José Luis Palacios | Nuria Díaz es coordinadora de Incidencia y Participación Social de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tras terminar sus estudios jurídicos, se ha volcado en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

A día de hoy, ¿en qué han quedado los compromisos asumidos por nuestro país en materia de refugio tras la conmoción vivida por las muertes masivas en el Mediterráneo?

El gobierno de España asumió varios compromisos. En el ámbito europeo, en las reuniones del Consejo Europeo, tras los naufragios de principios de 2015, se comprometió a reubicar a unas 16.000 personas que ya estaban en Grecia e Italia, en territorio europeo, en los próximos dos años. Hasta la fecha apenas han llegado 400 personas, muy por debajo de lo comprometido, y de lo que sí han hecho otros países europeos. Además, asumió el reasentamiento de cerca de 1.500 personas de terceros países, de fuera de la Unión Europea. También aquí estamos por debajo de la mitad. Nuestro país está a la cola, de lo que han hecho otros países europeos. Somos ejemplo de lentitud y de falta de voluntad política.

Pero es que España no deja de tener además de estos compromisos otras obligaciones con las personas que llegan por diferentes vías, ya sea a través de las fronteras marítimas, aeroportuarias o lo que llamamos frontera sur. Y en estas fronteras, en muchos casos , no se respeta el derecho de asilo y refugio. Las devoluciones en caliente para nosotros son ilegales. Hay infinidad de obstáculos para hacer efectivo el acceso al derecho de asilo.

¿Qué ha hecho Europa desde entonces y qué mecanismos existen para hacer cumplir ese polémico plan de reparto de refugiados?

En general ha demostrado una falta de solidaridad y falta de rapidez y eficacia enormes. Desde el momento en que se sucedieron los naufragios hubo muchas reuniones a nivel europeo, convocadas con lentitud. Pero es que el resultado fue frustrante. Se acordó la reubicación de 160.000 personas que habían llegado a Grecia e Italia y el reasentamiento de 20.000 personas presentes en otros países de fuera de la UE, cuando el número de personas desplazadas que habían llegado a Europa superaba el millón. Se ha acordado un mecanismo lento e ineficaz y lo que es más grave desactualizado y desfasado ante la realidad de la llegada de personas en peligro.

¿Ha habido un giro en la política europea de refugio en los últimos años?

No ha habido un giro, sino que es la expresión más cruel de las políticas de migración y de asilo que se vienen aplicando en las últimas décadas. La Unión Europea, en los últimos años, se ha centrado en el control de las fronteras, sin respetar los derechos y las vidas humanas , sin atender a los acuerdos sobre refugio y asilo. Se han firmado acuerdos con terceros países, como el de la Unión Europea con Turquía, inspirados en lo que viene haciendo España con respecto a Marruecos sobre control migratorio. Se trata de convertir a estos países de fuera de Europa en los gendarmes de nuestras fronteras y de paso alejar nuestras fronteras un poco más, se han externalizado las fronteras para que sean otros los que se encarguen. Hay que recordar que hablamos de países donde no se cumplen los estándares mínimos de derechos humanos, países donde se violan los derechos humanos y donde no hay garantías de un sistema de protección internacional efectivo del derecho de asilo. Europa ha firmado un acuerdo con Turquía, considerándolo un país seguro para los refugiados, cuando las organizaciones de la sociedad civil decíamos que era un acuerdo ilegal e inmoral por dar cobertura a la devolución de personas a un país que pone sus vidas en peligro. Sabemos que ha habido sirios que han sido deportados por Turquía a su país, a pesar de la guerra.

¿Cómo es el proceso para conceder el asilo a una persona refugiada?

El asilo se solicita en frontera y en territorio. Si se admite a trámite, a la persona solicitante se le da una tarjeta, gracias a la cual tendrá acceso a determinados derechos y ayudas básicas. Esas personas son acogidas en centros gestionados por el ministerio o por organizaciones no gubernamentales, como la nuestra. Una vez que se resuelve la solicitud, si es positiva, la persona se convierte en refugiada, con estatuto reconocido. Si es rechazada, queda como migrante en situación irregular.

España aplica criterios muy restrictivos en la concesión de asilo. El número de solicitudes con resultado positivo es muy bajo. Hay muchas personas a las que debería concederse ese estatuto que quedan en situación irregular. Por ejemplo, en el último año del que tenemos datos, en 2015, precisamente cuando más solicitudes ha habido, por la llegada de personas de Siria, Mali o Ucrania, el porcentaje de concesiones has sido menor incluso que el año anterior. Muchas solicitudes, como ha pasado con la de personas procedentes de Ucrania y de Mali, se guardan a la espera de que se resuelvan estos conflictos.

