Valorando la situación que nos ha llevado a la actual crisis económica y social, Benedicto XVI, en «Caritas in veritate» (n. 25) afirma que el funcionamiento de una economía enferma y las decisiones políticas que se han tomado están deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección social, con «grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad». Y hace un llamamiento a recordar y poner en práctica un principio fundamental de la ética social: «el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad».

Las políticas que se vienen practicando desde hace años, y las que se están aplicando con la crisis, suponen un grave retroceso en el reconocimiento práctico de los derechos sociales. El olvido del principio básico de humanidad que subraya Benedicto XVI, o mejor, su negación al haber puesto en primer lugar la búsqueda del enriquecimiento, es la causa de la actual situación. Por eso, es muy oportuno recordar hoy algunas cosas.

Los derechos sociales de las personas son una parte muy importante de los derechos humanos, vinculados a la dignidad de los seres humanos. Todas las personas, sólo por el hecho de serlo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, a una pensión digna para la vejez, a prestaciones sociales adecuadas a cada situación personal y familiar, a prestaciones suficientes en caso de desempleo, a unas condiciones dignas de trabajo, etc. Sin el reconocimiento práctico de los derechos sociales nos resulta más difícil realizar nuestra humanidad.

Los derechos sociales son una conquista, alcanzada con mucho esfuerzo y sacrificio. Una conquista lograda en la lucha por la dignidad de las personas. El reconocimiento de los derechos sociales (aún hoy logrado sólo para una pequeña parte de la humanidad) ha encontrado, siempre, mucha resistencia por parte de los más poderosos económicamente. Por dos razones: porque un trabajador con derechos sociales es una persona más libre, a la que es más difícil explotar y obligar a trabajar como sea para sobrevivir; porque los derechos sociales necesitan financiación y el dinero destinado a hacer efectivos los derechos sociales es dinero que no va a los beneficios económicos privados.

El reconocimiento de los derechos sociales es el resultado de decisiones políticas para dedicar recursos sociales suficientes al ejercicio de los derechos de las personas. Responden a una opción política en el modo de distribuir la riqueza social. Son, pues, una conquista de los empobrecidos que hace avanzar la justicia en la vida social.

Por eso, el reconocimiento práctico de los derechos sociales sirve de termómetro de la calidad democrática de una sociedad, porque mide también el grado de aplicación de la justicia. Y al contrario, su retroceso devalúa la dignidad humana, arruina los logros alcanzados por las personas empobrecidas, reduce la equidad en la distribución de los bienes, degradada la democracia y restringe la libertad de las personas.

Es preciso afirmar con fuerza en el momento actual que la defensa y la extensión de los derechos sociales es un deber de justicia. Deber vinculado a la afirmación de un principio básico de humanidad, el destino universal de los bienes, que Juan Pablo II concretó de una forma que tiene hoy un gran valor para orientar nuestra vida y acción: «Las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios» (Toronto, 14 de septiembre de 2004).