social que queremos potenciar y con la que queremos confluir desde una propuesta sindical.

La otra es la igualdad de género. La asamblea de mujeres sindicalistas que va a realizar CCOO pretende que esta cuestión siga siendo central, no ya en la agenda sindical sino en la social y política. La reacción ultra que ha provocado el empoderamiento de las mujeres, reflejado en los últimos 8 de marzo, nos da la medida del potencial transformador del feminismo. Esto tiene que tener continuidad y la vertiente de clase debe cobrar papel. El feminismo es un elemento de identidad aglutinante enorme porque mujeres muy diversas sufren distintas formas de desigualdad y/o discriminación. Desde la brecha salarial hasta la violencia machista; desde los estereotipos de género, hasta el acoso o los micromachismos cotidianos.

Junto con esta identidad de género que tiene elementos de transversalidad, el sindicalismo feminista debe poner encima de la mesa las desigualdades materiales relacionadas con la brecha salarial, los suelos pegajosos, la feminización del trabajo atípico o el tiempo parcial… La desigualdad de género implica mucho más que la desigualdad material, pero sin corregir esta difícilmente se cuenta con la autonomía de vida para una igualdad plena. Y esto nos apela a la confluencia con los movimientos sociales feministas.

 

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