El Estatuto de Refugiado concede los mismos derechos que tienen las personas con nacionalidad española, como es el derecho a trabajo, a tener unas prestaciones económicas básicas, aunque sean limitadas, a la reagrupación familiar… En la práctica, resulta muy difícil ejercer esos derechos. Son personas que se encuentran con un mercado laboral tocado, con mucha discriminación, no dejan de estar en situación de vulnerabilidad y despiertan muchos recelos, por su color de piel, por su propia situación. Luego hay dificultades en la homologación de títulos, por lo que no pueden ejercer su profesión y acaban en el mejor de los casos en puestos poco cualificados.

 ¿La línea que separa a una persona migrante de una persona refugiada es tan obvia?

La línea que separa a una persona que migra por motivos económicos de otra que sale de su país porque su vida está en peligro es muy delgada, pero es importante recordar que tanto los migrantes que no entran en la definición de refugiados, como los que sí, tienen derechos y deben ser respetados. Desde luego, en el caso de los refugiados, existe una protección especial, pero todos tienen sus derechos. Hay que hacer bien la identificación para dar esa protección especial asociada al derecho de asilo.

Las personas con el perfil de solicitante de asilo suelen reflejar en su relato migratorio la persecución que sufren y el riesgo patente para sus vidas pero en algunos casos es difícil darse cuenta. Ocurre con las mujeres, que por su entorno cultural, miedo o por desconocimiento de que la violencia sexual, la explotación sexual o el matrimonio forzado son motivos para solicitar el asilo, no relatan esas circunstancias y tienen que ser los profesionales que intervienen los que consigan que salgan a flote. Pero cuando hay conflicto en un país o persecución por motivos políticos es fácil identificarlo. Es cierto que luego las autoridades, las españolas pero también del resto del mundo, no prestan la misma atención y en muchos casos buscan resquicios para aplicar sus políticas restrictivas y disuasorias. El derecho de asilo en Europa es difícil de llevar a la práctica.

¿Qué espera CEAR del Gobierno recién formado en materia de asilo y refugio?

Le hemos transmitido ya cinco propuestas urgentes, cuya puesta en marcha es realista en el corto plazo. Pedimos la retirada del apoyo al acuerdo con Turquía, el cumplimento de la reubicación y el reasentamiento para 2017, de forma responsable y sostenible para convertirnos de verdad en país de acogida y en país cumplidor. También, levantar los obstáculos en la frontera sur para que se respete el derecho de asilo, la retirada de la cobertura legal que se ha querido dar a las devoluciones ilegales en caliente y una postura garantista de España en el marco de las negociaciones europeas para que en los procedimientos y reglamentos que se establezcan no se tienda a la baja.

¿Cree que la crisis del derecho a asilo y refugio ha dejado de preocupar?

No. A pesar de que mediáticamente hay altibajos en la información, la situación actual es de tal gravedad que es un asunto que está y estará en las agendas políticas y también en los medios. Estamos sufriendo el mayor éxodo de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial. La situación en Europa y el panorama mundial, del que no podemos sustraernos, hacen que sea un asunto que está en la agenda.

Desde luego, la reacción de la ciudadanía ha sido muy positiva. Ha habido mucha solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada y de los ciudadanos a título individual. Esa solidaridad se tiene que consolidar en el medio y largo plazo, para que no quede en algo espontáneo. La movilización ciudadana ayuda a que los gobiernos se vean presionados a cumplir sus compromisos, en el caso de España, los que se derivan de la Constitución, de las leyes que se ha dado en esta materia y de los acuerdos y convenios internacionales.

¿Qué nos jugamos como sociedad si se cuestiona o restringe todavía más la política de refugio?

Nos estamos jugando el propio derecho de asilo, los derechos humanos, ser la Europa de los Derechos Humanos y la Europa social. Nos lo recordarán las generaciones futuras, un día nos dirán: ¿qué hicisteis en ese momento, por qué repetisteis los mismos errores que en el pasado?

¿Qué supuso el viaje del papa Francisco a Lesbos y sus reiteradas muestras de preocupación sobre la situación de las personas migrantes y los solicitantes de asilo?

Todos los mensajes encaminados a que se respeten los derechos de las personas refugiadas ayudan a avanzar y su contribución es muy valiosa. Sé que ha habido pronunciamientos de la Iglesia en España en parecido sentido y animamos a que haya más declaraciones, de cuantos más sectores, mejor. Hay que unir fuerzas para avanzar y para no olvidarnos de que estamos hablando de personas. Todos los esfuerzos son bienvenidos. Tenemos relación con Cáritas y con otras organizaciones católicas y nos parece que hacen una labor fundamental.