Al catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Meil su estudio sobre “Individualización y solidaridad familiar” le ha valido el Premio La Caixa de Ciencias Sociales de 2010. En él se detalla que el 75% de los españoles ha pedido algún tipo de ayuda familiar en los últimos años y que la mayoría de la población, algo que no ocurre en países como Francia o Alemania, considera que debe ser así.

–¿Cómo ha influido la irrupción de la “familia negociadora” en la solidaridad familiar?

–Cabría pensar que la emergencia de la “familia negociadora” habría erosionado la solidaridad, porque este modelo supone que las normas y los roles dentro de las familias son negociables y puestos en cuestión por los individuos. Sin embargo, los datos evidencia que no ha sido así.

–Sin embargo, el proceso de “individualización” no se ha detenido…

–La vida familiar ha cambiado en muchos ámbitos. Siendo la solidaridad fuerte en España, cada vez más se entiende como de emergencia, puntual…. El cuidado de personas, bien de niños, bien de mayores dependientes, no se concibe solo como responsabilidad de la familia sino también compartida con el mercado y el Estado. Formulado de otra manera, los abuelos tienen que cuidar de los nietos, sobre todo en caso puntuales, cuando están enfermos, cuando no queda más remedio… Pero su figura como sustitutos de las guarderías ha ido perdiendo peso con respecto a hace unas décadas. En eso ha influido el proceso de “individualización” y el hecho de que las abuelas cada vez más están trabajando a cambio de un salario, de modo que esta ayuda se recibe de forma compartida con las guarderías públicas y privadas.

–Las normas familiares se cuestionan, pero siguen existiendo y se aplican…

–Más que nada, se da una modificación en la aplicación de las mismas. Comparativamente con otros país, hay unas normas de solidaridad económica y residencial muy fuertes en España, más que en el centro y norte de Europa. Su aplicación se ve de una forma más matizada, en el sentido de que la responsabilidad no es única por parte de las familias. La solidaridad familiar no se concibe como un sustituto del Estado del Bienestar. También la responsabilidad del cuidado cada vez más se concibe desvinculada del género, aunque en la práctica siguen siendo más las mujeres las que se ocupan de esta tareas. Pero los hombres están siendo más interpelados por ello y aunque no hay datos de conflictos por este motivo, es de suponer que hay más diálogo y más debate sobre quien debe asumirlo.

Otra consecuencia de estos procesos es que la frecuencia de las ayudas que se reciben dependen de la proximidad afectiva y relacional que tengan. Es necesario invertir esfuerzo, tiempo y dedicación a las relaciones para sean buenas y pueda funcionar el intercambio de ayudas. Las cosas ya no están tan dadas, por las normas, sino que hay que trabajárselas.

–¿Cómo ha afectado la crisis a la solidaridad familiar?

–Al preguntar si era mejor acudir al banco o los servicios sociales que a la familia para cuidar a los mayores, como hizo el CIS en 2004 y 2010, siguiendo el proceso de “individualización”, uno esperaba que la familia fuera perdiendo peso y, sin embargo, lo que ha sucedido, con esta crisis financiera y del Estado del bienestar, tanto en el plano normativo como en el práctico, es que se apuesta más por la familia. Es decir, la gente se fía más de la solidaridad familiar, y reclaman su reforzamiento, que del Estado y las instituciones financieras. Que eso en la realidad funcione o no genere conflictos por exceso de demanda es una cuestión abierta.

–¿Hay síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar?, ¿qué pueda pasar cuando no dé más de sí el colchón familiar?

–No he hecho estudios, pero a través de indicadores cualitativos parece que lo que aumenta, cuando se recurre a la familia, son los sentimientos encontrados. Existen las normas y la obligación de ayudarse, pero también la sensación de estar sobrecargados, de pensar que esto no lo tiene que resolver solo el individuo. Cabe esperar que esto se acepte con resignación o con insatisfacción que pueda dar lugar a conflicto expreso. Aunque haya solidaridad familiar, la sobrecarga tiene costes para las relaciones.

–¿Diría que más que los cambios culturales y la irrupción de nuevos modelos familiares, el papel del mercado del trabajo y de la vivienda ha influido más decisivamente para que la solidaridad residencial y de proximidad sea un rasgo distintivo de la sociedad española?

