La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha denunciado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) están presionando a puerta cerrada al gobierno de Rumanía para impedir que rectifique la legislación adoptada en 2011, contraria a las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha pedido en varias ocasiones al gobierno rumano que rectifique esa legislación y el actual gobierno quiere hacerlo, pero el FMI y la CE presionan para impedirlo. La CSI considera que «la presión ejercida por el FMI y la CE sobre el gobierno rumano para impedirle rectificar las violaciones de las normas fundamentales del trabajo es absolutamente vergonzosa». De hecho, están actuando contra los derechos fundamentales de los trabajadores y ejerciendo una presión radicalmente contraria a la democracia.

En 2011 el gobierno de Rumanía, en el marco de negociaciones para obtener créditos, adoptó una legislación sobre el diálogo social que restringe severamente la protección contra la discriminación antisindical y los despidos por represalias contra sindicalistas, el derecho de huelga y de negociación colectiva, aboliendo de hecho las negociación de alcance nacional y dificultando la negociación sectorial. Este año ha habido elecciones en Rumanía y un cambio de gobierno. El nuevo gobierno quiere modificar esa legislación, atendiendo las demandas de la OIT y restituyendo derechos de los trabajadores. Eso es lo que quieren impedir el FMI y la CE.