Para construir una sociedad más justa y humana necesitamos comprender lo mejor posible qué nos pasa como sociedad. El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España es una herramienta imprescindible, en ese sentido, por la perspectiva desde la que mira la realidad social, la de los pobres y excluidos. De la enorme riqueza del Informe queremos destacar tres cosas.

La primera es la constatación del crecimiento de la desigualdad con la cronificación y enquistamiento en nuestra sociedad de la exclusión y la inseguridad-precariedad vital. Indica la investigación que estamos «anclados en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión». Los datos son un clamor sobre dónde deberíamos estar centrando la atención: 8,5 millones de personas en situación de exclusión (el 18,4%), 1,2 millones más que en 2007. De ellos, 4,1 millones en exclusión social severa y 1,8 millones de expulsados en situación de exclusión extrema. Además, cerca de un tercio de la población está en situación de permanente inseguridad y precariedad.

La segunda es que lo anterior muestra la mala calidad de nuestra democracia, pero además, se está extendiendo un círculo vicioso que la deteriora radicalmente: los pobres y excluidos participan cada vez menos de la dinámica política institucional. Las personas con bajos ingresos y las excluidas participan cada vez menos en los procesos electorales. Se está extendiendo un «precariado político» que no participa en los canales tradicionales de representación, lo que provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales, la brecha se ensancha no solo en el plano social y económico, sino en el político: «Los ciudadanos que más necesitan del Estado para sacar su vida adelante no votan y sus preferencias dejan de entrar en el sistema. Y por tanto se reducen los incentivos para que los partidos políticos recojan sus intereses en sus programas y sus políticas». Sencillamente, frente a lo que se suele decir, este es el mayor peligro que acecha a nuestra democracia.

La tercera –y quizá la más importante, porque es esencial para combatir la desigualdad y recuperar la política– es que somos cada vez más una «sociedad desvinculada». Las estructuras dominantes rompen los vínculos sociales y llevan al desentendimiento de lo que ocurre con los excluidos y, en general, con los demás. La solidaridad sigue estando muy presente en muchos aspectos, pero se observa una cierta «fatiga de la solidaridad». El profundo cambio social en el que estamos inmersos «está haciendo emerger un tipo de ciudadanía sustancialmente desconfiada, individualista y meritocrática. Nos enfrentamos a la encrucijada de elegir entre dos tipos de sociabilidad, uno en que las relaciones sean sustancialmente competitivas, u otro en el que prime la colaboración». Por eso, construir vínculos comunitarios es esencial, pues la vinculación social es un derecho de todos: «Todas las personas tienen el derecho de pertenecer a una comunidad y este derecho solo puede ejercitarse como el resultado de compartir un conjunto de responsabilidades individuales y colectivas que lo fundamenten. Tenemos que reflexionar sobre la vinculación social como un nuevo derecho».

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