José Luis Palacios | Pujan Koirala, de 22 años, de origen nepalí, murió mientras trabajaba para Glovo con la cuenta de otra persona, tras ser atropellado por un camión de la basura en Barcelona, a donde llegó desde Berlín.

Su muerte ha vuelto a reabrir el debate sobre el modelo de negocio y las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Llevaba poco tiempo en nuestro país, unos cuatro meses y no tenía papeles. Según la compañía de reparto a domicilio, el fallecido operaba con la cuenta de otra persona. El atropello ocurrió una noche de sábado, cuando la demanda es más alta y la plataforma digital exige al menos dos entregas por hora.

La reacción a la muerte de un compañero fue la inmediata convocatoria de actos de protesta, en especial, en Barcelona, donde nació Glovo. Los directivos salieron al paso como pudieron ante las denuncias. La firma ha anunciado su disposición a pagar la indemnización a la familia del nepalí. Los repartidores cuentan con un seguro privado. «La seguridad en la carretera es una prioridad», insisten, y explican que, en las entrevistas previas, informan sobre seguridad vial.

Dani Gutiérrez, de Riders por derecho, sostiene que «existe un seguro privado en caso de muerte, pero no, si te rompes una pierna. Está claro que no van a la raíz del problema y que no hay seguridad para los trabajadores, ni derecho a baja por enfermedad».

La compañía declaró a los medios su esfuerzo por controlar el realquiler de los perfiles, el fraude de las cuentas que permite a otra persona distinta de la autorizada trabajar para la empresa. Algunas informaciones periodísticas apuntan a que la persona que usa la cuenta cedida paga el 30% de lo ingresado.

Pero las declaraciones de los trabajadores apuntan, más que al realquiler, a la necesidad. «Hay muchos que funcionan así y con un perfil en cada plataforma trabajan tres o cuatro personas. Sin ese sistema, no podrían cubrir los periodos de alta demanda, no somos suficientes», afirmaba uno de ellos en un periódico de tirada nacional.

Gutiérrez tiene su propia versión: «Puede que le dejen la cuenta a otra persona que no tiene papeles y que de otra manera no la conseguiría, pero no creo que nadie se lucre por ello, es un favor entre ellos».

Glovo considera a los repartidores como socios, a los que cobra dos euros cada 15 días por usar la aplicación de móvil. Defiende que se trata de trabajadores autónomos con flexibilidad para elegir horario. Se calcula que hay 1.500 en Barcelona y 7.000 en España.

El sueldo medio de alguien que trabaja 27 horas a la semana, según Glovo, es de 1.100 euros al mes, alrededor de 4,5 euros el pedido. Descontando el IRPF y la cuota de autónomos quedan 651,7 euros. El repartidor pone el vehículo y su mantenimiento, el móvil y le compra la mochila a la empresa. Constantemente son evaluados y si no cumplen los objetivos marcados, son relegados a las horas de menos demanda y por tanto acaban ganando menos.

Glovo, Deliveroo, Ubereats o Stuart son el ejemplo de economía de plataformas que utilizan el trabajo autónomo para ahorrarse costes y responsabilidades. Las organizaciones de trabajadores en cambio consideran que utilizan la figura de los «falsos autónomos», ya que son personas que trabajan para una única empresa que les impone las condiciones, por lo que exigen contratos como trabajadores por cuenta ajena.

La Inspección de Trabajo de Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona considera que existe relación laboral con estos repartidores de Glovo o Deliveroo. Pero no hay unanimidad en los tribunales, al menos, por ahora, aunque ha habido ya importantes sentencias reconociendo la relación laboral de los repartidores

CCOO ha anunciado que si las plataformas siguen sin reconocer la laboralidad del colectivo «solo traerá conflictividad y, desgraciadamente, como ha sido el caso, sufrimiento. Mientras no se abran a regular esta situación solo quedará la actuación de la Inspección de Trabajo, de los Tribunales de Justicia y las movilizaciones de los trabajadores».

También explica que el pasado 29 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicaba la ampliación del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que contempla la introducción en este ámbito funcional de los repartidores de comida a domicilio. Según su posición, la Inspección de Trabajo debe considerarles como trabajadores por cuenta ajena y no falsos autónomos, y debe tener en cuenta factores de seguridad vial, paralización de actividad por condiciones climatológicas adversas, mantenimiento de vehículos, cascos y que la ropa de trabajo (cazadoras, guantes, pantalones, calzado) sean considerados equipos de protección individual, entre otras medidas.

UGT presentó ante la Fiscalía de Barcelona una denuncia contra la empresa de reparto a Glovo, dado que la compañía habría incurrido en varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Según el sindicato, impone a los trabajadores, «mediante engaño o abuso de situación de necesidad», condiciones laborales y de Seguridad Social que «perjudican, suprimen y restringen los derechos que tienen reconocidos por las disposiciones legales».

Riders por Derechos ha instado a la Inspección de Trabajo a que actúe de oficio en el caso del repartidor fallecido para que se reconozca la relación laboral y se pongan los medios para evitar más accidentes. Al ritmo que tienen que trabajar, cobrando cuatro euros la hora, son muchos los incidentes en los que se ven involucrados. Ni los usuarios de bicis ni los de las motos llevan un casco a juego con las mochilas que sí llevan los logos de las empresas.

La muerte de Pujan es la punta del iceberg, aseguran los trabajadores. La gota que colma el vaso de la paciencia de estos considerados falsos autónomos ha sido la muerte de alguien que trabajaba sin estar reconocido, ni siquiera, como trabajador.