La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado hoy que parte de la dotación económica de 1,1 millones de euros aprobada por el Gobierno de España para la provincia de Huelva se destine a dar una solución habitacional y viviendas dignas para las centenares de personas, en ocasiones hasta dos mil, que habitan los asentamientos agrícolas.

Para la organización, “después de varios meses, seguimos inmersos en una pandemia de graves consecuencias para la población, que exige medidas muy básicas de higiene y aislamiento, imposibles de cumplir en los asentamientos y se desconoce, todavía, el uso que se va a dar a la importante dotación económica aprobada, que sería una oportunidad muy importante de solución a esta situación. Una oportunidad que podría ser transcendental para garantizar y revertir una realidad indigna, insalubre e insegura de personas que desde hace dos décadas viven y trabajan en los entornos agrícolas de la provincia”.

La precariedad y la vulnerabilidad en la que viven las personas de los asentamientos chabolistas de los municipios agrícolas de la provincia son una grave y conocida realidad, largamente denunciada hasta por el relator de Naciones Unidas, el pasado mes de febrero. Los incendios de octubre del 2019 en Lepe y en diciembre del 2019 y abril del 2020 en Palos de la Frontera, que provocaron la muerte de un joven, así lo demuestran. Desde mediados de marzo con el estado de alarma decretado por el Gobierno del país, ante la pandemia del coronavirus, explican, aún se hace más frágil la situación de vida de laspersonas asentadas, que no pueden buscar refugio sano y protector en sus chabolas cuando a la población se le proponía y exigía el “quédate en casa”.

La asociación ha intentado sin éxito reunirse con la delegada del Gobierno en Huelva para denunciar la situación, reivindicar soluciones y plantear propuestas para las personas que se ven obligadas a vivir en las chabolas. De este modo, solicitan de nuevo públicamente una reunión, una vez agotados los cauces ordinarios para ello, con el objetivo de exigir “una inversión sensata, decisiva y concluyente, coordinada y en evaluación continua, para un mejor aprovechamiento de la ayuda aprobada”.