Juanjo Monterroso es asesor general del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Guatemala. También hace de consultor del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, una organización que pertenece a la Central Sindical Internacional. Está dedicado en cuerpo y alma a la promoción de las comunidades campesinas y lucha contra la impunidad en este país centroamericano, asolado por la violencia

–¿En qué momento se encuentra el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Guatemala?

–El movimiento fue una iniciativa creada por la diócesis de San Marcos, en 1997, en el periodo del obispo Álvaro Ramazzini. Formó un equipo para que se encargara de que un sector tan marginal como el que forman los trabajadores de las fincas de café pudiera tener voz por sí mismo. Un tercio de los militantes tienen menos de 25 años y esperamos que puedan dar el relevo y construir un movimiento más propositivo y menos dependiente de la institución. Por las circunstancias del país, era muy importante dar soporte al trabajo de riesgo que se hacía en el ámbito político. Hasta ahora hemos tenido un gran soporte de KAB (movimiento alemán de trabajadores cristianos) y de MISEREOR (organización de la Iglesia alemana) para la cooperación, sobre todo para la asesoría jurídica. Ahí el movimiento se ha ganado el reconocimiento público, porque sirve también a organizaciones sindicales que demandan este apoyo. Así podemos participar en plataformas sobre el salario mínimo, sobre el trabajo y vida digna.

–¿Cómo es la diócesis de San Marcos?

–Es una zona ubicada en la frontera con México, es zona de paso… Igual que hay café, banano, tabaco, desde hace años se han plantado amapolas, marihuana… Es muy conflictivo, es una zona muy militarizada por la política de erradicación de cultivos. En los años 80 los militares comenzaron la siembra de las plantaciones ilegales e involucró a muchas comunidades, aprovechando la guerra. Hemos pasado de ser la zona de paso de la droga, a ser una zona que produce y ahora que consume. Hay un alto grado de cooptación del sector joven que está involucrado en redes criminales, de tráfico y de consumo. Están hipotecando a la juventud. El tema de las «maras» (pandillas violentas) es muy fuerte, y ya no solo en las zonas urbanas, también en las rurales. Guatemala ocupa el tercer puesto en criminalidad de América Latina.

Están los dos grandes cárteles de narcotráfico, el de los Zetas y el de Sinaloa. Algo característico de estos grupos es que han captado a una élite militar que se formó para combatir al movimiento revolucionario que se denomina los kaibiles, a los que se les atribuye niveles de violencia muy fuertes. La persecución a la población migrante de camino a Estados Unidos está en sus manos, les obligan a hacerles trabajo, extorsionan a sus familias en EE.UU. Con suerte, si consiguen sacarles algo, los dejan libres y si no, pues los matan directamente. Se han encontrado fosas comunes. La región es muy conflictiva. Por eso EE.UU., en el Plan Mérida propone «bajar» la frontera sur entre México y Guatemala, como un primer filtro.

–¿Cómo es la relación con las autoridades mexicanas?

–Intentamos hacer encuentros con las autoridades de México… Resulta que ellos están preocupados por el flujo de guatemaltecos creciente que les demandan servicios. Hay un creciente número de jornaleros agrícolas que van a las fincas mexicana, donde no se respetan los derechos laborales. Algunos propietarios están preocupados por la explotación que hacen esos «finqueros», por culpa de los cuales sus productos quedan «manchados» y no son solventes para entrar en ciertos mercados internacionales. El otro factor que les preocupa es que el guatemalteco trabaja por la mitad del salario mexicano, lo que obliga a la población autóctona a buscar otras fuentes de empleo, generando un nuevo el desplazamiento de población. También hay muchas mujeres, algún varón, que viajan a México para emplearse en casas para hacer la limpieza, la comida, el cuidado de niños y ancianos. Las condiciones son mejores que en Guatemala. En México, se pueden hacer dos servicios máximos al día, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. En Guatemala pueden comenzar a las 6 de la mañana y terminar a las 10 de la noche, y hacer de todo. Dada la abundancia de mano de obra y la crisis económica de las familias mexicanas, ahora ya no se respetan estas normas. Además, está también la captación de mujeres para vehicularlas a las redes de tráfico de personas y explotación sexual. Bajo el manto de facilitarles el traslado, muchas centroamericanas caen en sus redes y quedan en prostíbulos. También amenazan a la niñez y la adolescencia trabajadora. Ha crecido mucho el número de niños trabajadores que venden por las calles, limpian los vidrios de los coches, lustran los zapatos… Son redes que recogen a los niños, les dan un porcentaje a la familia y los explotan. A veces les derivan a redes de pornografía y explotación.

–Ahora además, la zona interesa a las multinacionales mineras en el Altiplano, ¿cómo ha influido en la región?

–Al principio, la empresa minera llegó con promesas de crear trabajo, luego se dedicó a la compra de autoridades y ahora ha recurrido indirectamente a los «narcos» y «maras» para intimidar a la población y mantenerla alejada de espacios organizativos. Es común que nos dejen cuerpos de personas asesinadas en otra zona cerca de donde nos movemos. A los nietos e hijos, los involucran en las «maras» o aparecen muertos por «sobredosisis» jóvenes que nunca habían consumido drogas. Es una manera de amedrentar a la población. Además de la persecución política ilegal, claro.

