No tiene trabajo ni ingresos, no pueden pagar comunidad, luz, ni nada, y están buscando trabajo. Tiene la posibilidad de que lo contraten, pero necesita un certificado de riesgo de exclusión social.
Hay que pedir cita en los Servicios Sociales, con el teléfono de esta persona, para que quede constancia, y no tiene saldo. Consigue cinco euros de saldo y llama. El contestador responde que le llamarán. Hay más de mil personas esperando y la empresa que lo va a contratar no puede esperar. Llama para pedir cita de urgencia, otro contestador, en mitad del proceso escucha: «No tiene saldo para continuar la llamada». Se han agotado los cinco euros.
Se presenta en el centro de Servicios Sociales, puerta cerrada, le dice al portero que quiere una hoja de petición, se la da por la rendija de la puerta. Se rellena explicando la situación, la posibilidad de un contrato y la necesidad de ser atendido con urgencia, y se pasa por el registro. La lista de urgencias tiene un retraso de dos meses.
Consigue ser atendido por el trabajador social. Le explica la situación y la necesidad del certificado.
El trabajador saca el protocolo: ¿llevas más de un año sin trabajar?, ¿eres víctima de violencia de género?, ¿drogadicto?, ¿has estado en la cárcel? No, no, no…
Lo único que me pasa es que llevo casi un año sin encontrar trabajo y dependo de la ayuda de los vecinos para comer. Hablan empresa y trabajador social. La empresa dice que contrata; trabajador social, que enviará certificado.
La entrevista con la empresa es dos días después. Le dicen que el documento enviado no es el certificado requerido, le han dicho que no cumple los requisitos para obtenerlo. No hay contrato.
La justicia social es deseada por todos, hay ministerios y consejerías responsables de ello, la constitución lo ampara, pero los requisitos exigidos parecen puestos para impedirla.
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Colaborador del ¡Tú!
