El derecho a la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental y básico de las personas trabajadoras. Es el derecho al cuidado de la vida. Sin embargo, se viola de manera sistemática.

Las muertes por siniestralidad laboral, las enfermedades laborales, las lesiones graves y el deterioro de la salud son una realidad cotidiana en el mundo del trabajo. Una realidad insoportable, un atentado contra la vida.

Socialmente tendemos a ignorarla, como si fuera algo natural e inevitable. Pero no lo es. Debería ocupar un lugar prioritario en el debate político y social, y sin embargo, sigue estando ausente. Esta tragedia es evitable porque sus causas radican en las malas condiciones de trabajo, resultado de un modelo que prioriza la rentabilidad económica por encima de las personas trabajadoras. El trabajo decente, que cuida en primer lugar la seguridad y salud de las personas que lo realizan, es la forma de frenar la violación sistemática de este derecho fundamental, en el que está en juego lo más importante: la vida.

Los datos son terribles y estremecedores. Pero no son números, son personas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año mueren en el mundo cerca de tres millones de trabajadoras y trabajadores debido a la siniestralidad laboral y a enfermedades profesionales. En España, solo en 2024, 796 personas perdieron la vida en el trabajo (721 en 2023, 826 en 2022…). No existen «años buenos» en siniestralidad laboral, solo años malos y años peores. Si tenemos en cuenta la jornada laboral, ¡cada tres horas muere una persona en su puesto de trabajo! Además, en 2024 hubo 4.063 casos de siniestralidad laboral grave y 628.300 siniestros laborales con baja. Son muertes y lesiones silenciadas, pero representan vidas truncadas y familias destrozadas. Y, en muchas ocasiones, estas víctimas y sus familias sufren en soledad, salvo por la labor de organizaciones sindicales, eclesiales y de víctimas que se implican en esta dura realidad. ¿Cómo puede esta calamidad no interpelarnos como sociedad?

A esto se suma otra amenaza invisible pero devastadora: las enfermedades laborales y el deterioro de la salud provocado por malas condiciones de trabajo, tanto físicas como mentales. Como ha señalado la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del 28 de abril, Jornada Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en 2023 se alcanzó un récord histórico de bajas laborales relacionadas con el deterioro de la salud mental, con 597.686 incapacidades temporales [1].

Sufrimos una profunda crisis estructural de prevención y de cuidado de la vida en el mundo del trabajo, agravada por la falta de medidas eficaces para erradicar esta tragedia. Es una crisis de respeto a la dignidad humana, que no es fruto de ninguna casualidad o fatalidad, sino del incumplimiento sistemático de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La precariedad, con condiciones de trabajo indignas, y la externalización para abaratar costes, que precariza aún más el empleo, matan. La falta de inversión en medidas de protección adecuadas, junto con la debilidad de los recursos de inspección y la laxitud de las sanciones, han convertido el modelo de prevención en un marco normativo con escasa aplicación real en los lugares de trabajo.

Es urgente reformar la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, pero también garantizar su cumplimiento efectivo con controles rigurosos y sanciones ejemplares. La prevención debe convertirse en una obligación ineludible, nos va la vida en ello. Necesitamos con urgencia una acción decidida por parte de los gobiernos y los agentes sociales. Y, sobre todo, es imprescindible una movilización social que sitúe esta tragedia en el lugar que le corresponde hasta erradicarla por completo.

^{[1] Este año la CEE, a través de la pastoral de la salud y la del trabajo, centra su atención en el deterioro de la salud mental de las personas trabajadoras, «El trabajo decente: un bien para la salud mental».}

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