El interés privado se va colando en los servicios públicos, comprometiendo la calidad de las prestaciones y las condiciones de trabajo. Es lo que denuncian los 50 trabajadores del mantenimiento del  Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín que han sido despedidos al cambiar la empresa concesionaria.

Los encargados del buen estado de los quirófanos, las áreas de consultas externas, el servicio de radiología, la unidad de cuidados intensivos, las habitaciones de los pacientes durante los 15 años que lleva en funcionamiento el hospital han sido sustituidos. La firma Clece, del grupo ACS perdió el contrato con la administración autonómica, responsable de la gestión del centro sanitario. Tras una oferta a la baja Auditel se ha quedado con él.

El convenio del Metal donde se encuadra este servicio no recoge la subrogación, por lo que la compañía entrante ha optado por prescindir de toda la plantilla de mantenimiento, salvo tres trabajadores, con peores condiciones de trabajo y la responsabilidad de formar al nuevo personal. Todo ello, con el beneplácito de la Consejería de Sanidad, última responsable de fijar las condiciones del concurso público y vigilar la calidad del servicio.

Francisco Muñoz, delegado de CC.OO., con 15 años de antigüedad insiste en que “el mantenimiento de un complejo como el de este hospital no es fácil, hace falta conocerlo bien para saber dónde está cada cosa y ha áreas muy delicadas, pero todo eso no parece contar para la consejería que se ha arriesgado a poner el hospital en manos de gente nueva que va a necesitar su tiempo para conocer las instalaciones”.

Al conocerse la intención de la adjudicataria elegida por la Consejería de Sanidad, los trabajadores afectados iniciaron una acampada a las puertas de su delegación de gran Canaria, en la calle Juan XXIII esquina Pérez del Toro. Llevan ya tres semanas de protesta que han coincidido con el clima más adverso que se recuerda en las islas, recabando el apoyo de los ciudadanos, de los sindicatos y la mayoría de los partidos políticos.

Aunque han abierto la vía judicial, reclamando la subrogación de un servicio esencial, los despedidos no abandonarán la lucha. “Hay dos precedentes, uno positivo y otro negativo. En todo caso, la resolución puede tardar dos años, por lo que vamos a mantener la movilización en defensa de nuestros puestos de trabajo, de la seguridad del hospital y la atención a los pacientes”, afirma Muñoz. La HOAC de Canarias ya ha expresado su solidaridad con los trabajadores despedidos y se mantiene en contacto con los organizadores de la acampada reivindicativa.