Lourdes Lucía* | Es posible que en los tiempos que corren, en los que prima la competitividad por encima de la solidaridad, cuando se hacen promesas electorales de bajar impuestos como si eso fuera un bien para la sociedad, este lema de Justicia fiscal, justicia social suene extraño. Seguramente muchas personas piensan que lo mejor es que no haya impuestos o que estos sean muy bajos.

Y esto es comprensible cuando el peso fundamental de los impuestos recae sobre los que menos tienen, cuando se privilegia a las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo. Por ejemplo, el Estado ha recaudado este año tres veces más por el IRPF (el impuesto sobre las rentas de las personas físicas) que por el impuesto de sociedades (empresas). En una sociedad en la que existen numerosos mecanismos (SICAV, ETVE…) que permiten a las grandes empresas y fortunas pagar menos tributos, cuando no se combate con energía el fraude y la elusión fiscal (porque no se proporcionan los medios necesarios a la AEAT); un mundo en el que se aceptan y no se castigan las operaciones y sociedades que actúan en paraísos fiscales, en la que las transacciones financieras operan sin el menor control ni regulación. Cuando, además, los ingresos recaudados por el Estado se destinan principalmente al pago de los intereses de la deuda y se beneficia a los bancos por encima de la población (principio este que se consagró con la reforma del artículo 135 de la Constitución que acordaron bilateralmente el PSOE y el PP)…

Cuando todo esto ocurre es fácil hacer demagogia diciendo que lo mejor es no pagar impuestos y es fácil que mucha gente se lo crea. Pero, al final, cuando pasan las campañas electorales, a quienes se les bajan los impuestos es a las grandes fortunas y empresas mientras que aumentan los que paga la mayoría de la población, la que vive de su trabajo y no de sus bienes (muebles o inmuebles). Así es y ha sido la política fiscal que se ha aplicado en España y que ha provocado que aumenten las desigualdades, que se reduzcan o eliminen servicios públicos importantes y no se atienda a las necesidades de la sociedad como debería hacer cualquier gobierno realmente democrático.

Sin embargo, a pesar de que se pueda comprender que haya mucha gente que se deje engañar con este tipo de promesas electorales, hay que entender que los impuestos son uno de los mecanismos fundamentales para sostener la democracia y la soberanía popular. Porque cuando la soberanía reside en el pueblo todo el mundo debe contribuir al sostenimiento de los gastos sociales. Y lo deben hacer proporcionalmente a lo que cada uno tiene, quien más tiene mayor contribución debe aportar. Y los gastos deben poder ser controlados por los representantes populares. Estos principios están contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y son uno de los fundamentos de la democracia.

Y como estos principios no se cumplen, las organizaciones citadas más abajo nos hemos unido para denunciar que la actual situación fiscal de España es inaceptable por injusta, regresiva e insuficiente y nos hemos organizado para exigir un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente. Y lo primero que vamos a hacer es analizar con lupa los presupuestos generales del Estado, o sea, los ingresos que entran y los gastos que se aprueban. Porque estos presupuestos tienen que ayudar a corregir las desigualdades.

El primer principio que debe tener una política tributaria justa es la suficiencia fiscal, es decir, el Estado no debe pensar en los gastos en función de lo que ingresa, sino al contrario, debe establecer qué gastos son necesarios para la sociedad y a partir de ahí establecer qué ingresos debe recaudar.

El segundo es que debe ser una fiscalidad progresiva, es decir, debe ser mayor la contribución de los que más tienen. La progresividad implica más impuestos directos y menos indirectos.

Otra de las cosas de las que se ocupará la Plataforma es de la lucha contra la evasión y elusión fiscal, dotando de más recursos humanos y materiales a la Agencia Tributaria para que pongan especial atención en las grandes bolsas de fraude de las que normalmente son responsables las grandes empresas y fortunas.

Reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades para tratar de acercar el tipo efectivo al nominal con la revisión pormenorizada de todos los incentivos y exenciones fiscales existentes en el Impuesto de Sociedades. Y exigencia de transparencia a las multinacionales,

Gravar la acumulación de la riqueza. Revisar el Impuesto sobre el patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Revisar el régimen de las SICAV y otros mecanismos que permiten tributar mucho menos a las grandes empresas y fortunas.

Un IVA racional que establezca tipos reducidos para los elementos básicos del consumo (agua, gas, electricidad, canasta básica de alimentos…).

En el plano internacional hay que trabajar por conseguir una mayor cooperación con objeto de eliminar los paraísos fiscales y establecer un impuesto a las transacciones financieras que tendrá un importante efecto recaudador, pero también un efecto regulador y de control de este tipo de transacciones que se realizan en todo el planeta, billones de transacciones que mueven una economía basada en la apuesta y la especulación.

Por último, la Plataforma fomentará una política de educación y cultura que permita comprender a la población, desde la infancia, que la cooperación y la solidaridad son imprescindibles para vivir en sociedad y para defender el bien común, el de todas las personas.

El 28 de junio se presentó públicamente la Plataforma, formada por estas organizaciones: Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, Attac España, CCOO, Confederación de Consumidores y Usuarios -CECU-, Consejo General de Trabajo Social, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, EAPN España, Economistas sin Fronteras, Fed. ONGD de Comunidad de Madrid –FONGDCAM-, GESTHA, InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan, UGT y USO

*Miembro de ATTAC