–Ha habido un proceso de interacción, de retroalimentación y de adaptación de todo. El mercado laboral de los tres tercios es muy inestable para los jóvenes, lo que dificulta los proyectos de emancipación de los hijos. Al fin y al cabo, los padres se ven afectados, por lo que se da una estrategia de toda la unidad familiar. Ha habido una adaptación por parte de las familias a esa circunstancia del mercado del trabajo. También ha habido una adaptación al hecho de que las nuevas generaciones hayan elevado el listón de los criterios de emancipación, ya no es algo a toda costa sino bajo unos niveles de vida y de consumo determinados. Eso no se cuestiona en la familia, aunque se discuta de vez en cuando bajo fórmulas como “pues en mi época…”. Esto es una cuestión cultural sobre cómo organizar la vida y el estilo de vida.

–¿Se puede estar produciendo frustración en las nuevas generaciones por no poder garantizar el mismo nivel de vida que sus padres?

–Es un discurso que se oye mucho, pero no se ha respaldado con datos. A mí me tocó la crisis del 73 que duró hasta el 85 y puedo decir que la incorporación al mercado de trabajo de mi generación fue muy dura y muy lenta, con experiencias de desempleo muy largas. Cada año se incorporaban más jóvenes de la generación del “baby boom” a un mercado laboral que estaba destruyendo empleo. La posibilidad de lograr el mismo nivel que los padres no era fácil, ni tan alta como ahora. La solución que se adoptó fue la reducción radical del número de hijos y la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, como estrategia para aumentar la renta relativa. En perspectiva, en comparación llevamos poco tiempo en crisis –es duro decirlo, pero es así–. No veo claro que la situación de los jóvenes de ahora sea peor que la de los de la anterior crisis.

–El modelo de Estado del Bienestar de España, según su estudio, ha descuidado las tareas de cuidado, que han recaído en la familia. ¿A qué se debe?

–Hay una concepción de la familia detrás. También es cierto que después de la crisis del 73 y durante la transición democrática, hubo una crisis de legitimación del propio Estado del bienestar. En España no se daba por hecho que tuviera que tener la forma que hoy tiene. El caso es que se apostó por un modelo basado en la independencia económica de las generaciones, soportado por el sistema de pensiones. La filosofía de las pensiones suficientes y la cultura de la propiedad de la vivienda han provocado que el modelo de independencia residencial, cada uno en sus casa y durante el mayor tiempo posible, ha definido el modelo

También se ha apostado por la sanidad pública, lo que ha afectado a la longevidad de la vida, incluso agudizando el problema de viabilidad, ya que se vive más tiempo, los últimos tramos en situación de dependencia, y en un contexto de familias de tamaño reducido y menos hijos para los cuidados.

El desarrollo de los cuidados de personas dependientes se ha ido posponiendo y posponiendo hasta que la situación financiera del Estado junto con la ideología política facilitó su implantación. Pero justo en un momento, en que las alegrías duraban poco. La solución de la ley de dependencia ha sido dar unos euros a las mujeres que cuidan a los mayores en el hogar y volver a colocar los cuidados en el seno de las familias.

–¿Qué es mejor instaurar servicios sociales públicos o ayudas como las desgravaciones, para que las familias puedan acudir al mercado en busca de soluciones “más baratas”?

–Eso ya es una apuesta ideológica. De mi estudio no se deriva ninguna preferencia. Cuando se apuesta por el desarrollo de servicios sociales, quienes tienen mayor poder de negociación para arrancar del Estado la organización de esos servicios, obtienen más.. En términos generales, las ciudades pueden conseguir más que los pueblos y unos colectivos más que otros. Pero si se dan transferencias de dinero a la sociedad para que ésta, en determinadas circunstancias, elija lo que quiera, hay mayor igualdad en el acceso a los recursos. También es verdad que el mercado acude allí donde hay negocio y cuando hay problemas es más fácil cortar las prestaciones dinerarias que los servicios sociales. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Como investigador no puedo decantarme. Como individuo, estoy a favor del desarrollo de servicios públicos, pero no solo públicos, porque cuando hay oferta de mercado, cuando también hay competencia, las cosas suelen funcionar mejor.

Descargar el libro: “Individualización y solidaridad familiar” de Gerardo Meil