Mari Carmen Barrera* | Denunciamos que los presupuestos para 2017 en materia de políticas de empleo siguen siendo insuficientes, profundizan en la desprotección de las personas, debilitan el papel de los servicios públicos de empleo y olvidan la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 recorta el gasto en empleo un 4,8%, intensificando la precarización que estas políticas han sufrido en España en los últimos años. No se puede entender que el gasto total en tales políticas pueda caer de nuevo en 2017 en un contexto macroeconómico marcado por la recuperación, tal y como asegura el Gobierno en su actualización del cuadro macro, y de un ajuste fiscal menos exigente.

Por un lado, la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.318 millones de euros, un 7,6% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 3,7 millones de personas están en paro, la tasa de cobertura no logra subir del 56% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.

Por otro lado, el presupuesto de fomento de la inserción y la estabilidad laboral, que aglutina las partidas de políticas activas de empleo, se dotará de 5.487 millones, un 6% más que en 2016, pero el ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo, sino que se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación.

En conjunto, el presupuesto de políticas de empleo para 2017 cae un 4,8% respecto a 2016. Un descenso que se acumula a los de años anteriores y deriva en una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38,5% entre 2010 y 2017. En 2010, con 4 millones de desempleados, una tasa de cobertura del 78,4% y un ratio de paro de larga duración inferior al 43%, el presupuesto total alcanzó 38,7 millones de euros. Ahora, en 2017, con 3,7 millones de parados, una tasa de cobertura del 56% y una tasa de desempleo de larga duración del 57,3%, el presupuesto es solo de 23,8 millones.

Este presupuesto es insuficiente para atender a más de 3,7 millones de parados, teniendo en cuenta que por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de Empleo se van a destinar 6.339 euros, 3.196 euros menos que en 2010 (9.535 euros) y muy lejos de los niveles europeos de referencia. La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,5 millones de euros (entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-6,5%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo, PAE, (-20%).

En este sentido, cabe destacar la caída del presupuesto de la ayuda del PAE, que pasa de 350 a 280 millones, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que la próxima prórroga del programa cubrirá a más personas desempleadas de larga duración debido a la modificación en algunos requisitos de acceso. Algo difícil de creer con unos presupuestos para el programa que caen un 20%.

Desde UGT venimos denunciando que el criterio seguido en los presupuestos es puramente económico y se basa en una previsión sobre la creación de empleo que peca de excesivo optimismo. Para nosotros, este criterio no puede prevalecer, porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no solo es consecuencia del menor número de personas desempleadas (a veces que ni siquiera encuentran un empleo y pasan a la inactividad por efecto desánimo, sin protección), sino sobre todo del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas. Factores que han conducido a una rebaja de la tasa de cobertura, que ha pasado del 78,4% en 2010 al 56% al comienzo de 2017, dejando a más de 1,7 millones de personas fuera del sistema de protección.

Para el sindicato existen otros criterios no económicos que son determinantes y que se centran en la situación de desprotección de las personas. Este presupuesto no es coherente con un país que, a pesar del crecimiento del empleo (de peor calidad, eso sí), presenta una tasa de paro del 18,6%, con 4,2 millones de parados (EPA) y un 57,3% de las personas en paro que lleva más de un año buscando empleo (muy por encima del 42,6% del año 2010), siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (el 42,4% de los desempleados).

Por todo ello, manifestamos que hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo que deben ser atendidas. El Gobierno debe convencerse de que no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos de esta partida, sino el grave debilitamiento del sistema de cobertura. Además, se trata de un presupuesto que no está orientado –como plantea UGT– a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar (de forma ineficiente) la contratación.

La partida de bonificaciones a la contratación crece un 14,3% y cada año tiene un mayor peso proporcional en la cuantía total de las políticas activas. Unas bonificaciones muy cuestionadas desde el ámbito académico y sindical, puesto que nadie evalúa la verdadera necesidad de la ayuda para realizar una contratación que podría haberse realizado del mismo modo sin la misma.

Por último, es incomprensible que la partida de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal y la de modernización de los servicios públicos de empleo permanezcan congeladas otro ejercicio más, en un país donde cerca de 2,6 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 1,9 desde hace más de dos.

A lo largo de la crisis venimos reclamando un verdadero plan de choque que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción y que incluya políticas activas centradas en mejorar la empleabilidad de las personas. Asimismo, también hemos reclamado que estas medidas deben ser desarrolladas desde unos Servicios Públicos de Empleo de calidad. Cada vez es todo más urgente.

* Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT