En un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, que hace aumentar la pobreza, la exclusión y el sufrimiento humano, proponen al Gobierno cinco proyectos de ley que atiendan las necesidades más básicas.
El viernes 1 de junio a las 14h (hora local) finaliza una marcha que habrá recorrido el país latinoamericano durante cinco días. Más de doscientos mil trabajadores y trabajadoras, según las fuentes consultadas, organizados en torno a 40 organizaciones de base de la economía popular (precarizados, desocupados e informales) confluirán en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para presentar al Congreso sus propuestas y exigir una agenda política y social, que atienda las necesidades básicas de personas que han sido no solo expulsadas de sus trabajos sino «descartadas» por el sistema. Su grito compartido es «pan, paz, tierra, techo y trabajo».
La economía popular es aquella que generan los propios trabajadores y trabajadoras, recuperando determinadas fuentes del trabajo y que les permita vivir con dignidad. Organizados en torno a los movimientos populares –equivalentes aquí a los movimientos sociales–, son una parte muy importante de las organizaciones de base de todo el mundo que mantienen un diálogo abierto con el papa Francisco a través de los encuentros mundiales, un espacio que promueve la cultura del encuentro y busca la organización de las personas excluidas. En este ámbito de hermanamiento, han coincidido con el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos y con militantes de la HOAC, haciendo efectiva una solidaridad globalizada que reclama «los derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra» y que hoy se renueva en esta lucha social.
Situación social
El empobrecimiento, el hambre y la exclusión empeoran entre las familias de los trabajadores de la economía popular. La realidad mostrada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina es dramática y es una emergencia nacional: el 31,4% de argentinos viven en una situación de pobreza, lo que representa a unas 13,5 millones de personas. Un 5,9%, cerca de 2,5 millones de personas, está en situación de indigencia. El 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza son niños. El 34,1% muestra problemas de conexión al agua corriente, servicio de red de alcantarillado o conexión de electricidad. En tanto, el 21,4% de los hogares muestra que carece de una vivienda digna. Esta realidad implica además que se amplió la desigualdad.
En este contexto, las organizaciones convocantes declaran que las políticas anunciadas por el Gobierno «no son alentadoras» y que el rescate solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el presidente Macri, aumenta la incertidumbre a mayores recortes de derechos y las consecuencias sociales que «repercutirán entre la población más humilde».
Una movilización y 5 propuestas legislativas
Junto a la lucha expresada en la marcha por el país de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, incorporan 5 propuestas concretas para que el Gobierno atienda sus reclamaciones, como son las leyes sobre Emergencia Alimentaria: con el objetivo de prevenir la malnutrición (40%) de niños, niñas y adolescentes y garantizar acceso a una cesta básica alimentaria para familias necesitadas. De Integración Urbana: que mejore la situación de más de 4.300 barrios humildes, evite desalojos y garantice servicios públicos esenciales. De Infraestructura Social: con la urgente necesidad de crear un millón de puestos de trabajo, mediante obra pública que sea realizada por cooperativistas de la economía para que puedan dar sustento a miles de familias de trabajadores. De Emergencia en Adicciones: que prevenga el consumo de sustancias y promueva la inclusión laboral de personas procedentes de estas situaciones. Y una Ley Agricultura Familiar: para garantizar el uso de la tierra por los agricultores familiares que desarrollen en ellas un trabajo productivo.
Apoyo del movimiento sindical y de la Pastoral Social de la Iglesia
Las marchas y las reivindicaciones de los movimientos populares tienen el apoyo de los principales organizaciones sindicales, que «expresan su solidaridad» y llaman a participar en la etapa final de la marcha que finalizará en Plaza de Mayo de Buenos Aires. Por su parte el obispo Fernando Maletti, miembro de la Pastoral Social, subrayó recientemente en un encuentro motivado por las propuestas legislativas planteadas, la importancia de «sentirse más ciudadanos y no tan solo habitantes» denunciando que «no solo unos pocos crezcan, sino que se garantice a todos lo que le corresponde como derecho», en clara alusión a las desigualdades existentes en el país.