Javier Madrazo Lavín | Vivimos un año convulso, marcado por sucesivas convocatorias electorales, con la primera cita que ha tenido lugar en Andalucía, un nuevo encuentro con las urnas en mayo para conformar los gobiernos locales y una buena parte de los autonómicos; y al regreso del verano será el turno de Cataluña, y acto seguido se celebrarán los comicios generales. Habrá quienes vean en todas estas jornadas la máxima expresión de la democracia, pero es evidente que ejercer el voto cada cuatro años no representa hoy el ideal de participación ciudadana, que cada vez más personas reivindicamos como un derecho fundamental.

Es evidente, en el caso de España, que la transición consagró un modelo de ejercicio del poder tutelado por una oligarquía política, económica, judicial y militar, consciente de la necesidad de instaurar un estado de derecho y libertades, pero siempre bajo su control. El mecanismo ideado fue la llamada monarquía parlamentaria, el sistema bicameral, el protagonismo de los partidos, las listas cerradas y el reparto de las instituciones entre dos corrientes de pensamiento, que en lo esencial han actuado desde entonces como una piña, tal como sucedió en el siglo XIX con Cánovas y Sagasta (los partidos del turno). Nos vendieron el «señuelo» de la democracia y ahora sabemos, sin duda alguna, que nos hicieron trampa.

El desafecto y la indignación de una parte importante de la población en relación con la política se ha disparado como consecuencia del empobrecimiento y la desigualdad crecientes, realidades que han coincidido en el tiempo con el estallido de una cadena de casos de corrupción tan institucionalizada como amparada por quienes deberían haber sido adalides de la honestidad. Sin embargo, hay una razón más para explicar este malestar; me refiero a la falta de transparencia de los centros de poder, que toman decisiones en nuestro nombre sin informarnos y sin consultarnos, aunque sus acuerdos tengan después un impacto directo en nuestras vidas, generalmente negativo.

La democracia española, hoy por hoy, no es un modelo a imitar. Es cierto que los partidos políticos, obligados por las circunstancias y la presión social, avanzan reformas como la designación de candidaturas en elecciones primarias, abiertas en ocasiones a simpatizantes, pero es cierto también que son tan tímidas que en poco o nada contribuyen a recuperar la confianza perdida en un sistema que se tambalea. Detrás de esta actitud, y esto es lo más grave, se esconde la concepción de las personas como sujetos pasivos, acríticos, a los que se puede manipular y cuyas opiniones carecen de valor. Olvidan que la actuación pública solo cobra sentido, si logra integrar y atender las demandas y aspiraciones de la ciudadanía como eje vertebrador de un modelo compartido.

Nadie quiere formar parte de una comunidad que no le escucha, que le desprecia y que le ignora. Las formaciones políticas tienen este año una buena oportunidad para demostrar que tienen voluntad sincera de cambio. Lamentablemente, estamos asistiendo de nuevo a una competición absurda para ver quien promete aquello que después incumplirá, y de esta carrera nadie se apea. Es una cultura consolidada en los últimos cuarenta años y solo se superará en el momento en el que la presión ciudadana les obligue a ello. Compartir el poder, coparticipar en su gestión y responder de los incumplimientos son retos que la democracia en España deberá responder. Los mecanismos que se empleen para ello serán importantes, pero la clave es la voluntad. Y hasta la fecha no ha existido.

Afortunadamente cada vez más personas no quieren delegar en otros la gestión de los asuntos públicos, sino que quieren ser protagonistas directos de todas aquellas cuestiones que les afectan directamente. De ahí que sea muy importante el impulso a la formación y a la concienciación de la ciudadanía, en orden a desarrollar un análisis crítico de la realidad y a forjar unos valores cívicos y de compromiso con el Bien Común. Este será el mejor antídoto frente a esos políticos profesionales, que en período electoral, y en la búsqueda del voto, engañan conscientemente a las personas con promesas falsas, a través de cuidadas campañas de marketing, para luego olvidarse de esos votantes durante toda la legislatura. Afortunadamente las cosas están cambiando. Los procesos electorales venideros serán una buena muestra de ello.