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Orihuela-Alicante | Movilización en San Miguel de Salinas por la vivienda pública

11 julio 2018 | Por

Orihuela-Alicante | Movilización en San Miguel de Salinas por la vivienda pública

Más de medio centenar de vecinos, organizados por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas, en la que participan militantes de la HOAC de Orihuela-Alicante concentraron a las puertas del ayuntamiento para reclamar la creación de un parque público de viviendas en alquiler en el municipio. Esta movilización lleva ya un año de recorrido, desde que 50 familias demandantes de viviendas sociales comenzaron a reivindicar una solución a su desesperada situación.

Hace 35 años que en San Miguel de Salinas no se ha impulsado ninguna promoción de viviendas públicas. Hasta ahora la respuesta de las administraciones a las que han acudido las familias que piden hogares asequibles «siempre ha sido que no había oferta de vivienda pública y se nos remite, como única salida, a la solicitud de ayudas para el alquiler». Estas ayudas que se conceden en concurrencia competitiva y a posteriori, según unos criterios muy restrictivos no llegan a las familias necesitadas. Entre las propuestas del colectivo afectado está la cesión de las viviendas vacías en poder las entidades bancarias a la Generalitat valenciana para que gestione alquileres sociales.

Los exiguos salarios, la precariedad y la temporalidad en el empleo han provocado que un tercio aproximadamente de las familias de San Miguel de Salinas no tenga acceso a una vivienda digna, convirtiendo un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución española en un artículo de lujo,

Desde hace más de un año, el grupo de unas 50 familias demandantes de viviendas sociales del municipio, acompañado por la asociación de vecinos, se ha dirigido a las diferentes administraciones públicas encargadas de la vivienda . Hay familias que llevan más de cinco años en la lista de espera para recibir alguna tipo de ayuda.

La inmediata puesta en circulación de una pequeña porción de las viviendas cerradas en poder de la banca solucionaría el problema de la demanda habitacional en nuestro municipio. Por este motivo, desde la asociación instan a las autoridades públicas a todos los niveles a la creación de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler. La cartera de viviendas de este parque estaría formada por la cesión obligatoria en régimen de usufructo de viviendas cerradas en propiedad de la banca.   Como medidas complementarias en este horizonte, para  acabar con la vivienda vacía, ociosa y habitable se debería articular un cuerpo legal con sanciones, impuestos y amenazas de demolición como ocurre en Dinamarca, Alemania o Francia. Tal como indican desde el colectivo vecinal, “es obligación de las administraciones públicas, como impulsoras y gestoras del bien común, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos básicos, como el de la vivienda, para el desarrollo de una vida digna de todos los ciudadanos y ciudadanas y, de manera especial, para las familias más desfavorecidas”. La media de alquiler social en España es del 1% frente al 18 % en la Unión Europea. En países como Holanda, Austria, Dinamarca o Suecia ese porcentaje es superior al 20%.

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