HOAC-Palencia | La crisis económica está siendo utilizada por el Gobierno como coartada para muchas de sus decisiones orientadas a recortar derechos laborales y sociales de las personas y de las familias. Esas medidas de gobierno están afectando gravemente al conjunto de la sociedad y, en particular, a los más empobrecidos y vulnerables. Ha sido una decisión arbitraria del Gobierno la que ha impuesto restricciones y recortes en el derecho básico de las personas a una sanidad pública que atienda debidamente su salud. Desde el pasado 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa (sin papeles), se les niega la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que necesiten (salvo las urgencias, los menores de 18 años y las embarazadas). Además, para justificar la expulsión de nuestro sistema público de salud de los inmigrantes “sin papeles”, utilizan como argumento la necesidad de combatir el “turismo sanitario” que practican algunos extranjeros de rentas medias y altas que solo vienen a beneficiarse de nuestra sanidad pública y evitar pagar en sus países de origen. Identificar “extranjero” con “inmigrante” es un intento malicioso de confundir a la opinión pública.

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente injusta, y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad.

Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados”.

Igualmente, los obispos españoles proclaman: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios… El inmigrante no es una fuerza de trabajo, sino una persona” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes, n.5).

Por todo ello, la HOAC:

1º- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, y sus concreciones en nuestra región y provincia, por injusta e inmoral, y le pedimos una rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.

2º- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión, y hagan lo posible por modificarla.

3º- Comprendemos y apoyamos la lógica de profesionales de la salud y otros ciudadanos y ciudadanas que, en coherencia con su compromiso con los pacientes y sus principios éticos, hagan objeción de conciencia y adopten conductas de desobediencia civil ante esta norma.

4º- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de quienes son más pobres y vulnerables.