A la vista de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2016, la ministra Fátima Báñez dice que «hoy, gracias a la flexibilidad introducida, todo el crecimiento económico se traduce en creación de empleo». En cambio, los sindicatos denuncian que la pretendida recuperación se basa en la generalización de la precariedad.

El caso es que persiste una tozuda realidad: el 30% de la población española está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, una de cuyas causas fundamentales es el desempleo y la extrema precariedad del empleo.

Según esta EPA, el desempleo ha disminuido en 541.700 personas, situándose en 4.237.800 el número de personas desempleadas (el 18,63%, 2,26 puntos menos que en 2015). Sin embargo, la población activa también ha disminuido, por lo que la «creación de empleo» es menor que el descenso del desempleo. La temporalidad sigue creciendo y se sitúa en el 26,5%.

También crece el empleo a tiempo parcial, que alcanza ya el 15,3% del total de ocupados, la mayoría de los cuales no lo han elegido sino que es lo único que encuentran. Junto a ello, está enquistado el paro de larga duración: más del 56% de las personas desempleadas llevan más de un año buscando empleo. Y la tasa de cobertura por desempleo sigue bajando: el 45% de los desempleados registrados en Servicios Públicos de Empleo están ya fuera de esa cobertura tan necesaria.

Pero los datos estadísticos son algo bien distinto a la realidad concreta de las familias trabajadoras. La situación del empleo en nuestro país es muy negativa y no mejorará si seguimos por el mismo camino que hasta ahora. Es negativa porque el trabajo se considera un derivado de un sistema económico que se rige por el criterio de la máxima rentabilidad, cuando debiera ser el elemento central desde el que se ordenara el sistema económico, para responder así a las necesidades de las personas (san Juan Pablo II).

Desde la premisa ideológica de que para generar empleo lo imprescindible es el crecimiento económico, se toman decisiones orientadas a incrementar la rentabilidad, precarizando el empleo para abaratarlo y adaptando forzosamente las condiciones de vida y trabajo de las personas a lo que exija el criterio supremo de máxima rentabilidad. Eso han sido las últimas reformas laborales.

Pero así no se crea empleo en el sentido que tradicionalmente hemos dado a ese concepto: trabajo digno. Más bien ese crecimiento económico lo que genera son contratos en su mayoría precarios, de corta duración, a tiempo parcial, con peores condiciones…, en síntesis más baratos y rentables. Y no es eso lo que necesitan las personas y las familias. Ese no es el camino y sí lo es ordenar la economía hacia la necesidad de trabajo digno para las personas e ir así construyendo una sociedad más decente.

Necesitamos que ese sea el objetivo social respecto al empleo, tal como han planteado nuestros obispos: «Para que el trabajo sirva para realizar a las personas, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable (…) el empeño social para que todos puedan poner sus capacidades al servicio de los demás (…) La política económica debe estar al servicio del trabajo digno (…) para generar un empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad» (Iglesia, servidora de los pobres, 32).

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