–En estas circunstancias, ¿cuál es la estrategia del MTC para promocionar los derechos humanos?

–Lo primero, unirnos, organizarnos, no estar solos. Luego, utilizar los mecanismos de comunicación para denunciar lo que está pasando. Es decir cohesión y comunicación, además de las alianzas con otros sectores. Intentamos trabajar con cuatro plataformas: la Iglesia, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y el sector campesino… Gastamos mucho tiempo en eso, para aprovechar esos canales y conseguir apoyos y respaldos. Hay redes que nos capacitan en seguridad ciudadana, les pedimos que se establezcan en la zona y nos apoyen.

–¿Cómo es la vinculación a la Iglesia?

–Ya en 2007, en un proceso de reestructuración, optamos por ser autónomos por una razón: las acciones políticas del movimiento no debían verse como responsabilidad del obispo y generarle problemas. Pero es que además era lo lógico dentro del proceso de madurez. Somos una asociación civil con presencia en 14 municipios. Nuestras organizaciones asociadas tienen reconocido el carácter local. Somos independientes de la diócesis, pero hay un Padre nombrado por la diócesis, para que nos asesore en temas espirituales, lo que asegura el vínculo con la Iglesia. También tenemos una relación muy fuerte con algunos párrocos. Después del terremoto de 2012, el administrador apostólico que coordina el trabajo diocesano, nos pidió que acompañáramos una parroquia, que era la que tenía menos atención. No es nuestro campo, pero en este caso optamos por brindarle nuestro soporte. Otro dato que hay que saber es que el 40% de la población es de procedencia de iglesias evangélicas de corte neopentecostal. Por eso optamos por dotarnos de una identidad fuertemente campesina y cristiana.

–¿Qué papel juega la fe en sus vidas?

–Queremos que la espiritualidad construya la persona, mantenemos el método del ver, juzgar y actuar en todas nuestras acciones. Va más allá de la revisión de vida, entre todos vemos los problemas que vivimos, qué dice Dios de todo esto y qué podemos hacer, teniendo en cuenta que los pueblos con los que trabajamos tienen también su propia espiritualidad maya, que hace que la ecología sea muy importante. La Iglesia quizás no le ha dado tanta importancia a la ecología. Ahora Francisco le está dando mucho impulso. En estas culturas la relación con la naturaleza es vital… Con el MMTC, tenemos relación con los movimientos del Caribe, Centro y Norteamérica. En la práctica es con ellos con quienes tenemos más relación vivencial, mantenemos planes regionales. Tratamos de coordinarnos con el movimiento de Nicaragua e intentamos que en México se recupere una estructura que había. También tenemos interlocución con los de EE.UU. y Canadá. Nos gustaría que miembros que emigran al norte, puedan seguir vinculados a los distintos movimientos de trabajadores cristianos que haya en cada lugar.

La espiritualidad es muy importante. El año pasado se nos juntó todo: la presión política, el terremoto y optamos por hacer unos talleres de crecimiento personal, casi talleres de psicología, que nos ha servido para volvernos a llenar, nos apuntamos a cursos sobre seguridad personal. Algunos hemos traslado a nuestras familias a otros lugares, para evitar que corran riesgos. A mí no me han tocado, aunque me he negado a la seguridad del Estado. Nos sabemos vigilados, con los teléfonos intervenidos, salimos pronto de casa y volvemos antes de que sea tarde, trabajamos sábados y domingos para no agotar a los trabajadores agrícolas.

–¿Qué importancia tienen las relaciones internacionales para su organización?

–Es muy importante articular las denuncias de las empresas que operan en nuestros países. Por ejemplo, las hidroeléctricas españolas, como Unión Fenosa, que ha cobrado cantidades exorbitantes a las familias por usar unos focos de luz. Transferir información de allá para acá puede ser muy útil. En estos momentos de impunidad, de criminalización de nuestras luchas, necesitamos que haya información de lo que pasa. Estamos considerados como desestabilizadores, estamos en uno de sus estudios con mucho detalle…, de cómo creamos la base para enfrentarnos a la empresa minera.

–¿Cómo es la relación con las organizaciones sindicales de la zona?

–Tratamos que las cuestiones ideológicas no nos enfrenten. Hay organizaciones que tienen una visión compartida a partir de la Doctrina Social de la Iglesia. Con ellos no nos cuesta entendernos, pero también hemos puesto a disposición de otros sindicatos a uno de nuestros abogados… Hay relación silenciosa de acompañamiento, de fortalecerles, más que echarles leña a toda sus problemática. Hablamos de organizaciones independientes frente al espíritu de cooptación del Estado. Cuando una empresa dice que este tipo hizo daño, la policía actúa inmediatamente, se le acusa de terrorista o de instigador. Mientras se averigua si es cierto o no, ya estás en la cárcel y pasan tres años. Primero golpean y luego tú tienes que defenderte. Pero si es asesinado un sindicalista, no hay manera de dar con el ejecutor… En tres años ha habido cerca de 60 homicidios de sindicalistas. También intentamos parar esa ola de liberalización de las condiciones de trabajo que tanto nos golpea.